Ni el fiscal Fernando García, ni el abogado querellante del ministerio del Interior, Fernando Elgueta, pidieron ayer prisión preventiva para los dos imputados por los disparos durante la marcha del 1 de mayo en Estación Central, Región Metropolitana, razón por la cual la jueza Paulina Moya se limitó a dictar arresto domiciliario total, con 90 días de investigación.

Ante las imágenes de personas encapuchadas y otras a rostro descubierto, apegadas a paredes y quioscos mientras apuntan con armas de fuego, palos y objetos cortopunzantes hacia la calle, en plena Alameda, el fiscal dijo en la formalización de Luis Flores y Yonaiker Fuenmayor, por porte ilegal de armas y disparo en la vía pública, que "creemos que hay efectivamente un peligro, pero en razón de los elementos inculpatorios, creemos que por ahora la necesidad de cautela, tanto en lo que dice relación con el peligro de reiteración, así como la necesidad de mantenerlos vinculados al procedimiento, se satisface con arresto domiciliario total".

La jueza ante esto cuestionó a García: "¿Dijo que va a pedir arresto domiciliario total?", frente a lo que el persecutor respondió "así es". La magistrada replicó "ya. Pensé que estaba pidiendo prisión preventiva".

El fiscal argumentó luego que "el arresto domiciliario total es una cautelar bastante intensa, creemos que por ahora con esta cautelar en particular se satisface la necesidad de cautela. Requeriríamos, sí, un plazo de investigación de 90 días".

El abogado de Interior agregó que "nosotros adherimos al planteamiento hecho por el Ministerio Público en cuanto a solicitar la segunda medida más intensa del ordenamiento jurídico, el arresto domiciliario total".

Moya, ante esto, dijo que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago "va a acceder a la petición del Ministerio Público y de la parte querellante, y va a decretar como medida cautelar el arresto domiciliario total, haciendo presente que el tribunal no puede poner una medida cautelar más intensa, como sería la prisión preventiva, si los intervinientes no la han solicitado".

"Sin perjuicio de ello, se tiene presente lo señalado, en el sentido que no fue solicitada una prisión preventiva por haber ciertas diligencias investigativas pendientes, y también por estar pendiente alguna eventual formalización por hechos más graves", agregó la jueza, en referencia al estado de salud, al cierre de esta edición, de extrema gravedad de Francisca Sandoval, quien reporteaba para el Canal 3 de La Victoria cuando recibió un disparo en el cráneo, pese a contar con protección.

Su pareja, Francisco Fernández, señaló que "no entiendo cómo puede pasar que gente que está percutando disparos sea cubierta por el carro de Carabineros. (...) Agradecemos la cercanía del Ministerio (del Interior) el día de ayer (domingo), sin embargo, en agradecimiento no nos quedamos: exigimos que cumplan con su deber, que acá haya justicia, quien sea responsable pague y estamos hablando también de las autoridades públicas, responsables de una marcha masiva que fue violentada y extrañamente Carabineros no actuó".

El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer a los disparos efectuados durante una marcha por el Día del Trabajador en Estación Central, donde una bala atravesó el equipo de seguridad de una periodista que, al cierre de esta edición, seguía con riesgo vital: "Así comienzan las tragedias en América Latina", afirmó el mandatario tras el comité político de los lunes, calificando como inaceptable la violencia que se observó el domingo y reabriendo el debate sobre el control de armas.

"La situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable, y la naturalización de la misma es algo que el Gobierno no va a permitir", afirmó Boric, agregando que tras el disparo recibido en la cabeza por la periodista Francisca Sandoval, del Canal 3 de La Victoria, "vamos a perseguir de manera firme y prestar todo el apoyo a la familia y a las organizaciones para que acá exista una resolución rápida, se identifique a los culpables y haya justicia".

Respecto a los disparos en plena vía pública, en medio de un enfrentamiento entre comerciantes del barrio comercial Meiggs y descolgados de la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, el mandatario aseveró que "no podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena, que alguien percuta un arma contra una persona que estaba cubriendo una movilización, así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando también a la prensa".

"Tenemos que trabajar en conjunto con Carabineros y no vamos a permitir ningún tipo de asociatividad con bandas criminales", agregó Boric.

Ley detenida

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, dijo ayer a ADN Radio que las armas de fuego en manos de civiles "es una de las preocupaciones del ministerio del Interior y se va a expresar en materia legislativa y ejecutiva. El control, o más bien el descontrol de armas, es una de las materias que se heredan. No escatimaremos en recursos para ir al fondo y resolverlo".

El extitular de la Segpres Juan José Ossa, recordó en Twitter lo siguiente: "Ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar el control de armas. Y seguimos esperando que se renueven urgencia al proyecto contra el narcotráfico, a punto de ser ley".

A esto se sumó el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien destacó que "en 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, usted (Jackson) y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra".

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que "la Ley de Control de Armas tuvo un proceso legislativo largo de distintas etapas y la mayoría de los artículos fueron aprobados por quienes hoy estamos asumiendo tareas de gobierno. Solo algunos artículos fueron rechazados y tuvieron que revisarse cuando se produjeron diferencias".

COMERCIO

Sobre lo ocurrido el domingo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, dijo en radio Cooperativa que "el Gobierno tiene que garantizarnos la seguridad y eso hoy día no está ocurriendo".

Aseguró que los ambulantes "son mafias y lo podemos denunciar claramente así, porque hace mucho tiempo que se viene dando esta situación y afecta a la seguridad de las personas. Esas mafias están hoy día subarrendando las veredas, no permiten que la gente circule libremente, entonces claro que tiene un impacto relevante en el comercio establecido".

"No podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena".

Presidente Gabriel Boric