Pensiones alimenticias
La nueva ley modifica completamente el sistema de pago de estas obligaciones para con los hijos, estableciendo medidas estrictas para su cumplimiento. En Chile hay una alta proporción de mujeres que no recibe contribución de parte de los padres para el cuidado de los hijos en común.
El Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y cuyo fin es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos. La legislación establece 12 medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil estará a cargo de mantener esos datos, que influirán en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados, devoluciones de impuestos, compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para tener licencias de conducir y pasaportes. La norma señala que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias.
Según una encuesta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en conjunto con Cadem, en noviembre de 2020, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibe contribución alguna de pensión. Sólo el 16% de los deudores de pensiones alimenticias se hace responsable del pago. Del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65% forma parte de la población de menores ingresos.
Las causas por pensiones de alimentos están entre las más vistas por los tribunales de familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos. Más del 85% del total de demandados no paga lo que corresponde a sus hijos, o tiene deudas acumuladas. Es por ello que se recibieron más de 600 mil solicitudes de retención de los retiros de las AFP, de padres que no habían cumplido obligaciones con sus hijos.
Esta nueva legislación representa un gran avance y así lo han destacado las autoridades de diversos sectores, pues se busca poner límite a problemas que muchas familias arrastran durante años y que obligan a las víctimas a exponerse a reiterados trámites legales para que se respeten sus derechos, o a sufrir incluso extorsión de parte de quienes cometen esta agresión económica. Por otra parte, es positivo que haga partícipes a la comunidad y a instituciones frente a una situación de abuso reiterado, sacándola desde la esfera privada en que hoy suele manejarse, a una pública, con sanción social y material real.