Las cifras de incendios forestales registradas hasta hoy debieran comenzar a inquietar y a multiplicar las actividades de prevención. Lamentablemente a esas condiciones naturales se suma también la presencia humana, que aumenta luego del levantamiento de restricciones de movilidad.

Recordemos que más del 90 por ciento de este tipo de eventos tiene origen antrópico, ya sea de manera intencional -con el objetivo expreso de causar daños- o de forma casual, por descuido al apagar fogatas, tirar colillas de cigarrillos, mal manejo de residuos y otras acciones perfectamente evitables.

Según explica Raúl Valenzuela, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins y PhD en Ciencias Atmosféricas, la temporada de incendios forestales para este año, considerando las condiciones climáticas, no es auspiciadora.

"Lamentablemente el pronóstico muestra solo factores negativos. Si tenemos altas temperaturas y baja precipitación, eso favorece el secamiento del combustible y un combustible más seco es mucho más fácil que inicie el proceso de ignición y comience un incendio", explica el ingeniero en Recursos Naturales Renovables.

¿De qué manera se puede enfrentar este tipo de situaciones? Tomar precauciones es clave. Toda la comunidad debe evitar conductas riesgosas como las descritas y también denunciar acciones sospechosas (el número 130 funciona permanentemente), para que se pueda intervenir a tiempo. Por otra parte, desde Conaf recomiendan especial cuidado a quienes viven en "zonas de interfaz"; es decir, cercanas a bosques y a gran cantidad de vegetación. Ellos deben proteger sus casas limpiando las cercanías para sacar material combustible (hojas, palos, pasto) o desechos; como también mantener siempre conectividad o agua almacenada para una primera reacción en caso de emergencia.

Por otra parte se debe recordar que en Chile provocar un incendio forestal, por negligencia o intención, es un delito sancionado por la Ley 20.283, el cual puede tener una pena de hasta 20 años de cárcel.

Ciertamente, lo mejor siempre es generar conciencia y no llegar a las sanciones. Cuando se debe recurrir a ellas es porque el daño causado es mayor y porque todo lo demás falló: educación, colaboración comunitaria y reacciones tempranas.

Si bien la mayoría de los programas de los candidatos presidenciales persiguen los mismos objetivos en materia habitacional -disminuir el déficit, reducir los tiempos de espera de los beneficiarios y optimizar las soluciones habitacionales-, los instrumentos que se proponen difieren de manera importante.

Cabe señalar que la última versión del programa de Gabriel Boric matiza sustancialmente sus propuestas. No obstante, lo omitido sigue siendo mencionado en debates y eventualmente podría ser parte de su agenda programática. Un ejemplo de ello se encuentra en el tema de evitar los desalojos en las tomas o generar un banco de viviendas públicas. A pesar de los recursos que se han destinado, persiste un importante déficit habitacional y hay una entrega acotada de soluciones por parte del Estado. En los últimos años se han asignado en promedio casi 100 mil subsidios habitacionales (subsidios otorgados) pero sólo se entregan 55 mil soluciones al año (subsidios pagados). En cuanto a reducir el déficit, el Plan de Emergencia Habitacional del candidato Boric promete reducir en un 40% el déficit actual. Para ello, se propone generar 65 mil viviendas al año desde el sector público, planteando mayores subsidios fiscales para las "inmobiliarias populares" administradas por los municipios.

Por su parte, el programa de Yasna Provoste propone la entrega de 100.000 viviendas al año. Además, busca acoplar la entrega de subsidios a la oferta real de proyectos habitacionales existentes y reducir los tiempos de espera a través del aumento de la cobertura y el fortalecimiento de las entidades patrocinantes y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

En cambio, el programa de José Antonio Kast señala que los subsidios deben entregarse a las personas y con montos mayores para quienes más lo necesitan. También plantea que se deben mejorar los programas de vivienda social e integración urbana.

Por último, el programa de Sebastián Sichel propone reducir los plazos de entrega de viviendas sociales de siete a dos años. Asimismo, y para mejorar el acceso a la vivienda en los territorios con buen equipamiento urbano, se propone establecer por ley que en los planes reguladores se pueda aumentar la densidad y/o capacidad máxima de edificación para la construcción de viviendas con subsidio. Además, propone destinar en todas las comunas al menos un porcentaje equitativo de densificación.

Al respecto, cabe hacer presente que la realidad de cada comuna es diferente y el foco debiera estar en considerar el potencial de desarrollo, en la medida que las condiciones lo permitan. El país enfrenta un gran desafío en cuanto reducir el déficit habitacional, así como hacer frente al fuerte crecimiento de los campamentos en los últimos años. Todos los programas de gobierno abordan de una u otra forma este desafío.

Frank Sauerbaum

Diputado

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