El Gobierno anunció hace unos días en cadena nacional la presentación de la reforma al sistema de pensiones, que considera terminar con las AFP en un plazo de 24 meses y crea un sistema mixto. En primer lugar, según el anuncio, el Gobierno no escucha las preferencias de los chilenos, por cuanto en las encuestas de opinión pública las personas han manifestado en su mayoría que prefieren que la totalidad de la cotización adicional vaya a la cuenta personal del trabajador, valorando además la libertad de elegir quien administra esos recursos, si un ente estatal o un privado. En este sentido, se anunció que la reforma considera libertad de elección, pero eso es aplicable solo al 10%, porque el 6% será administrado por un ente estatal.
Esta reforma es un impuesto al trabajo, que incentiva la subdeclaración de ingresos por parte de trabajadores y, por el lado de las empresas, incentiva la informalidad, porque se incrementan los costos de contratación. Esto, además, en un mercado del trabajo donde el 27% de los ocupados son informales. La reforma no se hace cargo de este tema. No olvidemos que los sistemas de pensiones son reflejo del mercado laboral y en este sentido, las personas informales que no cotizan seguirán teniendo muy bajas pensiones, y sus ingresos en la vejez estarán sustentados mayoritariamente por la PGU. En el proyecto conocido no existen garantías de que el ente público lo hace mejor que el privado, un ente público que sea capaz de realizar las tareas que hacen actualmente las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tendrá un alto costo fiscal. Además, será un proceso lento hasta que el ente sea capaz de generar la misma expertise que ya tienen las AFP. Con ello cabe preguntarse si se podrán ahorrar costos en tareas de soporte versus las AFP o es más recomendable realizar mejoras en los procesos actuales.
Y en cuanto a las tareas de administración y de gestión de inversiones, ¿podrán ser realizadas de manera más eficiente o barata? Además, hasta ahora, el ahorro para pensiones que pertenece a cada trabajador ha sido resguardado por las fondos privados, ¿podrá el ente público garantizar lo mismo? Respecto del cobro de las comisiones, no queda claro aún como será el mecanismo de "descuentos", que será aplicado para los afiliados que ya tienen ahorros en sus cuentas individuales.
De lo contrario, las personas terminarán pagando doble comisión. En cuanto a la cuenta nocional (4,2 pp) se desconoce cuál es la garantía de que esos recursos registrados estarán disponibles al momento de jubilarse ni cómo se garantiza un blindaje político de esos recursos de tal manera que no destinen a otros fines distintos que el pago de pensiones, ya que no se trata de una cuenta de ahorro previsional de propiedad individual, es un registro de los aportes, es una cuenta ficticia, manejada por un ente estatal. Además, la rentabilidad garantizada que ha transcendido en las últimas semanas sería del orden del 2%, cifra muy por debajo a la rentabilidad que han generado en el pasado las AFP y a la futura, que podría estar en orden del 3%. Por otro lado, no se conoce el detalle del mecanismo redistributivo que favorecería a las personas con menores remuneraciones en desmedro de aquellos trabajadores que se ubican entre el tope imponible actual de 81,6 UF y las 122,6 UF del tope imponible.
Frank Sauerbaum
Diputado por Ñuble