La propuesta de nueva Constitución Política estableció que los estados de excepción serán los de asamblea, sitio y catástrofe, eliminando el actual estado de emergencia. Con esto se reducen las herramientas que tienen los gobiernos de turno para hacer frente a temas de seguridad interna y control del orden público. Se debilita la capacidad del Estado para dar seguridad a sus ciudadanos y evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. Junto con ello, además se reducen las funciones institucionales de las fuerzas armadas, desconociendo todo rol de seguridad interna y se limita lo relacionado con la cooperación en emergencias y desastres naturales.
De esta forma el Pleno de la Convención Constitucional aprobó que los estados de excepción serán los de asamblea (conflicto armado internacional), de sitio (conflicto armado interno) y de catástrofe (calamidad pública).
En el caso de los dos primeros, serán declarados por el Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.
A su vez, la declaración del estado de 0 corresponde al Presidente de la República y no podrá ser superior a treinta días y sólo podrá hacerlo por un período superior con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados.
Con ello se elimina el estado de emergencia, el cual está consagrado en la actual Constitución Política en el artículo N° 42. En el texto vigente se contempla esta medida para casos de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación.
En relación con las fuerzas armadas, se estableció que están destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial, y que colaboran con la paz y seguridad internacional, sin mencionar explícitamente funciones internas. Tampoco se indicaron las vinculadas a emergencia nacional y protección civil, lo que además no es concordante con las áreas de misión establecidas en la Política Nacional de Defensa.
Es decir, reconoce todo lo que es seguridad externa y no nombra ninguna otra función. En consecuencia, con esta iniciativa se debilita la capacidad del Estado para dar seguridad a sus ciudadanos y evitar la vulneración de sus derechos fundamentales. Como los gobiernos no contarán con este instrumento, no se habría podido decretar el estado de emergencia para enfrentar los hechos de violencia y el terrorismo que existen en la zona sur del país.
En definitiva, con la eliminación del estado de emergencia los gobiernos tendrán más dificultades para mantener vigente el Estado de derecho en todo el territorio nacional y con negativo impacto en la seguridad de sus ciudadanos y en estabilidad política y gobernabilidad del país.
Frank Sauerbaum Diputado por Ñuble
