En su propuesta de Gobierno, liberada el lunes 1 y que se popularizó bajo el nombre "53 Cambios concretos para un nuevo Chile", Gabriel Boric plantea terminar con el sistema de las AFP y reemplazarlo por otro tendiente a la "seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados". Para esto, se contemplan tres pilares: el no contributivo, que se traducirá en la mencionada pensión básica universal, que se sustentaría en parte por un Fondo de Reserva; un pilar contributivo, el cual persigue aumentar en un 6% la cotización por parte del empleador; y por último, un pilar de ahorro voluntario, lo cual sería complementario a los pilares anteriores.

Por otra parte, el parlamentario tendría como segunda prioridad la Educación Pública, donde los distintos establecimientos de educación preescolar y escolar "deben ser la garantía institucional del derecho universal a una educación integral", con una serie de medidas para potenciar o reforzar esta área. Eso sí, sin duda lo que ha captado más la atención es la condonación universal de las deudas estudiantiles de educación superior, por medio de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, que se suma a la creación de un nuevo sistema único de crédito que reemplazará al CAE hasta alcanzar la gratuidad total. También se pretende crear nuevos instrumentos para acceder a la educación superior.

En términos de salud, se pone énfasis en una fuerte reforma que cree un sistema único a través de un Fondo Universal de Salud (FUS), donde las Isapres pasarían a formar parte de un seguro complementario voluntario. El FUS sería una suerte de administrador único de los recursos, por medio de la universalización de la cobertura de Fonasa a todos los ciudadanos del país; y además esta entidad "recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado". Además, se pretende regular "a través de la prohibición efectiva de la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas". Por otra parte, se entregarán más recursos para tratar la salud mental y también se habla de legalizar el aborto libre, seguro y gratuito, junto con eliminar la eliminación de la objeción de conciencia institucional.

En medioambiente se creará un "Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático", para tener capacidad de ahorro y dar margen presupuestario "para las inversiones futuras, para desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la población basada en criterios de salud, económicos y ambientales". Otro punto relevante tiene que ver con asegurar el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano.

Los puntos más relevantes de su reforma tributaria, por medio de la cual se recaudaría el 8% del PIB a través de cambios graduales en un periodo de 6 a 8 años, tienen entre sus bases un aumento del 1,5% a los sueldos de $4,5 millones o más, junto con la desintegración del impuesto a la renta para grandes empresas y sociedades de inversión; terminar con las exenciones tributarias; realizar modificaciones en términos de impuestos verdes; impuesto a los súper ricos; royalty a la gran minería del cobre; y aplicar medidas para combatir la evasión y elusión.

Al margen de los cambios que estaría preparando el abanderado del Frente Social Cristiano para una eventual segunda vuelta, lo cierto es que ya se conocen varios de sus postulados. Respecto de la jubilación, José Antonio Kast remarca que el sistema debe ser de "ahorro individual sin componentes de impuestos al trabajo y el Estado debe tener la posibilidad de premiar, promover y demandar el ahorro obligatorio, fomentarlo y premiarlo". En este marco, también se plantea un alza "gradual" de 10% a 14% en la cotización, lo que iría directamente a la cuenta del trabajador; aumentar paulatinamente la edad de jubilación a las mujeres que ingresan al mundo laboral (a partir del 2022); y también que se active un ahorro voluntario tipo APV, que contenga un bono de un millón de pesos a los recién nacidos del 20% más vulnerable del país.

En educación y siguiendo la línea de su partido, Kast remarca la importancia de profundizar la libertad de educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, donde el aparato público limitaría su labor de gestión y control, "actuando más como facilitador, promotor y fiscalizador". En la misma línea, se busca que el Estado cree "condiciones jurídicas y materiales, por medio de financiamiento público e incentivos económicos" para que la sociedad civil pueda generar sus propios establecimientos educacionales. Por otra parte, se pone un especial foco en el aprendizaje del inglés y se propone crear instancias de evaluación internos para los recintos.

En una línea similar al aspecto anterior, en el caso de la salud se buscaría mantener el modelo de colaboración público-privada con énfasis en la libertad de las personas para escoger a su prestador, un derecho que el Estado velará que puedan cumplir de forma efectiva: "Para tales efectos, se concurrirá de manera subsidiaria si fuese necesario, independiente de la naturaleza jurídica o propiedad del prestador". Otro de los puntos destacables es el fortalecimiento de la telemedicina; remover algunas restricciones para la venta de medicamentos en espacios que no sean farmacias; además de un plan promoción a la natalidad, incentivándola por medio de impuestos según número de hijos.

Respecto de tema ambiental, vinculado también al desarrollo de fuentes de energía, se busca considerar todas las fuentes (hidráulica, renovables, geotérmica y carbón limpio) "sin exclusiones arbitrarias". Relacionado a lo mismo, se busca hacer del transporte un servicio no contaminante y reducir progresivamente la utilización de carbón crudo, relevando al mismo tiempo el gas natural "por su oferta y autonomía". En el caso de la crisis hídrica, una de las prioridades es generar un nuevo Código de Aguas "que refuerce el concepto de distribución proporcional del recurso en épocas de sequía".

Finalmente, las medidas en materia económica del candidato son tendientes a reducir fuertemente el gasto fiscal, con el objetivo de bajar de un 27% a un 17% el impuesto a las empresas y el I.V.A. de 19% a 17%, lo cual aumentaría la inversión privada de 19% a 28% del PIB, con lo cual el país crecería entre un 5% a 7% anual. Además de esto, se aplicaría un impuesto negativo a la renta a las personas que ganen entre el sueldo mínimo ($320.500 a marzo de 2020) y el límite exento de impuestos, y se crearía un sistema de "capitalismo popular", con el fin de que los ciudadanos nacionales puedan invertir en empresas estatales.

Con miras a "poner al centro las necesidades de los adultos mayores", la senadora y candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, propone avanzar hacia un sistema de pensiones "público, solidario y con ahorro colectivo, en cuyo proceso de transición los cotizantes podrían migrar a este nuevo aparato o mantenerse en el actual. Las bases de la propuesta están en la creación de tres esquemas: uno no contributivo, el cual busca otorgar una Pensión Básica Solidaria de $225.000 para el 90% de la población mayor a 65 años; uno contributivo obligatorio y de carácter mixto, bajo el cual se mantendría la cotización del trabajador, aumentando gradualmente la del empleador para llegar a 6% u 8%; y un contributivo voluntario, focalizado en estímulos al ahorro voluntario de trabajadores de clase media.

Por otra parte, la legisladora DC plantea entregar prioridad a la educación pública "como eje fundamental para la construcción de una sociedad intercultural más justa, digna, democrática e igualitaria", junto con desarrollar sistemas de financiamiento para la etapa inicial, escolar y superior, en línea con asegurar un ciclo de "trayectorias educativas". Persigue también asegurar un acceso universal a la educación parvularia de calidad; reformular el sistema de financiamiento para que los establecimientos otorguen educación de calidad y sin exclusión; pagar la deuda histórica de los profesores; y aumentar el tiempo de cobertura de la gratuidad, como medida de urgencia en tiempos de pandemia.

La parte de salud apunta a varias medidas ligadas al control de la crisis sanitaria del covid-19, entre las que se encuentra el fortalecimiento de la atención primaria de salud y la creación de un fondo transitorio para enfrentar el periodo de pandemia y post pandemia. Pero sin duda uno de los puntos más importantes sería el avance a un sistema universal de salud "comenzando con la implementación de un seguro único público que permita mancomunar el 7% de las cotizaciones, garantizando un acceso equitativo y de calidad a las atenciones de salud". Expone la necesidad de atraer y retener médicos especialistas, y reducción en el precio de los medicamentos, entre otros.

"La Justicia Ambiental debe ser la base para un desarrollo sostenible, pilar del Modelo Socioambiental", indica la propuesta de Provoste, quien pone énfasis en la conservación, restauración y regeneración de la biodiversidad, así como ampliar lo que se considera aire limpio. Entre otras materias, pretende agilizar la inversión en energías renovables para acelerar al mismo tiempo el cierre de termoeléctricas, instalar un millón de techos solares y frente a la sequía, implementar el nuevo Código de Aguas e impulsar la Ley de Eficiencia Hídrica, además del fortalecimiento del marco regulatorio para priorizar el consumo humano.

En línea con su política fiscal, una de las prioridades fijadas es evitar tanto la evasión como la elusión, para lo cual se facultaría al Servicio de Impuestos Internos para que acceda a la información bancaria, se obligaría a declarar las inversiones en paraísos fiscales y se crearía la figura del denunciante anónimo. Por otra parte, el plan de tributación "progresiva" contempla una serie de medidas, tales como aumentar el impuesto a las rentas de capital, eliminar o modificar exenciones, aumentar el pago de impuestos que compensen las emisiones de NOx.

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pone el foco en crear una Pensión Básica Universal, sobre la cual se sumen los ahorros de las personas en su época laboral, para lo cual se debe ampliar la cobertura del pilar solidario al 80% de los más vulnerables, aumentar a los $179 mil la pensión que entrega el Estado y que este último, suba su contribución al Aporte Previsional Solidario (APS) hasta los $270 mil. El énfasis estaría puesto en el ahorro individual y se pondría fin al sistema de AFP, permitiendo a los trabajadores elegir si sus ahorros los administra una institución estatal, una con fines de lucro o sin fines de lucro, permitiéndose el uso de los fondos para gastos de salud catastróficos.

Su política en materia educativa se centra en la primera infancia, donde se propone avanzar en términos de cobertura y gratuidad para la educación parvularia, promover el kínder obligatorio y fortalecer en esta etapa el uso de tecnologías; un aspecto que va de la mano con expandir la cobertura de Internet, así como mejorar el acceso y conectividad de la población. Para la educación superior, junto con ampliar el Fondo de Desarrollo Institucional o mejorar la formación de profesores, propone un nuevo sistema de crédito y por otra parte, realizar modificaciones para acortar la duración de las carreras y homologarlas con el estándar internacional.

"Crear un Plan Universal de Salud en que toda la población accederá a las mismas prestaciones y que cubrirá las necesidades esenciales acordadas por la sociedad, sin importar sus ingresos ni condiciones de salud", está planteado como uno de los principales desafíos de Sichel en materia sanitaria, cuyo financiamiento estaría dado mediante fondos de las cotizaciones y el aporte fiscal, que se reunirían en un fondo común que "distribuye los recursos entre las aseguradoras según el riesgo de salud de sus beneficiarios". Las personas no serían sujeto de discriminaciones al momento de optar por cualquiera de los seguros que se ofrecen.

Frente al tema medioambiental, el abanderado oficialista impulsaría la meta del 30/30, es decir, proteger al menos el 30% del territorio terrestre y marítimo, "priorizando los ecosistemas que se encuentran subrepresentados y con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático". También se propone reducir la contaminación marina que producen las actividades en tierra firme y disminuir la contaminación atmosférica en las ciudades, lo cual iría de la mano con la tramitación de un proyecto de ley "que regula biocombustibles sólidos y que desincentiva el uso de la leña". Buscaría garantizar el acceso universal al agua potable para consumo humano, agilizar procesos de inversión pública e incrementar esa inversión para iniciativas de Servicios Sanitarios Rurales.

Respecto de la recaudación fiscal, el exministro de Estado buscaría un "acuerdo político tributario", mediante el cual persigue un aumento gradual en la carga impositiva en torno al 3% del PIB para 2030. A su vez la recaudación se basaría en eliminar exenciones y aumentar la progresividad del sistema tributario, implementar una serie de impuestos verdes, gravar el consumo de alimentos ricos en azúcar y sal, así como el tabaco y las bebidas alcohólicas, y fortalecer la fiscalización y sanción efectiva del fraude y la evasión tributaria.

La carta de Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés, tiene una meta clara en materia previsional: crear un nuevo Sistema de Pensiones y Derechos de la Tercera Edad. Al respecto, su programa, el cual está compuesto por 40 medidas, detalla que "se dará fin al actual sistema de pensiones, las AFPs, y se elaborará uno nuevo estatal, solidario y sin fines de lucro. Se elaborarán planes sociales orientados a dignificar la vida de quienes entregaron una vida entera al trabajo y a la familia". De hecho, este planteamiento va en línea con el principio político de la tienda que representa, la cual aspira a generar "un sistema de seguridad social de carácter solidario, que entre sus diversos aspectos, se traduzca especialmente en generar pensiones dignas".

Por otra parte, y si bien la propuesta del candidato no detalla su reforma educativa, el "Programa Político Básico del UPA" plantea que se debe avanzar hacia una educación laica, de calidad, tendiente a valorizar la fuerza del trabajo, integrada a la producción y orientada a acompañar el proceso de industrialización del país. Asimismo, el escrito indica que el Estado debe resguardar la capacidad intelectual que se forma en el país para evitar su "fuga" hacia otras naciones y buscarían crear al menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, barrio y población de las ciudades, incluso por la vía de la expropiación de las "edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares".

Por otra parte, pensando en afrontar la crisis sanitaria, el documento de Artés indica que una vez que asuma el "Gobierno Patriótico Popular", se dispondrán a abrir "clínicas y hospitales militares, para ponerlas a disposición del conjunto de la sociedad chilena. Este será el punto de inicio para un nuevo sistema de salud único, público, gratuito y de calidad, con un enfoque biopsicosocial". Además, retomando el texto de UPA, se pretende construir una reforma al sistema de salud junto a los profesionales del área, donde se consideren las particularidades de cada región y que a su vez esté financiado por "el Estado, los patrones y las instituciones de previsión".

Respecto al medio ambiente, si bien no menciona directamente el cambio climático o la crisis hídrica, el candidato apunta a la explotación de materias primas "en creciente equilibrio con los ciclos naturales de nuestro medio ambiente" y por otra parte, llevaría a cabo "un programa de restauración y protección de la biodiversidad nacional, cuidándola como patrimonio común esencial para los pueblos". Artés hace referencia al "rol primordial" que jugarán las energías renovables "en la estructura de la generación de energía del país", e incluso se plantea estudiar el uso de energía nuclear.

Dentro de las medidas tendientes a generar recursos para financiar el proyecto, implementarán una reforma tributaria que de forma ascendente "cargue a los sectores más pudientes de la sociedad y alivie a las grandes mayorías del país. Los impuestos a la fortuna, a la herencia, a la transferencia de fondos, a la salida de fondos del país y al retiro de utilidades, constituirán pilares centrales del nuevo sistema tributario". Junto con lo anterior, se apunta a la supresión de "sueldos fabulosos" para funcionarios del Estado, parlamentarios, Fuerzas Armadas y de Orden, los cuales no podrán superar en cuatro veces el salario mínimo.

El fundador y nuevamente candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, es otro de los que apunta con un grado de urgencia al debate sobre una reforma previsional, con miras a la creación de un sistema de Seguridad Social, el cual debiera garantizar la participación de los trabajadores y pensiones dignas de forma universal. "Para lograr tener un sistema de seguridad social que cumpla con todos estos principios, proponemos el establecimiento de un Sistema Mixto Multipilar, con un componente no contributivo, al que se le suma un componente solidario y, sobre este, un componente complementario", expone en su programa, detallando que en el caso del segundo "corresponde a un mecanismo de reparto", que incluye el criterio de tasa de reemplazo.

Frente al sistema escolar, el documento propone "el fortalecimiento de la educación pública, ámbito que no fue debidamente incluido en la Reforma Educacional de la Administración de la Nueva Mayoría", como también corregir lo que consideran un "escaso avance" en el proceso de desmunicipalización de los recintos escolares. En lo que respecta a educación superior, indica que el financiamiento público debe ir a instituciones "que tengan como único fin la entrega de educación en el marco de un derecho social", revisar el mecanismo de acreditación de las casas de estudio para garantizar un nivel y contenido similar, y reevaluar la reforma que permitió la gratuidad.

"Concebimos que la salud debe sostenerse en un nuevo paradigma, sobre la base de la solidaridad, la igualdad, la participación, la justicia social, la dignidad y la reciprocidad entre los seres humanos y con la naturaleza", reza el programa, que también postula garantizar la rehabilitación de todas las personas con discapacidad. También hay ideas para hacer frente al escenario pandémico en el corto plazo, entre las cuales se encuentra el reforzar la capacitación de organizaciones de salud comunitarias, tener una mayor dotación de personal en sectores rurales, evitar el traspaso de recursos públicos al área privada, entre otras.

En materia medioambiental, una reactivación económica sustentable iría de la mano de la promoción de inversiones en sectores con bajas emisiones de carbono, a lo que se suma la principal medida en este ámbito, que es la suscripción del Acuerdo de Escazú. "Es una herramienta para construir un camino de promover un crecimiento con inclusión social y sustentabilidad, como base para la construcción de un nuevo pacto social post pandemia", afirma el texto. Promulgación de una nueva Ley de Bosque Nativo, protección de los humedales y garantizar el agua como un bien común, son otros de los postulados.

En el plano tributario y económico, donde se propone la suspensión transitoria de la Regla de Balance Estructural en medio del contexto de pandemia, plantea también el patrocinio a la iniciativa que impone un impuesto de excepción de los "súper ricos", cercano al 2,5%. Además, se establece "la necesidad de poner un límite a la riqueza, como condición básica para que el crecimiento económico no sea contradictorio con la cohesión, inclusión y equidad social". El establecimiento de un impuesto del 3% por la explotación de "minerales estratégicos", aparece como fundamental para el progresismo.

Si bien considera que los fondos de pensiones no son mala opción, el programa del Partido de la Gente, que lleva como candidato a Franco Parisi, asevera que "sólo falta control sobre ellos". Por lo mismo, propone modificar la Ley de Compañías de Seguros, argumentando que las AFP "prácticamente se adueñan de los dineros, en muchos casos pagan las mensualidades con el mismo dinero que se les entregó. Además, la nueva ley o la reforma de esta, debería contemplar que, ante una posible quiebra, que se podría dar, se incautarán y embargarán sin mayor trámite todos los bienes inmuebles, dejando sin efecto cualquier venta de estos que tengan menos de un año a fin de evitar fraudes financieros".

En lo relativo a la educación, se establece que todos los establecimientos que reciban algún tipo de financiamiento estatal "deberán tener una gobernanza triestamental (académicos/docentes-estudiantes/apoderados/funcionarios), donde se discutan aspectos académicos y de presupuesto de las instituciones". Para el caso de estudiantes con alguna enfermedad invalidante o con complicaciones para ir al aula, se podría optar a la educación en casa; se persigue una reforma a la Jornada Escolar Completa, acompañada de una revisión de las actividades extracurriculares; optimizar la carga de los profesores, disminuyendo a su vez a un máximo de 35 la cantidad de alumnos por sala; y mecanismos de protección del profesorado ante agresiones.

La preocupación por la Atención Primaria de Salud, es algo prioritario para el PDG en materia sanitaria, por lo cual proponen que el piso asignado a salud sea del orden del 6,5% del PIB e incrementarlo paulatinamente. En el caso de Fonasa, apuntan a que se convierta "en una agencia de seguros de salud de libre elección con aranceles realmente competitivos frente a las Isapres". También habría un especial foco en el tratamiento de enfermedades oncológicas, con hospitales especializados en este tipo de padecimientos y se contaría con medicina preventiva para los cinco principales tipos de cáncer en el país.

En el marco de la sustentabilidad y una buena relación con el ambiente, se revela como una de las primeras medidas la "creación de un tribunal ambiental en cada región de Chile; no considerando la participación de magistrados con especialización en economía y sin formación medioambiental". Otro aspecto importante es considerar un porcentaje mayor de participación ciudadana para la aprobación de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental; aumentar las multas y sanciones para delitos contra el medio ambiente; y además, apoyar e impulsar para las aguas terrestres el concepto de un bien nacional de dominio público en la Constitución Chilena.

Para costear estas medidas, sobre todo las relativas a temas sociales, se busca un ahorro del 20% respecto del presupuesto actual, reduciendo en un 25% el tamaño del Estado, que se traduciría en US$15.000 millones. Entre las medidas vinculadas con este objetivo, se cuenta la disminución de los sueldos en el aparato público -el tope serían los $5 millones que perciba el Presidente de la República- y terminar con el financiamiento a organizaciones externas al gobierno, entre las que se nombran TVN y el INDH. En lo tributario, se busca revisar aquellas exenciones y créditos "que ya no se justifiquen", aplicación de impuestos desde las 80 UTM, eliminación del IVA a libros y medicamentos, entre otras iniciativas.

Nicolás Reyes Acevedo