La Comisión Experta y sus buenos oficios
El trabajo de la Comisión Experta ha entrado en la recta final. Luego de casi tres meses de intensa faena, los comisionados lograron acercar sus posiciones en un texto que, si bien todavía puede ser enmendado por el pleno, parece ser un esbozo bastante seguro del anteproyecto final. Así, a pesar de que todavía restan dos semanas de trabajo, el mandato está prácticamente cumplido.
En este sentido, es importante destacar en primer lugar la sobriedad y seriedad con la que se ha acometido la tarea encomendada. Alejados de las luces y la presión mediática, al interior de cada subcomisión se llevó a cabo una discusión del más alto nivel jurídico, tal como era de esperar de un órgano conformado por personas de vasta trayectoria académica y política. Así, a pesar del poco tiempo, cada norma y capítulo aprobado contó con el debido espacio para la argumentación y fundamentación de los comisionados, quienes consideraron no sólo sus propias visiones, sino también las sugerencias de profesores y funcionarios públicos que tuvieron la oportunidad de exponer frente a los expertos.
Resultado de lo anterior fue la actualización de distintas instituciones a la luz de los más modernos estándares del constitucionalismo comparado. Sólo como botón de muestra, podemos mencionar la separación y sistematización de derechos que hoy no aparecen diferenciados de manera precisa, como son el debido proceso, las garantías penales mínimas, la seguridad individual y libertad personal. En esta misma línea, también merece ser aludida la incorporación del "estatuto del administrado" que ofrece importantes garantías al ciudadano, como el derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo, por parte de los órganos de la administración.
Por otro lado, también debe mencionarse el clima de amistad cívica que primó en el seno de la Comisión. Tal como se ha dicho, uno de los grandes méritos del proceso en curso es que, al menos hasta la fecha, ha logrado sentar en la misma mesa a comunistas y republicanos, conservadores y liberales, a socialistas y gremialistas, y hacerlos conversar desde sus legítimas diferencias. A diferencia del proceso anterior, en esta oportunidad nadie ha tratado de cancelar al otro por sus visiones políticas, ni aún en aquellos momentos en que las distancias parecían insalvables.
Probablemente, el ejemplo más señero de esto último sea la inclusión del Estado social junto con la autonomía de los cuerpos intermedios y la servicialidad del Estado. Para nadie es un secreto que estos principios han sido reivindicados por distintas tradiciones de pensamiento jurídico/político, y prueba de ello son los ríos de tinta que se han escrito sólo en nuestro país sobre su supuesta incompatibilidad. Por cierto que, de aprobarse el texto por parte de la ciudadanía, será el legislador quien tendrá la tarea de armonizar los mandatos del Estado social con, por ejemplo, la provisión mixta. Sin embargo, es preciso valorar que dichos aspectos hayan encontrado respaldo constitucional en igualdad de fuerzas, haciendo de los acuerdos la nota distintiva del nuevo proceso constituyente.
En definitiva, es posible que lo sucedido al interior de la Comisión Experta sea una muestra de que los chilenos, aun con todas sus discrepancias, todavía mantienen un importante nivel de acuerdo en lo fundamental. Y tal constatación no es baladí, dado que ninguna crisis política puede ser abordada sino desde un terreno en común, un piso mínimo desde el cual reconstruir el -tan anhelado- nuevo pacto social.
*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.