El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Es necesario reconocer que ha habido avances, pero aún falta mucho. Es posible ver cómo las municipalidades se han preocupado de disponer los rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas. Asimismo, los edificios de servicios públicos, edificios habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque son muchas las construcciones particulares que aún no los tienen.

La ley de inclusión laboral ha sido evaluada para medir el real impacto de la cuota en el empleo y la eventual mantención o aumento del porcentaje y esto se seguirá haciendo cada cuatro años.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

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La Orden franciscana se estableció en Chillán, a cinco años de fundarse la ciudad. Fueron de las primeras órdenes religiosas en establecerse junto a los mercedarios y dominicos. Su ubicación en Chillán Viejo estuvo en el solar, hacia el oriente de la Plaza principal, sitio donde hoy se emplaza el Liceo Pacheco Altamirano. De los primeros siglos quedan como mudos testigos las palmeras en su patio.

En el año 1756, en plena Colonia se funda el Colegio de Misiones proveniente de Perú. La Orden tuvo la responsabilidad de la evangelización desde Chillán hasta la Isla de Chiloé. Por lo tanto, era una Orden clave en el proceso de relaciones con los pueblos originarios al sur del río Biobío, tras la destrucción de las ciudades del Sur entre 1598 y 1602. Desde esa época, en pleno siglo XVIII, data la Biblioteca franciscana, la cual cuenta con seis mil ejemplares actualmente.

Los franciscanos, a través de su Colegio de Misiones, fueron proclives a la causa realista, durante la Colonia y durante la Patria Vieja en el período del movimiento emancipador. En ese contexto, el Convento de esta orden religiosa estuvo sufriendo ataques junto a la ciudad en las destrucciones por parte de los naturales del territorio, siendo en 1813, una de sus últimas destrucciones. Durante el período de Reconquista 1814 a 1817, fueron años difíciles para los frailes franciscanos. Los patriotas, tras el triunfo de Chacabuco arremetieron contra sus propiedades, pues no olvidaban el apoyo otorgado por esta Orden a los realistas en las campañas de la Patria Vieja, como el Sitio de Chillán. Durante el gobierno de Ramón Freire fueron saqueados, incluida su Biblioteca, provocando un éxodo de sus religiosos. Recién en el gobierno del presidente José Joaquín Prieto, en el año 1831, se decretó la devolución de sus bienes a los franciscanos.

Más tarde y como consecuencia del terremoto de 1835 en Chillán, el gobierno de Prieto establece un traslado de la ciudad y por ende de sus conventos e iglesias. Desde 1938, entonces, los franciscanos se establecieron en el Chillán nuevo, en dos manzanas, originalmente, frente a la Plaza General Lagos.

Tras el paso del tiempo y los terremotos fueron afectando este valioso patrimonio de la ciudad de Chillán. Conocí la Biblioteca franciscana desde el año 1972. En ese entonces se encontraba en una sala en buen estado al final del pasillo del primer piso del Convento. Allí, Fray Ramón Ángel Jara nos mostraba sus invaluables piezas, desde el siglo XVI, incluido un libro "incunable" y desde entonces la preocupación era catalogarla y mantenerla. Tras el terremoto de 2010, se hizo insostenible su ubicación, por el estado de la sala tras el sismo, siendo trasladada hacia el Centro de Documentación de la Universidad de Talca, bajo un proyecto de mantención, catalogación y digitalización. Ellos han seleccionado parte de este material y lo han dispuesto on line para los investigadores.

Con gran júbilo hemos recibido la noticia de que este Patrimonio material de Ñuble regresará a inicios del próximo año a Chillán, a una sala de conservación. Gran responsabilidad para todos.

Alicia Romero Historiadora