Correo
Armas en poder de los civiles
El actual gobierno se encuentra en campaña para desarmar a los civiles, lo que creo es un error gigante. Los civiles que tienen armas las tienen para su defensa, defender a los suyos y defender sus propios bienes, es decir, hacer lo que se llama legítima defensa.
Ahora de forma errónea se dice que estas armas llegan a poder de delincuentes, y que cuando son víctimas de delincuentes estos las sustraen. Ello a veces sucede, pero no creo en un porcentaje superior a un 5%, es decir, los delincuentes no se proveen de armas de esta forma. Por lo tanto, el Gobierno debiera preocuparse de desarmar a los delincuentes, establecer por qué medio llegan estas armas.
Se sabe que a veces entran por vía marítima, aérea y terrestre, e incluso desarmadas y al interior de especies electrónicas. A ese respecto, la PDI ha detectado casos y, por cierto, ha trabajado en conjunto con otras instituciones.
Pienso que el problema no está en que los civiles tengan armas, su uso es restringido, y ni siquiera pueden portar sus armas, salvo algunas y mínimas excepciones.
La complejidad, y muy grave, está en tener una delincuencia fuertemente armada, y contrario a ello, una policía generalmente impedida de actuar, muchas veces con armas de menor calibre o calidad que la que poseen los delincuentes, y chalecos antibalas para determinada protección e ineficiente para otra.
Ahora es claro que el policía muchas veces teme actuar, si lo hace, problemas, si no lo hace, igualmente problemas. Por eso es bueno que se hable de uso racional de las armas y no sólo de proporcionalidad, que se permita ante una amenaza y que puede ser individual o grupal, usar sus armas haciendo uso de la legítima defensa. Eso que deben disparar después que se les dispara es utópico, y ello la Fiscalía y la justicia lo debe entender.
Además, no hay leyes claras, el Ejecutivo debe proponerlas y el Legislativo, aprobarlas.
Alberto Contreras Silva
Plebiscito de salida
Luego del estallido social y del plebiscito de entrada, la próxima cita con las urnas no es un detalle en la política chilena, sino que representa un momento de decisión sobre dos modelos diferentes de sociedad, lo que en ciencia política se denomina "clivajes": líneas de fractura o coyunturas críticas que separan a los votantes en distintos bloques que pueden originar nuevos partidos o conformar un sistema distinto al existente.
En Chile, durante los siglos XIX y XX los conflictos principales fueron entre la Iglesia y el Estado (Estado laico), de clases urbano (trabajadores y empresarios) y de clases rural (reforma agraria), los que se desarrollaron de manera estable dentro de un espacio electoral dividido en tres tercios (derecha, centro e izquierda), hasta el golpe de Estado. Tras el regreso a la democracia, los enclaves autoritarios impuestos por la dictadura forzaron un empate permanente que permitió sólo reformas consensuadas con la derecha, lo cual facilitó la persistencia de lo sustancial del modelo establecido en la Constitución de 1980.
Aquello impidió la tendencia al crecimiento de la izquierda que se había manifestado en la política chilena hasta 1973, aunque las diferencias ideológicas se atenuaron y el clivaje autoritarismo/anti-autoritarismo ocupó el centro del escenario político. Al amparo de un neoliberalismo atenuado, continuó la despolitización y los jóvenes no se incorporaron masivamente al padrón electoral.
Todo ello llevó a que la política perdiera su capacidad de interpretar y canalizar las demandas populares, hasta que se abrió una nueva coyuntura crítica en el año 2019, que derivó en la redacción de un marco constitucional radicalmente diverso al que nos rige desde hace 42 años. Por esta razón, el Apruebo y el Rechazo son las dos orillas de una nueva línea de fractura, caracterizada por la contradicción Estado subsidiario/Estado social y democrático de derecho; aunque podríamos agregar, no obstante, la presencia de matices que no alteran las divisiones de fondo entre dos paradigmas que dividen a nuestra sociedad y que deberá ser resuelto el próximo 4 de septiembre.
Cristian Fuentes, académico de la Universidad Central
Transgresión constitucional
Si el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional transgrediere lo establecido en el inciso final del artículo 135 de la Carta Fundamental. "El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes"-, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria, el Senado o la Cámara de Diputados podrán requerir al Tribunal Constitucional que resuelva las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito" (art. 93, núm. 5º y 16º inc. 8 CPR).
Adolfo Paúl Latorre
Cien días de gobierno
Al cumplirse 100 días del gobierno del Presidente Gabriel Boric, me pregunto: ¿Cuántas disculpas más le quedará por pedir a su Gobierno?
Sebastián Millán