Retorno a clases y adaptación
Volver a clases es un proceso que cada año toma lugar al inicio del mes de marzo y que involucra, claramente, a todo el sistema educativo. Escolares y universitarios deben retomar la rutina de estudios con clases presenciales, con evaluaciones estresantes y con la dinámica del trabajo sistemático en diferentes cursos y asignaturas del año lectivo.
Si bien es cierto, este es un proceso que se espera y que, por ende, tanto padres como estudiantes son conscientes de que marca el término de las vacaciones de verano, también es cierto que genera sentimientos de rechazo que se traducen en la negación del retorno, la añoranza de los buenos momentos con amigos o de los viajes realizados a distintos puntos de recreación y del anhelo por una prolongación de las vacaciones y de la demora en el comienzo del primer día de clases. Esto solo puede significar una cosa: el verano se ha ido y marzo ya está aquí.
Y es que el retorno, aunque necesario, genera sentimientos de malestar en la población escolar y un estrés financiero para los padres, que deben costear uniformes y útiles escolares, junto con otros gastos que concurren en el mismo período. Un escenario ideal que se suma a los embotellamientos provocados por la dinámica del ingreso a tiempo a las clases en la mañana, los atrasos imprevistos y el alto flujo vehicular al inicio de la jornada.
Sin embargo, en este panorama de retorno poco alentador para la mayoría, también se encuentra el reencuentro con los compañeros, la dinámica del aprendizaje y lo gratificante que pueden llegar a ser los tiempos de esparcimiento y recreación que forman parte de la etapa escolar y de la formación universitaria. El panorama, bajo esta perspectiva, no es del todo aciago.
El retorno a clases, si bien se asocia a sentimientos negativos que propician rechazo y malestar general, también produce seguridad del orden de estado de cosas, una sensación de estabilidad frente al curso y progreso de la vida, un crecimiento en las distintas etapas del desarrollo vital de niños y jóvenes, la distribución de las responsabilidades -o corresponsabilidad- en la crianza y formación por parte de la alianza familia-escuela, lo cual disminuye la carga de los padres y apoderados, y el cumplimiento gradual de las metas que cada uno pueda tener. En un escenario en el que disfrutar y estar libre de las responsabilidades académicas genera goce y bienestar, es difícil vislumbrar el retorno a clases como algo necesario y que a la larga se traduce en el desenlace correcto del futuro de cada uno. Esto puede significar también una cosa: el inicio de clases es un nuevo comienzo que hace bien, aunque no se comprenda.
Abraham Novoa académico Educación Diferencial Universidad de Las Américas sede Concepción
La Ley Antonia y la protección de las víctimas en el proceso penal
La reciente entrada en vigor de la Ley 21.523, a la que comúnmente se le denomina Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio y el suicidio femicida ha generado críticas tildándola de populista e ineficaz. Sin embargo, no podemos pasar por alto el avance que constituye para evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas más vulnerables en el proceso penal.
En efecto, esta ley protege especialmente a mujeres y niñas que, siendo víctimas de graves delitos en contra de su indemnidad sexual, no lo denuncian por temor a ser estigmatizadas, al trato que reciben por parte de los encargados de investigar dichos delitos o las reiteradas declaraciones que deben prestar durante el proceso y su confrontación con el acusado. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el impacto que provoca este tipo de delitos es mayor aún, provocando secuelas a corto y largo plazo, a lo que se suma que durante el proceso la víctima se siente expropiada de este, como ajena al procedimiento, sin protección y como un objeto o instrumento en el transcurso del juicio.
De lo anterior se desprende la importancia de que antes, durante y después del juicio se adopten medidas específicas para proteger a las víctimas de estos delitos, tales como las que dispone la referida ley, que entre otras medidas contempla la representación judicial, obtener respuesta oportuna, efectiva y justificada de sus solicitudes, investigación intersectorial con perspectiva de género, participación en el proceso y protección específica para evitar su victimización secundaria, lo que constituye un gran avance para víctimas de delitos tan graves.
Dra. María Lorena Rossel académica investigadora carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar
Incendios forestales
La ruralidad de los damnificados por los incendios forestales en Ñuble debe ser un estímulo para que el sector público y privado puedan llegar a entregar a esa ayuda.
E. Palma
