Listas de espera, problema aún sin resolver
El gobierno anunció que los pacientes pertenecientes a los tramos C y D de FONASA tendrán copago 0. A primera vista es una buena noticia, pero surgen interrogantes, una de ellas es: ¿en qué estado nos encontramos con respecto a las listas de espera y controles con especialista que se vieron postergados producto del Covid-19? Esto, ya que, al entregar amplios beneficios, el sistema de salud debe estar sólido y con una gran capacidad de respuesta a las necesidades de la población.
Para responder esta pregunta, ya existen estudios sobre esta área. Uno de ellos es el análisis realizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), cuya finalidad fue comparar la evolución de las listas de espera quirúrgica y consultas por especialidades médicas No GES. El informe evidenció que la primera creció un 11% entre los años 2020 y 2022, y que la espera para una cirugía se incrementó en un 75%, con un tiempo de espera promedio de 574 días. Por otra parte, se estableció la existencia de más de dos millones de personas aguardando atención de un especialista, con un aumento de los tiempos de espera en los últimos dos años de un 38%.
Lo anterior refleja un escenario sumamente complejo, considerando el impacto que esto significa en la calidad de vida de los chilenos, puesto que muchas personas requieren exámenes preoperatorios y actualizados, para que el resultado de la consulta o la cirugía cumpla su objetivo real, postergándose aún más la realización de los procedimientos médicos. Adicionalmente, esta situación, que puede derivar en diagnósticos tardíos, en enfermedades de rápida evolución como el cáncer en sus etapas más avanzadas, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte.
Un buen trabajo en red, el adecuado manejo de recursos y que los equipos de gestión de los establecimientos cuenten con las personas idóneas para dichas responsabilidades, contribuirán a que estos procesos funcionen eficaz y eficientemente, considerando que el cumplimiento de metas no debe enfocarse únicamente en las cifras, sino que la finalidad es la vida de la persona que es el principal destinatario de los esfuerzos de los profesionales sanitarios. Así cumpliremos nuestro principal objetivo: proteger la vida y la salud de la población.
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Pía Bustamante Barahona, académica de Enfermería, Universidad San Sebastián
Urge una ley de salud mental integral
Hablar de salud mental hoy es trascender espacios. Es ir más allá de su abordaje o diagnóstico profesional. Por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la salud mental se refiere a necesidades humanas, relacionadas y vinculadas, a un estado físico, mental y social, que permita ejecutar las actividades cotidianas, la productividad y que pueda generar contribuciones en la comunidad.
Hoy hay una noción de justicia social vinculada a los Derechos Humanos, con la finalidad de disminuir los prejuicios relacionados a las enfermedades mentales o discapacidades. Debemos alejarnos de concepciones fundamentadas en el prejuicio, estigma y discriminación que son generadoras de barreras que -muchas veces- impiden a la persona encontrar apoyo.
A pesar de ello, en Chile el presupuesto destinado a atenciones en el área se sitúa bajo 2,1% del presupuesto total en salud. Según la OCDE el presupuesto es insuficiente ya que no bordea el 5% recomendado. Esto podría explicar la escasez de prestaciones y atenciones específicas, generando brechas en el acceso a tratamientos, limitadas coberturas, entre otros. El escenario invita a todas luces a que en Chile avancemos hacia una Ley de Salud Mental integral que permita abordar desde la promoción y prevención, el acceso oportuno y efectivo a tratamientos. Hoy existen avances en la atención, que permiten dar respuestas en el tema de forma marginal, pero la no existencia de una ley implica precisamente esto, no tener un presupuesto asignado y significativo para abordar las necesidades y problemáticas, que permita generar énfasis desde las atenciones psicosociales y con ello considerar diferentes factores de riesgos asociados, presentes en el ambiente en que las personas desarrollan su vida cotidiana.
Para abordarlo urge la consideración de factores como acceso a la vivienda, trabajo, protección social, enfoque psicosocial y trabajo interdisciplinario, la mirada de las instituciones académicas y la sociedad civil. Para ello el financiamiento es vital. Nuestro país ya no puede seguir esperando, lo que a todas luces debe ser una realidad.
Samuel Erices, académico Trabajo Social UCEN
