Cristina Kirchner leyó la sentencia en su casa y desde su entorno afirmaron que considera que "no hay pruebas" para condenarla, informó el diario La Nación de Argentina. La vicepresidenta, según el diario trasandino, podría responder a las acusaciones desde un acto que encabezará hoy en Viedma, donde recibirá un título honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro.
El Senado francés, gracias a la mayoría de derecha en la cámara alta, votó hasta la madrugada del jueves el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, principal punto de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron.
De esta forma, 201 senadores se pronunciaron a favor del que ya es el conocido artículo 7 del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad a la que los franceses tendrán que esperar para poder hacer valer sus derechos a la jubilación, mientras que 115 se pronunciaron en contra y 29 se abstuvieron.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, se mostró satisfecho pero prudente, y manifestó su deseo de que todos los artículos puedan discutirse y adoptarse antes de la fecha límite de tramitación en el Senado: medianoche del domingo.
Más allá de esta votación y de la tramitación parlamentaria, el gran escollo para Macron son las protestas masivas en la calle organizadas por todos los sindicatos reunidos en una unión bastante inaudita en Francia.
El martes, la sexta jornada de movilizaciones fue la mayor desde el comienzo del movimiento en enero por el número de manifestantes: 1,28 millones, según el Ministerio del Interior, 3,5 millones, según la CGT.
Las centrales sindicales convocaron a 2 nuevas jornadas de acción, el sábado 11 y el miércoles 15 de marzo y pidieron en una carta que los reciba con urgencia Macron, al que reclaman la retirada de su proyecto de reforma de pensiones, y le advirtieron de "una situación explosiva" si no lo hace.
Mientras tanto, los paros continúan en ciertos sectores, en particular en el transporte público y en la energía. Ayer miles de estudiantes marcharon en París, que ya comienza a cumular toneladas de basura en las calles por los paros.
Asimismo, los paros convocados en el país obligarán a anular un 20 % de los vuelos previstos para este fin de semana en algunos de los principales aeropuertos del país, dijo ayer la Dirección General de la Aviación Civil. En tanto, ayer un grupo de trabajadores bloqueó los accesos en el paso fronterizo con España en Le Perthus, que causó colas kilométricas.
3,5 millones de personas participaron en las movilizaciones del martes, la mayor convocatoria hasta ahora.
El Tribunal Oral Federal 2 argumentó ayer que el pasado 6 de diciembre condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública, porque consideró que es una de las autoras del delito investigado y que se trata de "un grave hecho de corrupción sin precedentes" en el país.
La Justicia incluso habló de que la exmandataria trasandina (2007-2015) fue autora de una "fastuosa" defraudación al Estado y que fue una "coartada" la defensa de que el proceso está manchado de "lawfare" (persecución judicial).
En un texto de 1.616 páginas, especificó que la vicepresidenta tuvo una "intervención fundamental" en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.
El tribunal detalló la "colosal extensión del daño causado", ya que perjudicó al erario en un "monto estrafalario" de 84.835,2 millones de pesos argentinos al 6 de diciembre de 2022 (424 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).
"Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país", agregó el tribunal, para luego indicar que se trató de "un grave hecho de corrupción sin precedentes".
La resolución hace referencia al "tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida", al "ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución" y al "poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan".
También al "interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos".
Todo eso constituye "la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho", explicó.
La Justicia resaltó, además, "la inusitada prolongación en el tiempo", desde la creación de la empresa Austral Construcciones, el 8 de mayo de 2003, hasta la decisión de despedir al personal contratado y abandonar las obras viales en curso, el 30 de noviembre de 2015.
Dijo también que esas fechas "estuvieron directamente determinadas por los resultados antagónicos de dos procesos electorales", cuando Néstor Kirchner inició su mandato y Fernández terminó su segundo gobierno.
El tribunal también fundamentó las condenas a los otros ocho ex funcionarios enjuiciados en la misma causa.
La defensa de la expresidenta, que calificó el proceso como una expresión concreta de 'lawfare' (o guerra judicial) llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, fue calificado por el tribunal como una "coartada" para eludir la rendición de cuentas.
El tribunal destacó que no entiende "de qué modo la hipótesis conspirativa" podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto "no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita".
E indicó que resulta un "cliché" vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque "ahora parece más sofisticado hablar de lawfare".
Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.
Fernández podría beneficiarse, por haber cumplido ya 70 años, del arresto domiciliario si la condena quedara en firme.
En la primera aparición de Cristina Fernández tras conocer la sentencia por corrupción, en diciembre pasado, se definió como blanco de una "maniobra" para proscribirla políticamente y anunció que no se presentará a los comicios generales de octubre próximo.
El Gobierno argentino cuestionó los fundamentos de la condena judicial. "Esta causa no tiene ni pies ni cabeza, la vicepresidenta ha sido traída para ser metida en esta causa en la que no tiene ningún tipo de relación", dijo la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti.
"En varias oportunidades de los fundamentos de la causa, queda claro que no hay ninguna prueba. El Tribunal dice que 'ante la duda' o 'se supone qué' sin presentar ninguna prueba concreta", agregó. y dijo que "el presidente sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y uno de nuestros temas centrales es defender su inocencia".
US$ 424 millones sería el daño causado al erario nacional argentino, detalló tribunal.
1.616 páginas tiene el texto con el que el tribunal argumentó la condena contra Fernández.