Chile atraviesa una crisis migratoria cuyos efectos se traducen en la duplicación de la población extranjera en un periodo de cuatro años y, según cifras de la PDI, en el ingreso anual de más de 50 mil inmigrantes por pasos no habilitados. El Gobierno ha respondido al problema de la porosidad de nuestra frontera a través del envío de las FF.AA. para que cumplan labores de vigilancia habitualmente destinadas a las policías. Dichas atribuciones, sin embargo, son de carácter temporal con una duración máxima de 90 días con posibilidad de prórroga si hay acuerdo del Congreso.
Más allá del debate de si es mejor crear una tercera policía o una nueva institución dentro del Ejército, lo central de la discusión es abordar la necesidad de generar un organismo de carácter especializado para esta tarea. La crisis migratoria, junto con la crisis de seguridad y el estancamiento de la economía, se ha constituido como uno de los grandes desafíos que debe enfrentar el Gobierno.
Si bien el reciente envío de nuestras FF.AA. a custodiar las fronteras es un paso en la dirección correcta, la manera en que se formuló e implementó la ley no generará los efectos esperados. Para lograrlos es necesario que la autoridad política aborde el problema de fondo, que es la porosidad de las fronteras y el foco de riesgo que esto significa en términos de crecimiento del crimen organizado transnacional, y disponga de medidas de carácter permanente.
En general, los países han entregado la función de proteger las fronteras a una policía especializada, muchas veces de carácter militarizado y que puede estar inserta en el orden jerárquico de las FF.AA., ya sea de manera permanente o en casos específicos como, por ejemplo, en un conflicto armado. También existen experiencias de policías de frontera autónomas de las FF.AA., más bien dependientes de los ministerios de seguridad. En el caso de Chile, son las FF.AA. quienes cumplen la tarea de protección y control de las fronteras marítimas y aéreas del país.
La Armada por más de 170 años ha ejercido el rol policial en el territorio marítimo nacional, una tarea que hoy radica en la Directemar, mientras que la Fuerza Aérea, a través de la DGAC, cumple similar tarea en el territorio aéreo. Por ende, no sería extraño que sea el Ejercito quien proteja las fronteras terrestres. Más allá del debate de si es mejor crear una tercera policía o una nueva institución dentro del Ejército, lo central de la discusión es abordar la necesidad de generar un organismo nuevo de carácter especializado, cuya misión exclusiva sea la vigilancia y el resguardo fronterizo terrestre.
Este último debe tener una formación coherente y permanente con dicha misión y que, además, incluya el manejo de situaciones en las que se vean involucradas tanto la población civil como bandas de crimen organizado. Adicionalmente, la norma aprobada no alude explícitamente a la posibilidad de que FF.AA. deban enfrentarse a grupos de crimen organizado con alto poder de fuego, como tampoco les entrega a los funcionarios desplegados en las fronteras el suficiente respaldo (a través, por ejemplo, de eximentes de responsabilidad penal) para que puedan realizar sus labores y no queden expuestos a asumir toda la responsabilidad en caso de un incidente imprevisto.
Frank Sauerbaum
Diputado