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ENTREVISTA. paulina vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano

"La nueva Constitución es una oportunidad de avanzar al Estado social de derechos"

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Rosa Zamora Cabrera

"Quienes queremos que al gobierno del Presidente Boric le vaya bien tenemos que hacer todos los esfuerzos porque la nueva Constitución sea realidad", ya que "es una oportunidad de cambiar el Estado subsidiario y avanzar a un Estado social de derechos", plantea la abogada y presidenta del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic (PS).

Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, opina que aun cuando los primeros acuerdos en comisiones de la Convención fueron complejos, con propuestas que parecían alejadas de la tradición nacional, "los constituyentes han mostrado disposición progresivamente a escuchar las distintas opiniones" y han avanzado en concordar contenidos.

La titular de la fundación creada en 2018 por la exmandataria, que promueve la intervención ciudadana en políticas públicas y en las decisiones colectivas para la construcción cotidiana de una mejor democracia, revisa aquí algunas de las más discutidas propuestas ya aprobadas, en reformulación tras su rechazo en el pleno, o en acuerdo en comisiones para la búsqueda de los 2/3 que les permitan integrar el texto constitucional que será sometido a plebiscito.

- Se debate mucho la norma que reemplaza la figura de Estado unitario por la de un Estado Regional, plurinacional e intercultural, organizado a través de regiones y comunas autónomas. Los detractores hablan de federalismo encubierto. ¿Qué piensa usted?

-Los principios que contiene el Reglamento de la Convención incorporan la plurinacionalidad, interculturalidad, descentralización, equidad territorial, entre otros. Además los y las constituyentes son representantes locales, de manera tal que no debiera sorprendernos que se plantee un grado de autonomía. Ahora bien, la forma propuesta es compleja de implementar en un régimen presidencial, a mi juicio, y tomando el ejemplo de España, desde donde aparentemente se toma la idea, difiere, pues ellos tienen un sistema parlamentario. Me parece que es necesario avanzar en mayores niveles de autonomía de regiones, pero también con coherencia con el resto del sistema. En todo caso, existe -una vez aprobado el texto final por el pleno- la instancia de la Comisión Armonizadora, compuesta por 40 constituyentes, que deberá revisar, por ejemplo, aquello.

- Existe acuerdo en Sistema Político para un Congreso Plurinacional con la mayoría de las atribuciones legislativas y un Consejo Territorial, en reemplazo del Senado, para legislar sobre materias regionales, lo que Marcos Barraza define como unicameralidad corregida y Marcela Cubillos como una democracia sin contrapesos al poder político. ¿Qué le parece?

-El Senado hoy no solo tiene funciones legislativas, concurriendo al igual que los diputados a la aprobación de leyes. Además conoce y falla las acusaciones constitucionales, contiendas de competencia entre autoridades políticas y administrativas y el Poder Judicial, aprueba permisos al Presidente de la República para ausentarse del país y debe aprobar la declaración de inhabilidad del mismo en caso que sea declarado así por el Tribunal Constitucional. Entonces, el problema no es que se elimine el Senado o se cambie a una asamblea territorial o un nombre distinto. Me parece que mantener la representación regional es importante, se condice con el espíritu y principios de la nueva Constitución, pero estas importantes funciones del Senado no debieran suprimirse.

- ¿Qué opina de las declaraciones de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, que dijo que "no creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años. Los que votamos Apruebo demandamos también seriedad y templanza a la hora de repensar nuestra institucionalidad"?

-La reforma constitucional derivada del acuerdo del 15 de noviembre entregó la potestad constituyente a la Convención. Los propios parlamentarios abdicaron de sus funciones. Por tanto lo que corresponde es que habiendo sido elegidos democráticamente los y las constituyentes sean apoyados para construir la Constitución que haga posible avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos. Los constituyentes han mostrado disposición progresivamente a escuchar las distintas opiniones, eso es fundamental pues son los representantes de la ciudadanía.

- Muy debatida ha sido también la norma que señala que "los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con perspectiva de género". ¿Puede consagrarse constitucionalmente una norma que obliga a decidir en un determinado sentido?

-La perspectiva de género es indispensable en toda materia y política pública, de manera que a mi juicio no debiera establecerse solo para los jueces esa obligación. También debiera ser para la autoridad legislativa, política, administrativa y como principio general de adopción de medidas y políticas. En ningún caso interfiere con la independencia de los jueces, pues se integra como un principio general del derecho más.

-¿Está bien que se haya rechazado la propuesta que señalaba que las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos "permitirán revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias dictadas por tribunales de Chile"?

-El Sistema Internacional de DDHH considera que se pueda acceder a él una vez agotadas las instancias internas y sus decisiones son aplicadas y cumplidas en Chile sin problema, por tanto alterar a nivel constitucional el efecto de cosa juzgada no es necesario a mi juicio. Por ejemplo, en el caso de la sentencia del caso Omar Maldonado y otros vs. Chile, cuyo cumplimiento debí implementar como subsecretaria para las FF. AA., la sentencia de la CIDH dispuso anular las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra.

- ¿Hasta dónde el grado de apoyo y rechazo que tenga la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de salida va a condicionar el éxito del futuro Gobierno?

-Quienes queremos que al gobierno del Presidente Boric le vaya bien tenemos que hacer todos los esfuerzos porque la Constitución sea realidad. Lo ha dicho Jackson, es necesario que se apruebe el texto constitucional. Es una oportunidad de cambiar el Estado subsidiario que es el gran límite a los cambios que Chile reclama, y así avanzar a un Estado social de derechos.

Soluciones y no estados de excepción

-¿Cómo debe abordar el Gobierno de Gabriel Boric la crisis migratoria? ¿Hay que mantener o no el estado de excepción en la Macrozona Norte?

-El gobierno de Piñera dejó de gobernar hace largo rato. Ha convertido los estados de excepción constitucional en la norma permanente. Son las fuerzas armadas las que se están haciendo cargo del orden público en Chile, algo totalmente anómalo y que da cuenta de la incapacidad del gobierno en conducir a soluciones. La situación de La Araucanía y la de la zona Norte demuestran que el gobierno se ha conformado con mantener las situaciones sin buscar diálogo, acuerdos ni hacer propuestas concretas en cuanto a dirección de las policías. Hay un fracaso del gobierno evidente. La futura ministra del Interior ha señalado, correctamente a mi juicio, que el camino es el diálogo, no mantener militarizadas las zonas en conflicto sino buscar soluciones a ellos.

- ¿Hay que establecer el diálogo con todas las partes en La Araucanía como ella lo señaló, incluyendo los sectores que reivindican la vía armada?

-El diálogo es necesario para superar todo conflicto, evidentemente debe realizarse dentro del marco legal. La situación de La Araucanía requiere diálogo con los pueblos originarios y sus legítimas demandas, pero también requiere restablecer el orden público y el avance de las causas judiciales, que las policías sean bien dirigidas desde el Ministerio del Interior, cosa que este gobierno renunció a hacer, y además adecuada coordinación con el Ministerio Público. Estoy cierta que la ministra Siches tiene claridad al respecto y todas las condiciones para ello.

- La expresidenta Bachelet subrayó la importancia de crear políticas migratorias y que esas legislaciones deben garantizar la dignidad para los migrantes y sus familias. ¿Chile está en condiciones de dar esas garantías?

-La migración es un derecho humano y es importante reconocerlo como tal, más aún en situaciones tan complejas como las que atraviesan algunos países que obligan a sus nacionales a salir en condiciones muchas veces inhumanas, caminando por días, con niños, como hemos visto. Las normas de migración deben condecirse con ello, y en lo que me parece fundamental, en el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero las condiciones en que están muchos de los migrantes que han ingresado en forma irregular también son muy complejas, sin condiciones sanitarias, de vivienda. Cuando la aspiración transversal en Chile es la dignidad, ellos no tienen ninguna. La situación migratoria es muy difícil de abordar solo por un país, es indispensable la colaboración regional y de los organismos internacionales.

- Como exsubsecretaria de Fuerzas Armadas, ¿qué le parece el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, por malversación de caudales públicos por casi 6.500 millones de pesos de gastos reservados de la institución?

- Es lamentable que existan estos hechos en que autoridades están siendo investigadas en relación a fondos públicos y que deben ser sancionadas conforme a la ley. Las normas que se aplicaban en la época en que ocurrieron los hechos eran laxas y con otros niveles de control desde el Ministerio. Como subsecretaria para las Fuerzas Armadas hicimos un trabajo en conjunto con el gabinete del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y con las ramas para cambiar el sistema de control interno, establecer auditorías permanentes y preventivas, y la máxima transparencia con Contraloría; establecimos canales expeditos de denuncias en caso de irregularidades. Todos estos hechos finalmente incidieron en mejorar los estándares de control, que son indispensables en toda institución cuando existen dineros públicos.

"La situación migratoria es muy difícil de abordar solo por un país, es indispensable la colaboración regional y de los organismos internacionales."