En febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas como donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que decía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Si bien es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, aún falta por avanzar respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

En la actualidad, más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que dificultan la plena integración de todas las personas.

H emos llegado al mes número 15 de gestión del actual Gobierno. Temas levantados en tiempo de campaña electoral como condonación de la deuda CAE, aumento de la pensión única solidaria, actual pensión garantizada universal (PGU) y pago de la deuda histórica de los profesores, son puntos que se mantienen en la agenda pública y política nacional que aún no se definen, a pesar de que impactan a una gran parte de la población de manera directa e indirecta.

Si bien la distancia que hay entre hacer política y, diseñar, planificar y ejecutar la política pública es marcada e impacta normalmente en la historia, no es menos cierto que pasar de las promesas electorales, plasmadas en un programa de Gobierno a transformarse en leyes de la República es un reto alcanzado por algunos estadistas o aquellos que tienen una visión más allá de su propio tiempo.

Justamente si algo pasa rápido es el tiempo, los temas planteados al inicio de este texto aún no han sido zanjados porque desde épocas electorales o quizás desde etapa de aspiraciones a ser residentes de La Moneda. Los temas vinculados a gasto o inversión social, dependiendo con las lentes que se vean, estaban anclados a una reforma tributaria que no próspero.

Así que ese freno que han tenido las propuestas presidencialistas, irradian en la falta de respuestas concretas, factibles y sustentables a temas como: la condonación de la deuda CAE, a la creación de planes o proyectos que puedan dar respuestas a aquellas personas que han logrado o están al día con este crédito estudiantil. Porque el tema tiene varias aristas: los que no han pagado, los que pagaron, los que están pagando, todas estas personas merecen claridad, pero hasta ahora sólo tienen la seguridad que las cláusulas de sus contratos están iguales que el 21 de noviembre de 2021.

No es querer echarle más leña al fuego, pero a esta realidad se une el hecho de que el Presidente Gabriel Boric en sus alocución anual reconoció que en las arcas del erario público no existen los recursos para honrar la deuda histórica de los profesores. Entonces como dice el arriero "si los caminos no existen hay que hacerlos", pero es imperativo que el Estado dé soluciones porque para eso un grupo de personas decidió ser Gobierno y otros los eligieron.

Y pensar que estos temas tienen el mismo origen pero con distintos matices y uno de ellos a manera de símil. Son los mismos profesores que saben que el Estado, por ahora, no va a honrar sus deudas y que año tras año marchan de manera cívica para recordarles a las municipalidades "aquí estamos". Y tal vez una buena proporción de ellos es la misma que aspiran a vivir la edad avanzada, vejez o su longevidad con la seguridad de un ingreso digno después de años de trabajo.

Somos conscientes que los temas sociales son infinitos, que los recursos son finitos y que las demandas sociales difícilmente pueden ser atendidas en su totalidad. Pero salud, educación, vivienda y seguridad son transversales para todos.

Esperar un cuatrienio más es una opción, lograr que los poderes públicos constituidos y autónomos puedan ponerse de acuerdo, pudiera ser un sueño de adolescente enamorado. Sin embargo, lo que sí es evidente es que muchos jóvenes, adultos y adultos con edad avanzada en este momento están dentro del mismo canasto que lleva la etiqueta de políticas sociales pendientes.

Mientras esperamos la duda es la gran ganadora porque la incertidumbre la acompaña tanto para los que ya están agotados de trabajar como para aquellos que analizan los escenarios de acceso a la educación superior.