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Elecciones de consejeros cuenta con 140 candidaturas en tres provincias

POLÍTICA. Tras aclararse panorama por aceptación y rechazo, Diguillín suma 73 nombres.
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Alejandro Torres Caamaño

Este 21 de noviembre, en conjunto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se realizarán igualmente las de consejeras y consejeros regionales. Para Ñuble tendrán una eventualidad inédita: al ser región -y dado que la última elección de los core fue cuando la zona era aún parte de Biobío-, la ciudadanía ñublensina elegirá a un total de 16 integrantes del cuerpo colegiado, consejo que hasta hoy solo cuenta con seis. Además, la elección y territorio de cada quien está dividida por territorio, en particular por provincia.

Ahora bien, luego de la aceptación y rechazo de candidaturas, y más tarde la aceptación del propio Servicio Electoral (en septiembre) tras las apelaciones de los pactos, en el caso de Diguillín se presenta la cantidad de candidatos/as más populosa de la región, con un total de 73 nombres ya legalmente inscritos y acepados por el servicio. Es por ello que los candidatos locales han inclinado sus candidaturas, en lo que respecta al mensaje -además del contenido-, a diferenciarse por su número en la papeleta.

Así lo cree Ramón Mora, candidato a core por dicha provincia, quien, además, sostuvo que el tema agua, entre otros, ya sea para consumo humano o para producción agrícola, es uno de los mensajes preponderantes que espera transmitir. "Hay que conceptualizar que en líneas generales 73 candidatos es bastante y difícil para que la gente asimile el mensaje. Tener un sufragio con 73 nombres es complicado, y creo que es fundamental el número. Para que el mensaje llegue, busco la conversación, harta calle, harto movimiento, porque pienso que es la forma más eficaz", dijo.

En el caso de Itata, la cantidad de aspirantes a integrar el Consejo Regional es notoriamente menos populosa que en el caso de la provincia anteriormente citada, pues se registra 27 candidatos/as. Desde dicha provincia, el independiente Wilson Ponce, comunicador de profesión, declaró, respecto a cómo adquirir notoriedad frente a una papeleta con diversos candidatos, que "por mi trabajo de comunicador social, como trabajo en varias radios que se escuchan en Itata, no solo en Quirihue que es donde resido, mi nombre la gente lo ubica, saben de quién se trata", dijo, declarando que estrategia, además, es recorrer en terreno.

En el caso de la Provincia de Punilla, las candidaturas inscritas y aceptadas por el Servel son en total 40. El sancarlino Rosendo Guerra (PS), candidato a dichos comicios, sostuvo que "la estrategia son dos: harto terreno y redes sociales; terreno, principalmente, en lugares más apartados, donde hay problemas, entre otros, de conectividad. Entonces las redes sociales no llegan a todos los vecinos ni sectores, por tanto hay que visitar a los vecinos, y eso se hace en sectores más apartados de la provincia, junto a personas que son líderes en ciertos sectores".

La provincia citada es la única que presenta candidaturas, dos en rigor, independientes, es decir, no solo sin afiliación, sino que también sin pacto.

"Hago terreno, principalmente, en lugares más apartados, donde hay problemas de conectividad"

Rosendo Guerra, Candidato PS en Punilla

Rechazo y aceptación

Con fecha a inicios de septiembre de este año, el Servel publicó el rechazo a más de 70 candidaturas a consejeros regionales en Ñuble.

Luego, los candidatos -no todos- apelaron. De quienes prosperaro e insistieron ante el Tricel, el Servel ratificó dos candidaturas rechazadas (de quienes llegaron a dicha instancia, pues la mayoría no prosperó en su alegato).

Actualmente son 140 candidaturas las aceptadas, las que ya cuentan con número.

Caso LED: Juzgado de Garantía de San Carlos se declara incompetente

TRIBUNALES. De esta manera, se remite causa ahora al Juzgado de Santiago.
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Tras la solicitud del Miniterio Público, durante la jornada de ayer, el Juzgado de Garantía de San Carlos se declaró incompetente para seguir tramitando la causa abierta por la eventual comisión de delitos en el proceso de licitación de recambio de luminarias led del alumbrado público de la comuna de Chillán.

En audiencia de declaración de incompetencia , el magistrado Iván Santibáñez Torres acogió los argumentos argüidos por el ente persecutor, en orden a que el principio de ejecución de los ilícitos corresponde al territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En la intancia, Santibáñez señaló que "en definitiva se remiten los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, teniendo en consideración lo establecido en los artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como tribunal competente en el cual se ha dado principio de ejecución a los ilícitos de la presente causa. En ese contexto, y de la forma en que se ha presentado por parte del Ministerio Público la secuencia de los hechos, estos tendrían como principio de ejecución la ciudad de Santiago, en territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, toda vez que los hechos se vinculan a una política efectuada interiormente en el Ministerio de Energía desde el año 2016, lo que claramente da competencia a ese tribunal para conocimiento de los hechos".

En la causa, se encuentran en calidad de imputados el juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez, po los delitos de cohecho y violación de secretos; el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por el delito de cohecho; y el dueño y gerente de la empresa Itelecom Holding Chile SpA, Marcelo Lefort Hernández, entre otros.

De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, habrían, como empresa, ofrecido sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país. Se habría acordado en particular pagar sobornos a través de operadores locales y que el monto de dichos sobornos fluctuaría entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del valor de las licitaciones de corto plazo y un monto que fluctuaría entre los 5 mil y 20 mil pesos por luminaria instalada en las licitaciones a largo plazo. A partir de este esquema, habría surgido la necesidad de generar dinero en efectivo para la realización de los pagos irregulares.