La eficiencia es un aspecto central en la logística. Sin embargo -paradójicamente - nuestro mercado marítimo nacional muestra matices evidentes de lo contrario. A modo de ejemplo, para exportar papel desde la Región del Biobío a Bolivia, la carga primero se envía al Puerto del Callao (Perú) para, posteriormente, retroceder hasta Arica y desde allí ser transportada al país altiplánico. Lo anterior pues el cabotaje se encuentra reservado para naves nacionales, lo que lo hace muy costoso, por lo cual los dueños de carga prefieren enviar la carga al exterior y así poder contratar servicios de transporte con naves extranjeras a un costo menor.

Con el objetivo de optimizar los procesos y, con ello, mejorar el desempeño del país en esta materia, hace algunas semanas se ingresó una serie de indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, como parte de la Agenda de Productividad que impulsa el Ejecutivo.

Esta iniciativa -que en su núcleo busca impulsar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo y promover el empleo en el sector- es, sin duda, una oportunidad para las regiones del norte de Puerto Montt, pues mejorará la optimización en los procesos logísticos y de transporte marítimo. Según estimaciones internas, el potencial de carga factible de modificar su modo de transporte alcanza casi las 800 mil toneladas anuales. Al sumar las cargas en tránsito que hoy recalan en puertos del exterior, serían cerca de 3 millones de toneladas anuales las que podrían verse beneficiadas por una logística marítima más eficaz.

Un punto central del proyecto es que disminuye las restricciones de participación para que empresas extranjeras puedan constituirse en Chile, cuyas naves deberán inscribirse en el registro nacional, y contar con bandera chilena y tripulación y oficialidad chilena. Ello, con el objetivo de aumentar el movimiento de mercancías por vía marítima y disminuir las tarifas, generando más empleo a tripulantes y oficiales chilenos. Esto se traduciría en un incremento del flujo naviero en los puertos de uso público, intensificando la actividad portuaria en las regiones en las que se ubican, con los beneficios económicos que ello implica en términos de empleos y de actividades conexas, además de reducirse las tarifas marítimas y, por lo tanto, los precios a consumidores.

Ejemplo claro de esto último es que, de aprobarse el proyecto, en el largo plazo los puertos de la Macrozona Norte incrementarán en 5 millones de toneladas anuales su carga transferida, lo que equivale a un 21% adicional de carga.

Asimismo, según datos del Ministerio de Obras Públicas, avanzar en la dirección que propone el proyecto, podría resultar en un aumento de la carga movilizada por vía marítima entre puertos nacionales de hasta 40 millones de toneladas anuales para el año 2050. Así, el transporte marítimo duplicaría su participación, pasando de un 14% a un 28%.

Otro de los efectos positivos de este proyecto de ley es la posibilidad de revertir los impactos negativos de los cierres de puertos producto del incremento de las marejadas por efecto del cambio climático y sus restricciones operativas y, como consecuencia, el desvío de cargas a puertos distintos a los consignados como destino final. Junto con ello, se disminuiría la emisión de CO2 en el transporte de carga, sobre todo considerando que el barco es el medio de transporte que menos emite (8 g/ton km), al compararlo con el camión (47 g/ton km) o el tren eléctrico (18 g/ton km).

Por todo lo anterior, necesitamos y debemos avanzar en este camino. Es un imperativo dar un salto sustantivo en la eficiencia y competencia del cabotaje; permitiendo bajar precios, aumentar el empleo de los trabajadores chilenos, utilizar de mejor manera nuestros puertos, y reducir el impacto negativo en el medioambiente.

*Ministro de Transportes y ministro de Economía.

Más de 13 mil controles preventivos, 35 armas incautadas y más de 500 infracciones cursadas, son parte de los primeros resultados del plan "Calles sin Violencia" en su primera semana de implementación, según reportó el Ministerio del Interior con cifras entregadas por Carabineros.

El programa, que realiza una coordinación entre el Gobierno, Carabineros, PDI y el Ministerio Público, fue lanzado el 24 de abril y tiene como objetivo una persecución penal efectiva, mayores patrullajes policiales, fiscalización y recuperación de espacios públicos.

El plan se aplicará desde este mes en 46 comunas de Chile con la frecuencia más alta de homicidios, pero comenzó la semana pasada en 22 comunas de la Región Metropolitana. Desde entonces ha logrado "13.325 controles preventivos que han realizado las policías, y se han cursado más de 500 infracciones", adelantó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara en conversación con Meganoticias.

La ministra añadió que "se han incautado 35 armas y eso es muy relevante, porque el poder de fuego asociado a la presencia de armas en los espacios que hoy están en manos de la delincuencia, es algo sumamente peligroso, por eso también estamos implementando el tema del desarme, la entrega voluntaria de armas hechizas, que no están inscritas o con características en el marco no reglamentario".

En esa misma línea, Jara dijo que "se ha detenido a 337 personas" y un 38% tenía órdenes judiciales pendientes.

"Sabemos que este tema de la seguridad pública liderado por la ministra del Interior (...) está siendo de mucha preocupación para la ciudadanía y creo que es relevante tener a la vista algo, porque como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, no se trata de echarse la culpa unos a otros, pero hemos sido bien buenos como para la frase grandilocuente, y como dicen por ahí, obras son amores", dijo.

Agregó que "yo creo que con los recursos que se están poniendo a disposición, que hace unos pocos días atrás Carabineros que estuvo de aniversario así también lo reconoció; hay que hacer un esfuerzo como país para detener esto hacia adelante", sostuvo.

Balance oficial

El primer balance oficial del Plan "Calles sin Violencia" se realizará hoy, según anticiparon desde el Gobierno.

La iniciativa pretende enfrentar hechos de violencia a lo largo del país y contempla cuatro ejes de intervención específicos. El primero de ellos, es la persecución penal efectiva, con un fiscal preferente para esclarecer homicidios sin imputado conocido y perseguir a los autores prófugos de delitos violentos. El segundo, el aumento de la presencia policial con patrullajes mixtos. En tercer lugar, la fiscalización de infracciones e incivilidades y en cuarto lugar, la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.

Robo de vehículos

Cabe recordar que de acuerdo a las cifras reportadas por Carabineros, el robo violento de vehículos en la Región Metropolitana anotó la cifra más baja desde enero de 2022. "Además, a nivel nacional el delito de robo de vehículos ha bajado en un 27,6% en general, respecto al año anterior", sostuvo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

En el acumulado anual del informe de Carabineros, se reportó que se han sustraído 1.238 vehículos menos respecto a 2022, lo que las autoridades relacionan al efecto de la implementación del Plan Anti Encerronas y la instalación de la fuerza de tarea público-privada, la que este mes comenzará a funcionar en Arica.