A través de un comunicado, BancoEstado anunció ayer un recurso judicial en contra de la sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiera (CMF) de 4.000 UF luego de que la unidad de investigación del organismo detectara 488 casos donde la entidad bancaria no dio curso a las respectivas cancelaciones o restituciones dentro del plazo legal en el marco de la ley que establece la limitación de responsabilidad para titulares y usuarios de tarjetas de pago electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

Además, se acusa al banco de pasar por alto las instrucciones emitidas por la CMF en esta materia.

En el comunicado, la institución bancaria explicó que "el procedimiento instruido por la CMF en contra de BancoEstado se relaciona con un número determinado de clientes, quienes enfrentaron demoras en el pago de transacciones que fueron denunciadas como fraudulentas por estos clientes, entre septiembre de 2020 y abril de 2022".

"BancoEstado niega haber percibido algún beneficio económico por la demora en el pago de las transacciones reclamadas, muy por el contrario, y frente a los casos analizados, BancoEstado ha restituido los fondos que fueron reclamados, siendo estos debidamente reajustados y con los intereses correspondientes", señala el texto.

Así, la compañía estatal insiste en que "ha acatado la interpretación administrativa de la CMF respecto de la Ley de Fraudes. En la reciente publicación de cumplimiento de la ley se informa que, durante el segundo semestre 2022, BancoEstado pagó la cantidad de 81.883 denuncias por fraudes dentro del plazo establecido por la Ley".

Como reacción, el banco "interpuso un recurso en contra de la resolución, planteando entre otros argumentos, que ha actuado de buena fe, cumpliendo la ley, al amparo de diversos fallos judiciales que se pronuncian en esta materia, ajustándose a las indicaciones de las autoridades, y velando por la protección de los intereses de sus clientes".

Por otro lado, la entidad bancaria dijo que "no puede pronunciarse" sobre la demanda colectiva del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que cancele cargos mal cobrados y restituya el dinero reclamado a todos los consumidores afectados, argumentando que todavía no han sido notificados de ello.

Con la presentación de las listas para las elecciones de Consejeros Constitucionales, algunos ya comenzaron la campaña a través de redes sociales y Chile Vamos acusó al partido Republicano de difundir información falsa con un afiche donde se señala que "Chile Seguro" está a favor de regularizar a todos los inmigrantes con una política de fronteras abiertas, pero además que ellos proponen "estudiar caso a caso indultar a delincuentes".

El diputado Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional, criticó la imagen señalando que "creemos que la campaña de cara a la elección de mayo debe ser limpia, donde se use información veraz y no se empleen mentiras y fake news. Hemos denunciado una campaña que se estaba pretendiendo hacer para distorsionar las posiciones de Chile Seguro".

En la UDI, el senador Iván Moreira cuestionó que "una cosa es que el Partido Republicano haya decidido irse por el camino propio y dividir a la derecha, lo que va a tener graves resultados en la elección de consejeros, pero lo otro que no tiene nombre es la campaña sucia, llena de mentiras, tratando de instalar falsedades en la opinión pública y hacernos aparecer como un partido inconsecuente".

Si bien desde republicanos no hicieron comentarios oficiales, se remitieron a señalar que el afiche no surgió desde su sector, sino de un supuesto militante, y negaron que exista evidencia de ello.

El oficialismo también vive cierta polémica desde que quedaron separados en dos listas.

El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, dijo que como Frente Amplio le hablan a los jóvenes y que "como PDD le quiero hablar, no sé, a un centro espurio".

Aunque la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que lo aclararía en privado con el parlamentario, luego vinieron otros cuestionamientos desde su partido hacia la lista "Unidad por Chile", mientras en el Partido Socialista intentan calmar los ánimos.

Candidaturas rechazadas

Ayer el Servicio Electoral informó que tres candidaturas fueron rechazadas: Marco Hernández, de Unidad para Chile en la región de Tarapacá; Tiare Cáceres, de Chile Seguro en la región de Valparaíso; y Nicolás Preuss, de Todo por Chile en la región Metropolitana.

Ahora hay cuatro días hábiles para corregir la paridad que se rompe con estos rechazos.

Redacción

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), propuso en octubre del año pasado crear la Unidad de Educación Militar, lo cual cambiaría las mallas de estudios de las escuelas matrices tras la revisión de bibliografías y currículos de docentes por parte del Ejecutivo. Esto fue rechazado por Contraloría debido a que no corresponde a las tareas de una subsecretaría, lo cual fue acatado ayer.

El ente contralor señaló que "el Presidente de la República dictó el Reglamento orgánico y de funcionamiento del MDN (Ministerio de Defensa Nacional), en cuyas disposiciones se estableció la estructura y organización interna tanto del ministerio como de las subsecretarías que lo componen, sin que en dicha preceptiva se haya previsto una Unidad de Educación Militar en la División de asuntos institucionales".

"Tampoco se le ha entregado a la SSFFAA (Subsecretaría de Fuerzas Armadas), al menos de manera explícita, labores en materia de educación de las ramas castrenses", indicó la revisión de la propuesta gubernamental que fue realizada por Eidelstein sin consultar a la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Estudiar, planificar y proponer directrices en materias educacionales de entidades castrenses "no corresponde que tales tareas se asignen, mediante resolución del subsecretario, a una entidad distinta de la que estableció el Presidente", afirmó Contraloría, es decir, "no se ajustó a derecho, por lo que la SSFFAA deberá adoptar las medidas tendientes a regularizar su actuación en el plazo de 30 días hábiles".

El gobierno anterior

La subsecretaría respondió ayer que "se realizarán todas las gestiones y acciones necesarias para cumplir con lo dictaminado por la Contraloría", como el que "dejar sin efecto la resolución del año 2017 que crea la Unidad de Educación Militar, así como sus modificaciones posteriores realizadas por el subsecretario Alfonso Vargas, de la gestión anterior, y la realizada por la actual gestión".

El pronunciamiento del fiscalizador, indicó el Gobierno, "se refiere al acto administrativo de creación de la unidad, más no al fondo de las atribuciones del ministerio de Defensa respecto a asesorar y contribuir al desarrollo formativo de las FF.AA.".

El requerimiento a Contraloría fue interpuesto por los diputados RN Miguel Becker y Camila Flores, quienes plantearon problemas legales.