Un problema de salud pública que debe ser abordado con seriedad es el de la obesidad y el sobrepeso. Se trata de un fenómeno que tiene múltiples causas y que ha alcanzado niveles epidémicos a escala global, llegando a ser definido como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 74% de los adultos chilenos padece esta enfermedad, lo que posiciona a nuestro país como el con mayores índices de obesidad y sobrepeso de la OCDE.

Este problema sanitario tiene múltiples causas, pero entre ellas la más notoria es la mala alimentación. Así lo detalla la Sociedad Chilena de Obesidad, que plantea que esta se produce cuando alguien ingiere más calorías de las necesarias, ya que el cuerpo almacena estas calorías en exceso como grasa corporal, y con el tiempo los kilos de más se acumulan.

Asimismo, el organismo observa otros factores, como los ambientes y hábitos poco saludables, donde además de una mala alimentación se agrega la poca actividad física, el pasar demasiadas horas frente a los dispositivos móviles y una mala calidad del sueño.

Es necesario que la población tome conciencia de este problema que puede derivar en múltiples enfermedades y, de hallarse dentro del porcentaje de personas que sufren sobrepeso y obesidad, se tomen acciones que lleven a tener un peso adecuado, ya que eso redundará en la salud y en definitiva en una mejor calidad de vida.

En la cuenta pública en Salud el Presidente destacó la caída en los tiempos promedio de espera. Sin embargo, es necesario considerar que los tiempos continúan siendo elevados. Al primer trimestre de 2023 los chilenos esperan más de 500 días para una intervención quirúrgica que no es parte del GES y 405 días para ser atendido por un médico especialista. Además, el número de personas que están en listas de espera, continúa al alza. Entre el primer trimestre de 2022 y mismo periodo de 2023, 183 mil personas se han sumado a las listas de espera de consultas con especialistas y si bien hubo caída en el caso de las intervenciones quirúrgicas GES y No GES, esta tendencia se revirtió entre los reportes del último trimestre de 2022 y el primero de 2023. En total, hoy 2,2 millones de personas esperan por atención de salud oportuna. El Presidente destacó la política de Copago Cero que beneficia a quienes forman parte de los tramos C y D de Fonasa, que antes debían pagar un porcentaje de las prestaciones que recibían en los hospitales públicos. Sin embargo, el problema de esas personas, más que el copago, es que no son atendidos, no su costo. Por ello, el tramo que más aumenta su presencia en las listas de espera es justamente el tramo D, que subió 7,4% a 9,8% en intervenciones GES y No GES, respectivamente entre fines de 2022 y 2023. El Presidente destacó en varias oportunidades la colaboración público-privada en salud. Sin embargo, esa colaboración está en riesgo por el fallo judicial de la Corte Suprema que, a más de seis meses de ser emitido, el Gobierno no ha logrado presentar una solución razonable que impida el colapso de las Isapres (cuyo alcance sería de 3 millones de afectados) y del sector prestador privado, que realiza casi la mitad de las prestaciones de los usuarios de Fonasa. Por otro lado es preocupante que en empleo casi no se hizo mención sobre cómo enfrentar el complejo escenario del mercado laboral, donde la creación de empleo formal está estancada. En esa línea, la agenda laboral presentada por el Presidente fue acotada y estuvo enfocada principalmente en la equidad salarial y conciliación de trabajo y familia. En su discurso no se pronunció sobre medidas que impulsen la creación de trabajo formal. Hizo alusión al derecho de sala cuna -una medida transversalmente compartida- pero no estableció ejes o fechas en cuanto al cumplimiento de este y no queda claro si se retomará la discusión del proyecto que ya está en el Congreso o si se creará un nuevo proyecto de ley. Por último, no hubo anuncios concretos que permitan aumentar la productividad que permitiría compensar, en parte, el alza del salario mínimo y la disminución de la jornada laboral.