Las escenas de los microbasurales en algunos barrios o a la salida de las ciudades se repiten en todas partes, de manera que esos lugares comienzan a transformarse en improvisados botaderos de desechos. El aumento de la población se traduce también en incremento de la basura en las calles, cuando no se acompaña del cuidado del ambiente. Pero no tendría que ser así, si cada uno cumple con las medidas de cuidado del ambiente mínimas.

Pese a los constantes operativos de limpieza que se realizan, no se logra erradicarlos. Algunas corporaciones tienen convenios con empresas recicladoras de neumáticos, de vidrios y plásticos, pero muchas personas van a dejar sus escombros y desechos donde no corresponde, incluso algunos de tipo peligroso, porque no tienen conciencia de la necesidad de preservar el ambiente y vivir en un entorno más agradable.

Los sitios web de varias municipalidades incluyen información relevante para que cuando los pobladores tengan estos escombros y residuos peligrosos utilicen esos canales oficiales, de manera que todos contribuyan a tener una ciudad más limpia. Asimismo, las autoridades difunden con frecuencia sus planes destinados a eliminar desperdicios y escombros, mediante recolecciones programadas, para evitar que estos sean dejados en microbasurales que nacen en sitios abandonados o a orillas de las carreteras. Aun así, es posible apreciar restos de muebles, colchones, televisores, desechos de demoliciones y otras especies que los camiones recolectores del servicio domiciliario no reciben.

Cuidar el medioambiente es de la mayor importancia, si consideramos cómo las sociedades han deteriorado el entorno, sin considerar que nuestra existencia forma parte de un todo mucho más complejo. Nuestro planeta está sometido a cambios y desafíos de magnitud, causados por el hombre.

Es frecuente que muchas personas asignen a los demás la responsabilidad de mantener limpio el ambiente y sus ciudades, pero no se entiende que es una tarea que parte por cada uno. Al menos, hay que comenzar evitando la formación de microbasurales en el entorno de los barrios propios.

Nos encontramos a menos de un mes para que las Instituciones de educación superior pongan en marcha las disposiciones de la Ley número 21.369 sobre acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. En efecto, el pasado 15 de septiembre del año 2021 se publica esta Ley cuyo objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros, otorgando un plazo de un año para su implementación.

Esto involucra a todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual, razón por la cual, y como lo señala la Ley estas instituciones deberán contar con una política integral sobre esta materia. Ella contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de dichas conductas, construido con la participación de todos los estamentos existentes en su interior, y difundidas entre el personal docente, personal administrativo, funcionarios/as y estudiantes, y señala además, que las normativas internas referida a esta materia deberán ser incorporadas expresamente en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales, convenios académicos y de Investigación. Y otros instrumentos que celebre la institución, además de implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas y los miembros de la comunidad educativa afectado por los hechos denunciados.

Señala además esta Ley que las instituciones superiores que no adopten una política integral, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional prevista en la Ley número 20.129.

En esa dirección, las instituciones Santo Tomás, a través de su Secretaria General y Unidad Jurídica, dispuso la realización de diversas actividades orientadas al conocimiento y perfeccionamiento de estas nuevas obligaciones en sus 22 sedes del país, capacitación que involucró a sus estamentos directivos, administrativos, alumnos y docentes formando además a los futuros fiscales y actuarios que tendrán la responsabilidad de sustanciar eventuales procesos de investigación de las materias comentadas. Además en esta instancia se aprovechó de recoger diversas inquietudes y aportes de toda la comunidad tomasina en relación a esta temática, y de esta manera construir en forma participativa una Política Integral.

Una vez conocido el contenido y alcance de esta Ley me llama poderosamente la atención la exclusión de los otros niveles de educación, como por ejemplo la educación secundaria, y tampoco señala como armonizar las normas que sancionen estos ilícitos, con aquellas contenidas en el Código del Trabajo.

José Luis Franco Montaña rector Santo Tomás Chillán

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