Sl egún la ultima Encuesta CEP, la valoración de la democracia cayó 12 puntos porcentuales alcanzando un 49%, mientras que la proporción de personas que justificarían un gobierno autoritario en algunos casos alcanzo a ser uno de cada cinco (19%).
Si consideramos además que, según una reciente encuesta de Espacio Público, un 93% de los chilenos cree que los políticos hablan mucho y hacen muy poco, un 92% considera que los grupos económicos tienen demasiada influencia en las decisiones políticas y un 67% prefiere ser representado por un ciudadano común que por un político experimentado, podemos constatar que las amenazas al sistema democrático siguen aún vigentes.
Los chilenos comienzan el 2023 con un alto nivel de pesimismo respecto a las expectativas económicas, lo cual se suma a una mala evaluación del año anterior y a una mala evaluación de la situación política y general del país. A esto hay que añadirle una creciente revalorización del orden público y la seguridad ciudadana, que, según indica la última Encuesta CEP, se ha expresado en una mayor justificación del uso de la fuerza policial para el control de la violencia política. Lo anterior en un contexto en donde la preocupación por la delincuencia alcanza un 60%, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.
En concreto, el año 2023 se inicia con una ciudadanía cuyas preocupaciones se orientan en torno a las necesidades más elementales, como lo son las económicas y las relativas a la seguridad pública.
Frente a este escenario, el gobierno se ve desfavorecido en tanto carece de la credibilidad necesaria para poder dar respuestas satisfactorias a estas demandas, esto a causa de sus propias posiciones ideológicas, que pueden observarse, ya sea a través de la revisión de su programa de gobierno o de sus acciones durante el 2022, antecedentes que reflejan que sus verdaderas preocupaciones se encausan en demandas que no son las prioritarias para los chilenos en este momento (proceso constitucional, medio ambiente, desigualdad, etc.).
No obstante, pese a que la responsabilidad por dar soluciones recae principalmente en el Ejecutivo, el panorama que se ha configurado en el país, donde se conjugan pesimismo económico, temor a la delincuencia y caída en la valoración de la democracia, debiese encender las alertas del sistema político en su conjunto. La suma de las tendencias descritas anteriormente no necesariamente asegura que, en el futuro, los electores opten por darle el control del país a quienes conforman alianzas de centro o centro derecha, sino podrían verse tentados a inclinarse por candidatos o movimientos que ofrezcan soluciones de corte más radical o populistas.
Ante esto se hace necesario que las fuerzas que se unieron tras el Rechazo, justamente en virtud de defender los pilares de la democracia liberal y el Estado de Derecho, vuelvan a actuar de forma coordinada ofreciéndole al país un proyecto que asegure estabilidad y pueda mantener al margen los extremismos.
Frank Sauerbaum
Diputado por Ñuble