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Avanza el voto obligatorio

Muchos parlamentarios quieren restablecer la decisión, ya que el voto voluntario no resolvió el ausentismo. Es evidente que hay un desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política.
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Los registros electorales fueron reabiertos poco antes del plebiscito de 1988, con voto obligatorio. Desde entonces, la participación ha menguado con el correr de los años. La ley 20.568, que reguló la inscripción automática y voto voluntario fue promulgada el 23 de enero de 2012 y con ella se pretendía -supuestamente- resolver el problema de la alta abstención electoral.

No obstante, desde los comicios municipales de octubre de 2012, el ausentismo se ha elevado cada vez más y se hizo notoria la falta de interés de la ciudadanía por participar en los comicios. Incluso a inicios de 2020 la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que pretendía restablecer el voto obligatorio, a partir del plebiscito constituyente que se realizaba el 26 de abril, como una forma de enfrentar la alta abstención electoral. En la actualidad, el regreso del voto obligatorio avanza en el Congreso.

Es claro que con el cambio al voto voluntario se mantuvo una tendencia silenciosa, especialmente de jóvenes que nunca habían mostrado interés por votar. ¿Por quién sufragaría ese segmento? Analistas han dicho que difícilmente lo harían en su mayor cantidad por los bloques tradicionales, y ese es el punto más práctico para pensar que un regreso de la modalidad obligatoria tampoco resolvería el problema.

Pero la decisión del Congreso de que el reciente plebiscito de salida del proceso constitucional se rigiera por el voto obligatorio, ha llamado a muchos parlamentarios a querer restablecer la decisión, porque comprobaron que la medida de voto voluntario no resolvió el ausentismo. Por el contrario, éste aumentó. Sin embargo, pocos ponen su atención en analizar en qué razones se fundamenta ese alejamiento. Es evidente que hay un desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política.

Nuestra democracia no solo es imperfecta, sino también escasamente representativa. Lo más preocupante es que la democracia termine consumida por la propia democracia. Este es un sistema que exige conocimiento, educación y estudio. La democracia debe protegerse con esos valores, ya que en caso contrario puede ser presa de populismos de izquierda o de derecha.

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Personas mayores: una deuda pendiente

No hay que olvidar que la mayoría de la población llegará a esta etapa de la vida, probablemente enfrentada a la disminución de sus ingresos y, en muchos casos también, al abandono.
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La semana pasada conocimos el lamentable hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hermanas de 91 y 98 años, situación que fue alertada por vecinos que llamaron a la PDI tras varios días sin verlas. Lo triste de esta noticia es que no es primera vez que esto ocurre y al tener una memoria frágil, nos olvidamos rápidamente de estos casos.

Se ha avanzado en otras materias, tales como equidad de género, protección de la niñez y de víctimas de violencia intrafamiliar, pero poco se ha hecho para saldar la deuda abismante y desoladora que tenemos con nuestras personas mayores. No hay que olvidar que la mayoría de la población llegará a esta etapa de la vida, probablemente enfrentada a la disminución de sus ingresos y, en muchos casos también, al abandono.

El 14 de septiembre de 2017 entró en vigencia en nuestro país la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la cual establece la igualdad y no discriminación por razones de edad, y el derecho a la vida y dignidad en la vejez.

Si relacionamos estas normas que forman parte de nuestra legislación con normas constitucionales que reconocen la igualdad ante la ley, prohibiendo y sancionando la discriminación arbitraria, no parece nada descabellado instaurar un sistema similar al que ya disponemos en salud pública, pero enfocado al desarrollo de un control sano para la persona mayor, que permita visitarla con la frecuencia necesaria para que personal de salud verifique sus signos vitales, medicamentos, alimentación básica y, en caso de proceder, activar las medidas cautelares que sean necesarias.

Con esto, se estarían tomando medidas concretas que podrían, en parte, saldar esta deuda y otorgar mayor dignidad a quienes llegaron a la vejez.

Carolina Araya,

directora Carrera de Derecho Universidad de Las Américas sede Concepción