Infancia secuestrada
¡Ya no son niños!, una y otra vez en redes sociales se multiplica con fuerza la reacción cuando se habla de quienes participan en hechos delictivos a temprana edad. Legisladores plantean cambios en la Ley Penal Adolescentes en materia de imputabilidad y de penas, pero poco se habla de la evidencia, las causas y características de las trayectorias que llevan al delito, en que, desde la cuna, muchos nacen y crecen en contextos vulnerables, de exclusión social, expuestos a factores de riesgos y características personales que gatillan comportamientos antisociales, sin freno en la protección de sus padres ni de la escuela. No hay espacios en sus barrios donde socializar, no hay barreras a la "mano" que les seduce a cambio de ser el "Sapo" de la esquina, para luego recibir un "Fierro" y ser parte de la banda donde encuentran "la familia", con la que -creen- superar su marginalidad a punta de Plomo y monedas.
El año 2017 la Fundación San Carlos de Maipo junto a Paz Ciudadana, estudiaron la inimputabilidad de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que cometieron delitos, pero que invisibilizados por su edad no contaron con una oferta oportuna. Seamos claros, contar con una oferta que se haga cargo de esta realidad no es sinónimo de disminuir la edad de imputación legal, sino atender efectivamente a las causas y tempranamente. Para esto se requiere de una oferta programática basada en la evidencia, con un enfoque preventivo, donde se aborden los factores de riesgo y de protección que inciden en las conductas delictivas. Desde las políticas públicas hay un desafío importante para avanzar decididamente en instalar una oferta de calidad, que garantice resultados y que sea oportuna y disponible en el territorio. Pensar desde los factores de riesgo evita que se inicien trayectorias delictivas tempranas y permite un desarrollo positivo para el niño y para la comunidad que avanza en la disminución de los delitos en el futuro. Tenemos la convicción que debemos dejar de llegar tarde y sólo será posible si la Sociedad Civil y el Estado entienden que la mirada está más allá de los efectos del corto plazo y comenzamos a mirar el horizonte desde las causas para cambiar la realidad de miles de niños que hoy lo necesitan.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Operación renta
De marzo, fuimos testigos de la disputa entre el gremio contable y el SII, por las fallas de la página del SII, lo que ralentizó el proceso. Tras las quejas de contadores y contribuyentes, se concedió un plazo adicional, para cumplir con la obligación tributaria principal.
Pero el plazo fue observado por Contraloría, argumentando que se debía sumar la variación del IPC de abril, que alcanzó un 1,4%. Este costo financiero lo asumieron los contribuyentes, lo que, en algunos casos, no se justifica, debido a que la causa de los retrasos se debía a que no se podía trabajar de forma expedita en la plataforma del SII.
A ello, se suman las observaciones que tienen algunas declaraciones de impuesto. Estas no siempre se deben a una inconsistencia real, sino que a controles del plan de fiscalización, a reprocesos que no se han realizado o errores en las validaciones, en cuyo caso se debe esperar a que el SII se dé cuenta o presentar una petición administrativa, solicitando su liberación, lo que puede tardar meses.
Esta situación afecta a quienes piden créditos, pues los bancos solicitan declaraciones sin observaciones, y muchas veces sus ejecutivos no saben que existen aquellas de control.
Se deben generar cambios legales que eliminen el cobro de un mayor reajuste, cuando el retraso no se deba a la responsabilidad del contribuyente, y establecer vías de comunicación, que garanticen mayor rapidez en la validación de los datos por parte del SII.
En el proyecto de Reforma Tributaria, se debe considerar el aprendizaje de esta Operación Renta, y evitar que los costos financieros siempre los asuman los contribuyentes, y los emocionales, el gremio contable.
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Sergio Arriagada
Falta de profesionales de la salud
Hace algunos días se daba cuenta de un acabado estudio sobre la falta de profesionales de la salud para nuestro país. En referencia a los médicos, queda claro que no sobran escuelas de medicina en Chile, con el compromiso de formar buenos profesionales. Pero el asunto no termina ahí, el otro aspecto es su distribución.
¿O es que no se necesitan oncólogos en Punta Arenas, u oftalmólogos en Villarrica? Tenemos que hacer una cosa, sin descuidar la otra.
Ricardo Espinoza González, U. de los Andes.