Uno de los problemas de seguridad que más preocupa a la población es el aumento del narcotráfico, porque el consumo de drogas atrapa a los más jóvenes y la venta va aparejada con la violencia, que se toma las poblaciones, naturaliza el uso de armas y crea sus propios espacios y normas en medio de las ciudades.

Hace unos días la PDI dio a conocer que unas 1.300 personas fueron detenidas en el país por este delito entre enero y mayo de 2022. La policía civil realizó 1.540 intervenciones, incautando más de 200 kilos de cannabis sativa y otros 137 de pasta base. De ellos, 412 procedimientos fueron cercanos a establecimientos educacionales.

Carabineros y la PDI contribuyen a la prevención del consumo y venta de drogas en las calles, pero también en la investigación de las organizaciones criminales que están detrás, y cualquier fortalecimiento de las herramientas para cumplir estos roles solo beneficiará a la ciudadanía. En el Senado se encuentra en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que "modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social".

La iniciativa modifica varios cuerpos legales que regulan el delito de narcotráfico, tráfico de drogas y el procedimiento de incautación de sustancias ilícitas. Faculta a los jueces de garantía para disponer la enajenación temprana de bienes incautados cuya custodia sea difícil, incorpora el "comiso por equivalencia" para los casos que no sea posible decomisar bienes que hayan servido o que hubieren estado destinados a la comisión de delitos de tráfico de drogas y narcotráfico.

En los últimos años Chile se ha ido transformando en uno de los países latinoamericanos desde donde se exporta droga especialmente a Europa. La operación de grupos narcos trae consigo el desarrollo de millonarias actividades de lavado de activos, por medio de inversiones inmobiliarias, compra y venta de vehículos, entre otros, por lo que se hace necesario adecuar la legislación con el fin de atacar con más fuerza y con sanciones más duras a las organizaciones proveedoras de estas sustancias prohibidas.

Hace una semana conocimos la lamentablemente noticia de un joven de 16 años de la Isla Santa María, en la Región del Biobío, quien falleció debido a la falta de acceso oportuno y expedito a la atención en salud. Del mismo modo, en otros planos de derechos de las niñeces y adolescencias, hemos sido testigos de la agudización de diversas problemáticas sociales, que afectan su pleno bienestar integral.

En Chile, los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, ascienden a 4.259.155 (CENSO 2020), representando el 24,2% de la población. El 43,5% de los hogares, se encuentra compuesto por NNA y en el grupo de menores ingresos, aumenta a casi 6 de cada 10. En donde NNA enfrentan diversas barreras como el aumento de la vulnerabilidad social, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, (CASEN 2020) concentradas en la primera infancia, las niñeces migrantes y rurales. Mientras en la región del Biobío casi 6 de cada 10 hogares, se ubica entre el 40% más vulnerable. (Registro Social de Hogares 2020).

Situaciones de vulnerabilidad preocupantes, que se agudizan con el aumento de las violencias y la exposición de NNA a entornos de riesgo. Destacándose, por ejemplo, que 6 de cada 10 NNA entre 5 y 12 años, han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico (ELPI 2017), que 6 de cada 10 han presenciado situaciones de consumo, tráfico o micro-tráfico de drogas; y que 5 de cada 10 han presenciado o vivido violencia en su área residencial, contextos sociales muchas veces invisibilizados para lograr una comprensión social compleja de la realidad.

Si bien hace una semana, fuimos testigos de la preocupación generada por la participación de NNA en situaciones de violencias y/o comisión de delitos, debemos preguntarnos por las causas que lo generan, más allá de poner el foco en tratar sus síntomas o consecuencias. Implicando no sólo generar políticas para que no cometan delitos, desde un enfoque de control, reinserción social y/o preventivo; sino también desde un enfoque promotor y de garantías de derechos sólo por el hecho de ser NNA. Como por ejemplo su derecho a ser protegidos y vivir en un medio ambiente libre de violencias o tráfico. Art. 33 CDN.

Requiriéndose en salud y bienestar, entorno familiar y cuidado, entre otras áreas de derechos, contar con políticas articuladas y Sistemas Integrales que permitan garantizarlos y protegerlos, mediante acciones dirigidas tanto a NNA, sus familias y comunidades.

La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, viene a resguardar y garantizar efectivamente la protección de sus derechos, lo que debe ir de la mano con el aumento de inversión pública y el diseño de políticas con una mirada comprehensiva, multisectorial y de acompañamiento.

Roxana Zuleta Directora Trabajo Social, Universidad Andrés Bello

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