Efe

Fuertes incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad ocurrieron ayer en la capital de la provincia argentina de Jujuy, en las inmediaciones de la legislatura local, en rechazo de la nueva constitución provincial, que se encuadra en un enfrentamiento entre el gobierno nacional peronista y el local de la oposición.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo "responsable" al presidente argentino, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández, "de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy", según señaló en Twitter.

"Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy", agregó.

Los manifestantes apedrearon a la policía y al edificio de la Legislatura provincial, en la capital jujeña, y removieron las vallas detrás de las cuales estaban las fuerzas de seguridad que contestaron con gases lacrimógenos y balas de goma.

Responde el gobierno

"Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", respondió el presidente Alberto Fernández en redes sociales.

La vicepresidenta Cristina Fernández también respondió al gobernador con las frases "hágase cargo" y "pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado".

"Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN", le dijo la vicepresidenta a Morales en su cuenta de Twitter, y lo acusó de ser un "alto funcionario" durante el Gobierno de 2001 que declaró el Estado de Sitio y "fue responsable del asesinato de 38 argentinos".

Además de los destrozos en la capital jujeña, que incluyó vandalizar vehículos, los manifestantes prendieron fuego algunas de las instalaciones de la legislatura local.

En el recinto estaba previsto el tratamiento del dictamen de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente.

Una convención constituyente de Jujuy aprobó el jueves pasado una reforma de la Constitución provincial que asegura el derecho a reunión y manifestación "cuando fueren pacíficos y sin armas" y reconoce la preexistencia de las comunidades originarias y pueblos indígenas, pero determina que el Estado es el encargado de reconocer su personalidad jurídica y la posesión comunitaria de las tierras.

Estos incidentes son la continuación de los cortes de rutas de la provincia de Jujuy que fueron reprimidos por fuerzas de seguridad durante el fin de semana.

Las manifestaciones repudian la reforma constitucional y piden la renuncia de Morales -quien a su vez suena como candidato a integrar una fórmula presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio en los comicios presidenciales de este año-.

El secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Horacio Pietragalla, arribó el domingo pasado a Jujuy para apoyar a los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó ayer amor por su hijo Hunter Biden después de que fuera acusado de poseer ilegalmente un arma y de haber pagado tarde sus impuestos en los años 2017 y 2018.

Biden no hizo esas declaraciones directamente, sino a través de uno de los portavoces de la Casa Blanca, Ian Sams.

"El presidente y la primera dama aman a su hijo y le apoyan mientras sigue intentando reconstruir su vida", dijo en un comunicado el vocero.

El fiscal general de Delaware, David Weiss, hizo público ayer un escrito judicial en el que se dan a conocer los cargos contra el hijo de Biden, quien aceptó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de dos relacionados con los impuestos.

En virtud del acuerdo de culpabilidad, Hunter Biden, de 53 años, admite no haber declarado al fisco los ingresos que recibió en 2017 y 2018, y no haber pagado por ellos, a cambio de que los fiscales recomienden su libertad condicional, con lo que podría evitar entrar en la cárcel.

El arreglo también incluye lo que en EE.UU. se denomina "desvío previo al juicio" en cuanto al cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. Ese mecanismo sirve para esquivar un enjuiciamiento tradicional y que el acusado pase a un programa de supervisión comunitaria.

El expresidente Donald Trump y el líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, arremetieron contra Biden por las acusaciones contra su hijo. "¡Guau! el DOJ (Departamento de Justicia) del corrupto Biden acaba de terminar con cientos de años de responsabilidad penal concediendo a Hunter Biden una mera 'multa de tráfico'. ¡Nuestro sistema está ROTO!", escribió Trump en su red social, Truth Social, y McCarthy criticó el "sistema de dos niveles en EE.UU. Si eres el principal oponente político del presidente, el DOJ tratará de enviarte directamente a la cárcel, pero si eres el hijo del presidente obtendrás un acuerdo favorable".

Aileen Cannon, la jueza principal del caso penal contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump por los documentos clasificados hallados en su casa de Florida, ordenó que el juicio con jurado se celebre a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami.

En una orden firmada ayer, la jueza señala que el periodo para la celebración del juicio es de dos semanas a partir del 14 de agosto y que si por alguna razón se retrasara, se celebrará "tan pronto" sea posible.

La fecha límite para que la defensa y la Fiscalía presenten solicitudes en relación al juicio es el 24 de julio próximo, y el 8 de agosto se celebrará una audiencia para tratar todas las cuestiones de calendario.

El fiscal Jack Smith, a cargo de la investigación, prometió que el juicio contra Trump y su asistente, Waltine Nauta, que es acusado como cómplice, iba a ser "rápido" y "de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados".

Trump fue acusado de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales después de haber dejado la Presidencia.

Miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país en medio de arengas de "No a las Petro-reformas" y "Somos mayoría" para protestar contra las reformas laboral, a la salud y pensiones presentadas al Congreso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Bautizada como "Marcha de la mayoría", las manifestaciones aglutinaron a decenas de miles de personas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y otras ciudades, superando en número a las que salieron el pasado 7 de junio para apoyar a Petro y sus reformas sociales, consideradas por muchos como dañinas para el país.