Pérdida auditiva y derecho a la información
En medio de mis compras en el supermercado me acerqué a propósito a un reponedor para preguntar dónde podía ubicar un producto. Inmediatamente me miró a los ojos y con sus manos me hizo el gesto no verbal de "espéreme". Metió su mano al bolsillo, sacó su celular y nuevamente con gestos me pidió que le preguntara nuevamente, pero ahora hablándole a su equipo telefónico. Fue así como en la pantalla se escribió lo que mi voz dijo y muy amablemente me llevó al lugar donde se encontraba lo que yo buscaba.
Entonces pienso, si la Organización mundial de la salud afirma que la sordera o hipoacusia provoca variadas consecuencias y limitaciones sin las intervenciones adecuadas, por qué aún las personas con esta condición no conocen y/o usan estos métodos que facilitan la comunicación con los demás. Si sabemos que ello repercute directamente en la educación y en el trabajo, y a menudo se sienten excluidas de la vida social y familiar… por qué aún no realizamos una verdadera inclusión.
Existen variados métodos y herramientas que les facilitan el acceso a beneficios y garantías en salud y educación. Sin embargo, ¿cuántas personas a nivel nacional están informadas acerca de ello? Peor aún, aquellas que trabajan en estos dos ámbitos tampoco tienen conocimiento de lo que ofrece el sistema y la comunidad no tiene real conciencia de la importancia de la audición. Ello sólo ocurre cuando nos enfrentamos con alguna dificultad personal o en nuestros cercanos.
Hoy, el modelo de atención en salud se esmera en abordar problemas psicológicos, emocionales y comunicacionales que se desencadenan ante una pérdida auditiva. No obstante, está comprobado que la prevención y detección temprana es mucho más costo-efectivo. Por ende, educar para disminuir la desinformación es nuestra mayor deuda con aquellos que tienen esta condición.
Por lo pronto, aprovecho de comentar que existe un proceso de deterioro auditivo progresivo asociado a la edad. Si bien esta pérdida de células auditivas comienza alrededor de los 25 años, empieza a evidenciarse funcionalmente en la adultez mayor. En otras palabras, todos vamos para allá… así que creo que es un buen momento para informarse y así disminuir el impacto que esto conlleva. pesar de la locura de unos pocos.
Carolina Flores Bustos, académica Fonoaudiología, Universidad Andrés Bello
Inclusión laboral
A propóHasta el 31 de enero, las empresas afectas a la Ley de Inclusión Laboral, es decir, aquellas que tienen 100 o más trabajadores, deben informar cómo cumplirán en el 2022 con destinar el 1% de su dotación a personas con discapacidad. En este mes clave, bien vale la pena hacer un repaso al desempeño que ha tenido esta legislación, como también trazar el camino para mejorarla, ad portas de un cambio de gobierno.
En estos tres años desde su promulgación, los avances han sido importantes, con las compañías chilenas "culturizándose" respecto a unos estándares que sus pares extranjeros ya tienen incorporados desde hace bastante tiempo. Sin embargo, la pandemia golpeó fuerte, como a todos, dejando cifras que preocupan.
Desde la explosión del coronavirus, los datos de Fundación Luz muestran una baja de un 83% en las contrataciones, mientras que otras fundaciones alcanzan una disminución de hasta un 90%. Claro, muchas industrias se vieron obligadas a despedir para mantenerse a flote, por lo que su personal quedó por debajo del centenar, impactando directamente a las personas con discapacidad.
Esos números negativos se debieron particularmente a la contingencia sanitaria, pero lo cierto es que hay pendientes varias mejoras de raíz, que nada tienen que ver con el covid-19. Una de ellas está relacionada con las multas, ya que a una empresa de más de 500 empleados le conviene pagar la sanción pecuniaria, de 60 UTM, antes que cumplir con su obligación legal.
El espíritu de esta ley era que la contratación de personas con discapacidad reemplazara a las donaciones. En nuestro caso, estas últimas bajaron en un 73% entre el 2019 y el 2021, por lo que podríamos deducir que hubo más incorporaciones al mercado laboral, pero eso no nos consta, por lo mencionado anteriormente.
En ese sentido, resulta clave poder reforzar la fiscalización. Muchos empleadores hacen caso omiso y logran pasar inadvertidos, sin sufrir las consecuencias.
Tanto el aumento de los controles como el de las penalizaciones monetarias siguen estancados en el Parlamento. Hacemos un llamado a los congresales a considerar estas dos solicitudes, ya que, de lo contrario, ésta pasa a es una "ley muerta".
Sofía Villavicencio, directora ejecutiva de Fundación Luz
