Agro de Ñuble asegura que se cumplen protocolos sanitarios y de contratación
CASO. Asociación aseguró que empresa a la que se investiga no es socia del gremio.
La investigación por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas iniciada por la Fiscalía de Chillán, que busca aclarar la situación que afecta a un grupo de haitianos y bolivianos que fueron hallados en condiciones de hacinamiento y que trabajan en la recolección de arándanos en un predio del sector Camino Las Mariposas, en Coihueco, no dejó indiferente al gremio agrícola local.
Desde la Asociación de Agricultores no solo lamentaron lo sucedido, sino que también fueron enfáticos en decir que la empresa en cuestión no forma parte de los asociados al gremio. "Lo que puedo informar es que como Asociación de Agricultores es que nos hemos preocupado mucho a través de nuestros socios. Partimos con una campaña que hicimos con la Dirección del Trabajo y el Servicio de Salud a través de varias reuniones con estas entidades, planificando y educando a nuestros productores en la forma de mantener sus huertos con la higiene y resguardos necesarios ante esta pandemia que nos está azotando y, a la vez, se transmitió toda la reglamentación correspondiente que debían tener los productores en la contratación de personal que ellos iban a emplear para sus labores de cosecha en los huertos", dijo el presidente del gremio, Carlos González.
El delegado regional presidencial en Ñuble, Cristóbal Jardua, explicó que los antecedentes fueron puestos a disposición del ente persecutor a fin de que la investigación siga su curso por dicha vía. "Esto es parte de fiscalizaciones rutinarias, donde la PDI, en conjunto con la Seremi de Salud, con la finalidad de que los trabajadores se puedan desempeñar de la mejor manera posible, especialmente velando por el cumplimiento de la normativa sanitaria, porque nuestro objetivo es que las personas que lleguen a trabajar a Ñuble lo hagan de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, y de alguna manera brindar protección, tanto a ellos como a las demás personas que trabajan en el lugar. Por lo tanto, hemos colocado todos los antecedentes a disposición con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos en el lugar", dijo Jardua.
Además, González, desde la Asociación de Agricultores ha destacado el trabajo en materia de preparación y formación en tanto correcta labor de los empleadores a fin de mantener todas las medidas de precaución y acción, tanto desde el punto de vista sanitario como el labora. "Lo que vimos y constatamos es que estaban y están trabajando con toda la documentación al día, hablo de mis asociados, y también en la norma de sanidad. Lo único que podría aportar es que no tengo antecedentes de lo que pasó, yo me puedo referir a los asociados nuestros, que hemos constatado, hicimos varias sesiones con Servicio de Salud y Dirección del Trabajo, de hecho tuvimos charlas de capacitación en nuestra asociación para nuestros productores en cuanto a manejo de Covid en la pandemia, y también a cómo se debía proceder con los contratos y la forma que debía y la gente que se podía o no contratar. Nosotros hicimos el trabajo, quienes no, es su responsabilidad. En el caso de esta empresa, ellos no son socios de la asociación", dijo.
eE fiscal Florentino Bobadilla se constituyó en los lugares de alojamiento de estas personas extranjeras en compañía de detectives del Departamento de Extranjería y con apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de las indagatorias. "Iniciamos una investigación que tiene como finalidad determinar si existe delito en la situación que les afecta", sostuvo.
"Nosotros hicimos el trabajo, quienes no, es su responsabilidad. En el caso de esta empresa, ellos no son socios de la asoción"
Carlos González, Asoc. de Agricultores
PDI e informaciones
Respecto de lo expuesto, desde PDI, más precisamnete desde el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Chillán, subprefecto Víctor Morales, planteó que se logró Fiscalizar la cantidad de 126 personas, entre los cuales se encontraban 32 chilenos, 10 haitianos y 84 bolivianos. "Verificada su documentación, de los 10 haitianos, ocho tenían situación irregular en territorio nacional; uno con notificación pendiente de expulsión y siete infringiendo el artículo 71° de la Ley de Extranjería, por no renovar visa", dijeron.