En la última encuesta Paz Ciudadana, dada a conocer hace pocos días, las personas con alto temor alcanzaron su máximo histórico. La gente tiene miedo de ser víctima de la delincuencia, ve con escozor cómo ha aumentado el nivel de violencia al que se encuentra expuesta y razonablemente demanda de la autoridad soluciones concretas para enfrentar la actual escalada delictual.
Para abordar con seriedad la actual crisis de seguridad resulta ineludible revisar la situación en que se encuentran las víctimas de delitos. No se trata, en todo caso, de un ejercicio altruista o imputable a la sensibilidad social, sino que hacerse cargo de ella es clave para cualquier solución que quiera promoverse con miras a disminuir la victimización y la inseguridad subjetiva, como asimismo para aumentar la confianza en la autoridad, sus políticas públicas y en el sistema de justicia.
Dicho en otras palabras, sin integrar a las víctimas, a sus organizaciones y a las comunidades afectadas por fenómenos delictuales, las soluciones seguirán quedando cojas. Cuando hablo de integrarlas es precisamente porque hoy están excluidas, e incluso en muchos casos abandonadas por el Estado; de manera entonces que un primer paso decisivo es su inclusión social en todos aquellos ámbitos en que están en juego sus intereses y necesidades, a la par de dotarlas de mayores derechos y crear una institucionalidad que vele por la vigencia efectiva de los mismos.
En esto, por lo demás, hay mucho de justicia social, ya que precisamente las víctimas más vulnerables son quienes más sufren la exclusión social, es decir, son quienes están más solas, sin voz y a la deriva.
Por todo ello la aproximación tradicional de su inclusión a través de mayores derechos e intervención sólo en el plano del proceso penal es una mirada importante, pero a la vez estrecha, ya que excluye a las víctimas y a la comunidad de ámbitos donde su participación también resulta esencial, como lo son el diseño, gestión y control de políticas públicas preventivas y de reparación de los efectos del delito.
El desafío, entonces, para mejorar la seguridad pública pasa necesariamente por mayores niveles de participación, intervención e integración de las víctimas y de la comunidad en todos aquellos planos en que hoy están excluidas o con derechos de papel o muy limitados, rol en el que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental.
Llegó la hora de actuar. Las víctimas y la comunidad no pueden seguir esperando.
Marcos Emilfork, Fundación para la Justicia