Redacción

La senadora por Atacama Yasna Provoste (DC) insistió ayer las críticas que ha levantado la oposición a la licitación del litio que lleva adelante el Gobierno de Sebastián Piñera para adjudicar la explotación del mineral para las próximas décadas, lo que es calificado por sus detractores como un "amarre" para el futuro Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo con las normas de la licitación, esta se debe definir el viernes 14 de enero y por ello la legisladora y excandidata a La Moneda planteó serios cuestionamientos al proceso, pues afirmó que "el 13 de octubre, cuando se publicó el llamado, desde la comisión de Minería y Energía del Senado pedimos al Ministerio de Minería que nos informara entre otras cosas los antecedentes sobre las bases de licitación. Las respuestas a este requerimiento tardaron una enormidad y solo el 4 de enero de este año conocimos la respuesta al oficio".

La parlamentaria afirmó que con dicho documento "quedó claro que la explotación se va a radicar en manos de una de las cinco empresas a las cuales se les asignó la licitación que el Gobierno piensa materializar el 14 de enero. Acá no solo se ha faltado a la transparencia con el país, sino también a la necesidad de poder avanzar en los estudios de impacto ambiental, en los reconocimientos a la consulta previa a los pueblos originarios".

"Es evidente que la autorización de las cinco cuotas de 80 mil toneladas cae como anillo al dedo a las empresas SQM y Albemarle, que actualmente mantienen explotaciones de litio en el norte. Y para SQM en los hechos va a constituir una extensión por casi 20 años más del contrato de arriendo que tiene con Corfo y que tiene fecha de término en el año 2030. Esta licitación va a significar una ley de amarre para el Gobierno que va a asumir en marzo", sentenció la senadora.

Rechazo y el caso pardow

Una visión similar manifestó la diputada Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social, partido que integra el Frente Amplio de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Cooperativa afirmó que "es peligroso lo que está haciendo el Gobierno, porque son 400 mil toneladas de mineral y en cualquier parte de Chile se pueden extraer. Esto es el futuro del país".

Por ello la legisladora reclamó que "seamos más racionales, busquemos el bien común del país. ¿Por qué no dejan racionalmente a un Presidente electo de que pueda hacer su trabajo y que mire el futuro de este país?".

Sin embargo, las gestiones de la oposición por detener esta licitación no han tenido éxito: la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección ingresado por la bancada del PPD en el que se pedía detener el proceso.

El argumento del tribunal de alzada fue que la acción judicial se presentó fuera de plazo ya que debía ser interpuesto a más tardar el 13 de diciembre y se ingresó el 4 de enero.

Además, el equipo de Gabriel Boric enfrenta otro problema en este tema, ya que uno de sus asesores en Minería, Diego Pardow, cerró sus redes sociales ante los cuestionamientos que surgieron en su contra luego de que declarara en La Red que en la licitación "no hemos encontrado vicios legales. En principio, si se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión".

La Contraloría General de la República calificó como una "infracción" el apoyo que dio el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en su calidad de funcionario público, al excandidato presidencial José Antonio Kast.

En una entrevista durante la campaña de segunda vuelta el secretario de Estado afirmó que votaría por el candidato de derecha y añadió que quienes eran parte del Gobierno no podían ser neutrales en la carrera a La Moneda: "Kast representa un ideario de mayor libertad".

Tras ser denunciado ante la Contraloría por los diputados Esteban Velásquez (FRVS) y Gabriel Silber (DC), el organismo emitió su resolución.

En el documento que lleva la firma del titular del organismo, Jorge Bermúdez, se establece que "las opiniones expresadas tuvieron por objeto favorecer a una de las candidaturas en el contexto de una campaña electoral, utilizando precisamente para ello dichas temáticas (educación), indicando que una de las tendencias políticas garantizaba de mejor forma los derechos ya mencionados".

"Las opiniones vertidas por el señor Figueroa Salas, en su calidad de ministro de Educación, no resultaron necesarias para dar cumplimiento a alguna de las funciones públicas que atañen a su repartición, ni tuvieron por finalidad referirse a una determinada política pública sobre la materia. Por el contrario, lo que hizo a través de dichas apreciaciones subjetivas, consistió en emplear el ámbito de acción que le compete en dicho rol, en favor de una de las tendencias políticas que participarían en las elecciones presidenciales", añade el texto.

"Por lo tanto es posible afirmar que el ministro de Educación se valió de su cargo para un fin ajeno a las atribuciones que la normativa que regula la materia le otorga (...), lo que configuró una infracción a los deberes de juridicidad, prescindencia política y no intervención que le corresponde observar", plantea el documento, que le exige abstenerse de actuaciones como ella en el futuro.