Codelco) informó anoche que decidió detener todas las actividades operativas de sus proyectos de expansión, luego de que ayer se informara el fallecimiento de un segundo trabajador en diez días.

Según la cuprífera, las labores se retomarán "una vez que se haya revisado el correcto cumplimiento de los controles de seguridad en cada faena".

La estatal ayer informó la muerte de un trabajador de 32 años, de la empresa Consorcio Ossa Pizzarotti, de la Vicepresidencia de Proyectos para Chuquicamata Subterráneao, en un accidente ocurrido durante labores de mantenimiento en el túnel 15. Hace diez días, otro accidente en Rajo Inca cobró la vida de otro trabajador.

El Ejecutivo enfrentó ayer un nuevo conflicto vinculado a formalidades legislativas luego de que un grupo de senadores de oposición ingresara al Tribunal Constitucional un requerimiento contra el Presidente Gabriel Boric, en el que lo acusan de no promulgar la ley que regula las parcelaciones rurales.

El recurso fue patrocinado por 16 senadores de Chile Vamos. Uno de ellos, Sergio Galilea (RN), expuso que "es una ley importante y el Presidente de Chile no promulgó el texto legal, como ordena la Constitución, lo que no ocurría desde 1972 (durante el Gobierno de Salvador Allende). Esto habla de una desprolijidad enorme dentro del Palacio de La Moneda, en particular de la Secretaría General de la Presidencia y habría que aclarar por qué se cometen fallas de esta magnitud. No es posible que tengamos un ministerio y a un ministro que no se encarga de las cosas más obvias".

Según el requerimiento, Boric habría vulnerado el deber constitucional de promulgar, dentro de los plazos establecidos por la Constitución vigente (10 días, cumplidos el 10 de julio), el proyecto que modifica el Decreto Ley N°3.516, de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos.

"A la fecha de presentación de esta solicitud, no se ha emitido el correspondiente decreto promulgatorio ni ha sido ingresado a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón", recalcó el texto.

El ministerio de Agricultura indicó que "el decreto de promulgación de la Ley N° 21.458-2022 fue formalizado por el Presidente de la República el 1 de julio en curso, con lo que se cumplió la obligación de hacerlo en tiempo y forma". Con ello, indicaron que Contraloría "tomó razón el día 11 de julio y remitió con fecha 12 de julio el documento con la toma de razón a Segpres, con copia a la oficina de partes del ministerio de Agricultura".

"El documento ha sido remitido hoy (ayer) desde el ministerio de Agricultura al Diario Oficial y ya está publicado", precisó la cartera, aunque la oposición acusó que fue fuera de plazo.

Una investigación de radio Biobío reveló que el punto en cuestión es que tras dicho trámite administrativo no se publicó la ley en el Diario Oficial, lo que de todas formas vulnera la norma. Esto porque la Constitución establece que la publicación en el Diario Oficial se hará "cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio".

Fue, según la investigación, cuando el documento de toma de razón se fue a la Segpres con copia a Agricultura donde se produjo el presunto error, ya que ninguna de estas reparticiones lo envió para su publicación en el Diario Oficial, y sin publicarse, la ley no existe en la formalidad, pese a su trámite.

El Gobierno de Gabriel Boric sufrió un duro revés ayer en el Congreso Nacional luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto sustitutivo al proyecto que regula el Estado de Alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica y que permite a las Fuerzas Armadas resguardarlas sin necesidad de estados de excepción constitucional.

La Moneda había ingresado una modificación al proyecto que había sido despachado la semana pasada por el Congreso. El cambio realizado había sido visado el martes por el Senado, pero no fue acogido por los diputados, que rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, con lo que se cayó la ley.

La mayoría de los votos en contra provinieron de la oposición, aunque también hubo descolgados del oficialismo (13 entre rechazos y abstenciones). Sin embargo, aun con todos los votos oficialistas que faltaron no se habrían logrado los 93 necesarios para esta reforma con quorum de 3/5.

La principal razón para rechazar por parte de Chile Vamos y Republicanos fue que esta ley serviría para reemplazar, por ejemplo, el actual Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

El veto sustituía el artículo único completo de la reforma con cuatro variaciones: especificaba la cadena de mando para materializar un jefe de la Defensa Nacional, definía atribuciones vía reglamento, agregaba la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y explicitaba que la prórroga será cada 60 días y podrán ser sucesivas.

Antes de la votación la ministra del Interior, Izkia Siches, pidió a los diputados que aprobaran el veto sustitutivo.

Razones y reacciones

Tras el rechazo del proyecto en la Cámara, el senador DC Matías Walker manifestó que "votos de diputados de derecha (y también algunos de gobierno) hacen fracasar en la Cámara de Diputados reforma constitucional de Infraestructura Crítica que ayer habíamos aprobado en el Senado. Pierde la gente, que seguirá desprotegida".

En el otro sector, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, dijo que su sector rechazó el proyecto debido a que "la infraestructura crítica lo que busca es custodiar ciertas cosas en concreto, pero el estado de excepción es la única herramienta que tiene el gobierno para cuidar a las personas".

El jefe de la bancada de diputados de RN, Andrés Longton, apuntó que "el Gobierno no está pensando en la seguridad de las familias y trabajadores mapuche y no mapuche; busca cómo evitar una nueva discusión con los sectores más radicales que no lo dejan gobernar".

El diputado por La Araucanía, Henry Leal (UDI), aseguró que la Cámara "no es un buzón" y pidió al ministro Sepgres, Giorgio Jackson, más respeto con la Corporación, haciendo referencia a que este veto sustitutivo fue ingresado el martes, y el gobierno buscaba que fuera despachado lo más rápido posible para tener las dos alternativas -infraestructura crítica y estado de excepción- para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.

La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que "la discusión en la Cámara de Diputados, en particular, no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento".

"Llama la atención aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto, pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso", afirmó.

Jackson, por su parte, coincidió en que "los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica del país, y que nos criticaron en su momento por no estar decididamente patrocinando este proyecto, fueron los mismos que terminaron votando en contra y eso es algo que la verdad no logramos entender".