El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comenzó el trabajo desde su cartera para la reconstrucción luego de los devastadores incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país e hizo un llamado a las empresas a colaborar para que vuelvan a tener un hogar los más de siete mil damnificados.

En un encuentro telemático con Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, secretario general, y Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el secretario de Estado hizo hincapié en la necesidad de contar con la colaboración de los privados.

"Comentamos algunos antecedentes sobre el trabajo preventivo que se hizo en torno al tema de los incendios forestales y estuvimos hablando sobre la participación del sector privado en la reconstrucción, especialmente a través del Fondo Nacional de la Reconstrucción", relató tras la cita el expresidente del Banco Central.

Además, detalló que "en los próximos días vamos a compartir más antecedentes sobre cómo funcionará este mecanismo y cómo se irá generando el catálogo de proyectos para las donaciones y así puedan aportar".

Más temprano, Marcel aseveró que "lo que permite el Fondo es que las donaciones de los privados, personas naturales, jurídicas, empresas u organismos internacionales, especialmente los contribuyentes nacionales, puedan ser descontados de impuestos haciendo uso de una franquicia que consiste en descontar el 50% de la donación directamente de impuestos y el otro 50% reconocerlo como gasto para efectos tributarios".

El presidente de la CPC coincidió con titular de Hacienda e indicó que "tuvimos una buena reunión de trabajo con el ministro de Hacienda, en la que nos enfocamos en temas macroeconómicos, Reforma Tributaria y lo que está sucediendo con los incendios y la seguridad".

"Coincidimos en que la colaboración público-privada es fundamental para seguir avanzando en el combate a la emergencia, donde la autoridad debe enfocarse en investigar y encontrar a los causantes de los incendios", añadió Mewes, mostrándose abierto a colaborar con la reconstrucción.

El Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dieron a conocer la Estrategia de Fiscalización 2023 que busca frenar las licencias médicas falsas.

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, comentó que "hemos visto que es un problema sumamente grave, creciente, donde uno puede encontrar incluso en redes sociales abiertamente situaciones como esta".

"Afectan al fisco, a las personas, porque colapsan el trabajo de la Compin, y porque generan que recursos que deberían estar destinados a financiar atenciones de salud o a pagar oportunamente licencias médicas de quienes realmente las necesitan van a parar a personas que están cometiendo hechos que pueden ser ilícitos", agregó.

En concreto, con la estrategia buscan que se sancione a cerca de 450 médicos que vendieron licencias falsas el año pasado. Esto generaría un ahorro de, aproximadamente, 150 mil millones de pesos para el Estado.

Como antecedente, en diciembre pasado se detuvo a 29 médicos por realizar esta práctica ilegal.

La superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, explicó que "existe una evolución del número de licencias médicas, hay un crecimiento importante del 2017 a la fecha", sin embargo, entre el año pasado y el actual, el crecimiento es menor, ya que es de 11,3%, en parte por la menor cantidad de casos de coronavirus.

En detalle, el principal motivo de las licencias médicas son trastornos mentales, luego está el covid-19 y en tercer lugar enfermedades musculoesqueléticas, respiratorias, traumatismos y digestivas.

"Si uno mira los principales aumentos que se dieron en 2022 versus 2021, el mayor se los lleva las enfermedades respiratorias, y en segundo lugar, los trastornos mentales", agregó Gana.

La superintendenta de Seguridad Social complementó que esto no es sólo en Chile, porque según un informe de la OMS del año pasado "señala que una cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental, por lo tanto, es algo esperable, pero también es algo que se debe estar mirando".

De los cerca de 43 mil profesionales habilitados para emitir licencias, un 98,5% hizo menos de 1.600 licencias al año (42.976 médicos). El 1,0% emiten entre 1.600 y 2.499 (440 médicos).

Redacción

Después de la controversia por manejar diferentes cifras sobre incendios intencionales, la ministra del Interior, tras un nuevo Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), dijo que "no es útil seguir en esta disputa de número".

Por ello, llamó a revisar el sitio web de Conaf: "Ahí está toda la información en línea y dice, por cada incendio, cuál fue la primera observación que hicieron los brigadistas".

En esa línea, la jefa de gabinete explicó que los brigadistas primero tienen una etapa de "observación, una primera opinión" sobre lo que puede haber sucedido y "después hay una investigación, peritajes, análisis más amplio (...). Esa investigación llega a un resultado y ahí se declara de manera definitiva si el incendio fue o no intencional. Eso está todo en la página web de Conaf".

"En lugar de hacer juego con las cifras, hagamos una invitación a los ciudadanos que les interese este tema, a mirar el portal de Conaf, que además tiene datos históricos. Los demás aboquémonos a lo que nos toca", selló.

Horas antes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había dicho en la misma línea que "ambas cifras (las entregadas por Tohá y las del Sistema Digital para el Control de Operaciones de Conaf) son oficiales, obviamente son cifras que responden a dos tareas distintas y, por lo tanto, creo que es importante aclarar a la opinión pública que no hay una contradicción".

En el debate de la intencionalidad de los incendios, el ministro de Justicia aclaró que se debe distinguir entre los "dolosos" y los "negligentes".

"En el caso del incendio doloso, es decir con el propósito deliberado de provocarlo, las penas son bien altas, se mueven entre 5 y 20 años", afirmó.

Por otro lado, los "incendios negligentes, tienen que ver con que yo adopto una medida y lo que hago es no tomar los cuidados o resguardos suficientes, y producto de eso, se provoca un incendio".

"Hay que tener cuidado, porque desde el punto de vista legal, el concepto 'intencionalidad' está focalizado jurídicamente en la discusión dolosa del incendio, y por eso las distinciones de pena en el sistema institucional, por la decisión que el propio Congreso tomó en el 2013, es diferente. Entonces creo que hay que distinguir lo que está en el debate público de aquello que corresponde jurídicamente", sentenció sobre el tema Cordero luego de la polémica por dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes.