El fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó ayer que la querella presentada contra el ministro Jackson por la impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta constitucional ya está en indagatoria por parte del Ministerio Público. "La investigación está en etapa inicial. Lo que se ha pedido es información inicial en términos de que si es efectivo el hecho de la adquisición y luego cuál es la justificación legal, para ver luego si se encuadra dentro del marco legal y si puede ser constitutivo de algún delito", dijo antes d añadir que "la sanción de un eventual delito cometido por un funcionario público no tiene ninguna relación con el plebiscito".

Redacción

En los últimos días el Gobierno ha insistido, principalmente a través de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en pedir a los partidarios del Rechazo una propuesta única si quieren plantear reformas al texto constitucional que será plebiscitado el 4 de septiembre.

Si bien no se trata de algo concordado con todas las fuerzas de esta opción, ayer desde la UDI surgió un plan que fue expuesto por el diputado Jorge Alessandri y la exconvencional Constanza Hube, quienes afirmaron que se debe apuntar a un nuevo proceso constituyente en caso de ganar el Rechazo.

El parlamentario detalló que "vamos a ir a un tercer texto, no hay ninguna duda respecto a eso. El tema son las reglas de la nueva Convención, ojalá sin plebiscito de entrada, y las reglas del plebiscito de salida. Pero ya no está en discusión si hacer un tercer texto: no debe haber un plebiscito que pregunte si hacer una nueva Constitución o no; sí lo debe haber sobre el mecanismo".

Además, respondió a quienes cuestionan la voluntad de Chile Vamos de concretar cambios a la actual Constitución y recordó que la oposición apoyó la reforma de 4/7 y presentó un decálogo de compromisos.

Hube por su parte estuvo de acuerdo en que el proceso constituyente no se acaba en caso de ganar el Rechazo: "La gran pregunta que nos tenemos que hacer para el 4 de septiembre es si (queremos) la Constitución de la Convención o si empezamos un proceso que puede ser mucho más acotado y que se discutirá desde el 5 de septiembre, pero evidentemente que hay un compromiso político respecto a eso".

Sin enfrentamientos

Durante la jornada de ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, lideró una reunión de coordinación en La Moneda de cara al plebiscito en materia de seguridad, oportunidad en la que dijo esperar "que este proceso sea nuevamente ejemplar, como estamos caracterizados en nuestro país. Así también, que las personas vayan y participen de este proceso de forma tranquila y ordenada".

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presente en la cita, indicó que 45 mil efectivos de la institución se desplegarán por los distintos locales de votación para resguardar el orden y la jefa de gabinete llamó a "los distintos actores, políticos y sociales, contribuyamos a que no haya enfrentamientos. Tenemos que entender que las normas democráticas de un proceso electoral como este debe ser protegido".

"No hay intervención"

Siches también se refirió a la querella interpuesta por el diputado republicano Juan Irarrázaval por la impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta constitucional para repartir entre la ciudadanía, lo que "no constituye intervención electoral", aseguró.

"Estamos trabajando con mucha tranquilidad frente a la ciudadanía. Nuestro rol es informar, entregar el texto íntegro, que las personas puedan participar y en eso reiterar que para nosotros no hay ningún delito, no hay ninguna intervención, sino más bien un rol activo del Gobierno (...) somos la única entidad que hoy día está contribuyendo a esta materia", dijo.

Esta posición fue refutada por la senadora Ximena Rincón, una de las representantes de la DC por el Rechazo, quien reveló en radio Cooperativa que en su conversación del miércoles con el ministro Giorgio Jackson, objeto de la acción judicial de Irarrázaval como titular de la secretaría general de la Presidencia, "le dijimos: nunca, desde que tengo recuerdo en la historia democrática de nuestro país, vale decir, desde el retorno a la democracia, habíamos tenido a la Contraloría dentro de La Moneda. El ministro ha intervenido y esto se lo ha dicho la Contraloría. Creo que no es bueno ni sano para el Gobierno ni para el país y se lo hicimos presente".

El Capítulo X del proyecto de nueva Constitución regula órganos constitucionales autónomos, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Agencia de Protección de Datos y la Corte Constitucional. Algunos ya tienen rango constitucional en el texto hoy vigente (Contraloría, Banco Central y Ministerio Público), por lo que la novedad está en la incorporación de la Defensoría Penal Pública y de la Agencia de Protección de Datos. Otras novedades dicen relación con la regulación de estas entidades. Así, en la Contraloría se crea un Consejo, que estaría encargado de aprobar planes de fiscalización y modificaciones de la jurisprudencia administrativa. Respecto del Banco Central, se amplían los principios que debe considerar en el cumplimiento de sus funciones, ya que además deberá considerar la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y del patrimonio natural, lo que se aleja de su función original de velar por la política monetaria. En el Ministerio Público, el Fiscal Nacional ya no sería designado por el Presidente de la República a propuesta de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, sino que por el Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones, a partir de una terna propuesta por el Presidente. Asimismo, y con relación a la Defensoría Penal Pública, se pone término a la posibilidad de adjudicar labores de defensa a abogados particulares.

La Corte Constitucional reemplazaría al Tribunal Constitucional, y la composición y sistema de designación de sus miembros cambia. En efecto, la Corte estaría compuesta por once miembros, designados por el Congreso y la Cámara de las Regiones (cuatro), el Presidente (tres) y el Consejo de Justicia (cuatro). No se contempla la posibilidad de que cualquiera de las partes de una gestión judicial pida la inaplicabilidad de una ley por inconstitucional, la que sólo podría ser solicitada por el juez de la causa. Además, se eliminan las atribuciones relativas al control preventivo de constitucionalidad de las leyes.

Si bien este Capítulo está destinado específicamente a órganos constitucionales autónomos, en él no están todos a los que el texto les asigna este carácter. En efecto, a lo largo de la propuesta se consagran otros organismos dotados también de autonomía, como la Defensoría del Pueblo (Capítulo II), la Defensoría de los Derechos de la Niñez (Capítulo II), la Agencia Nacional del Agua (Capítulo III), la Defensoría de la Naturaleza (Capítulo III), el Servicio Electoral (Capítulo V), el Consejo para la Transparencia (Capítulo V), la Dirección del Servicio Civil (Capítulo V). Algunos de estos entes no existían en nuestro ordenamiento jurídico (Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos de la Niñez, Agencia Nacional del Agua y Defensoría de la Naturaleza). Los demás ya eran parte del sistema estatal, y ahora el proyecto los constitucionaliza.

Si bien la constitucionalización de órganos autónomos tiene un importante precedente en la Constitución vigente, resulta llamativo el notorio aumento de estas entidades en el proyecto de Constitución, lo que implica además un aumento en la burocracia y en el gasto público. Y sin perjuicio de lo anterior, resulta paradojal que su incorporación al proyecto se haga a pesar de que en los últimos años diversas voces del mundo académico y político, plantearon la inconveniencia de incrementar el número de entes constitucionales autónomos.

"Si bien la constitucionalización de órganos autónomos tiene un importante precedente en la Constitución vigente, resulta llamativo el notorio aumento de estas entidades en el proyecto de Constitución, lo que implica además un aumento en la burocracia y en el gasto público".

*Profesor de Derecho Constitucional, Investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.