Redacción

Tras el sistema frontal que afectó a la zona central del país, dejando estragos en distintas comunas y afectando a miles de familias, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció la entrega de un nuevo bono para compra de materiales de construcción, que permita habilitar la infraestructura de las casas dañadas.

Este se suma al Bono de Recuperación de enseres donde "3.673 hogares están con nómina para recibir ayuda (...) por lo tanto, vamos a empezar a hacer transferencias a partir del lunes", detalló la ministra.

Estas medidas, más la recuperación de los canales de regadío, viviendas de emergencia y la mitigación de los efectos de la emergencia para productores agrícolas y trabajadores de pequeñas empresas, consideran una inversión de $86 mil 600 millones, informó el Gobierno.

Respecto al nuevo beneficio, Vallejo explicó que está dirigido a quienes no perdieron su casa, pero sí sufrieron daños. Es "para la gente que quiera comprar la puerta, reparar el tabique, o el piso... se va a entregar una tarjeta a las familias que tengan 'daños menores', aunque en realidad son importantes, que es para comprar materiales de construcción, de hasta 50 UF" ($1,8 millón aproximadamente).

Viviendas de emergencia

Desde el 4 de julio comenzarán las asignaciones de viviendas de emergencia transitorias para quienes perdieron sus hogares en la emergencia.

El costo estimado es de $15 mil millones y tendrán instalación eléctrica interior, conexiones de entrada y salida de agua potable y de alcantarillado.

También se establecieron medidas para ayudar a agrícolas, campesinos y apicultores y un subsidio a la retención laboral para la continuidad del empleo en empresas de hasta 50 personas con un financiamiento del 80% del salario mínimo por tres meses, beneficiando a cerca de dos mil trabajadores.

"Hay un plan específico para la recuperación activa económica de ellos (la zona rural). No solamente se está entregando forraje, alimento para que los animales no se mueran, porque donde comían está todo con barro, sino que también para las transferencias a la recuperación económica del mundo rural, tanto para las personas Indap como no Indap", explicó Vallejo.

Arreglo de caminos

El Ministerio de Obras Públicas informó ante la Cámara Chilena de la Construcción, que destinará cerca de $366 mil millones para trabajos de reconstrucción de conectividad en las zonas entre las regiones de Valparaíso y Biobío, afectadas por los temporales.

Según la cartera, 42 caminos terminaron cortados, 30 puentes sufrieron problemas y se interrumpió el funcionamiento en 12 servicios ferroviarios.

Así, se usarán alrededor de $244 mil millones para recuperar 206 kilómetros de caminos afectados, $35 mil millones serán para la recuperación de puentes y $10 mil millones para reparaciones tempranas. Además, $55 mil millones se estiman para reparar y realizar nuevos desembarques, encauzamientos de cauces naturales e instalación y restauración de defensas fluviales de reforzamiento.

Para reparar servicios sanitarios rurales se consideran $6 mil millones y para instalar estaciones de monitoreo, $2 mil millones. En tanto, $15 mil millones serán definidos en base al nivel de daño y tiempo final de reparación.

Quisiera adelantar una discusión que podría manipularse al momento del plebiscito por parte de quienes no queden satisfechos con el texto que propondrá el consejo constitucional: la legitimidad del actual proceso.

Frente al escenario de un consejo constitucional en que la derecha tiene mayoría, se ha enfatizado la importancia de llegar a acuerdos más allá de los quórums necesarios para aprobar las normas. Aunque ninguna encuesta pueda predecirlo hoy, esos acuerdos son probablemente indispensables para que el texto pueda ser aprobado en el plebiscito de diciembre. Pero más allá de razones electorales, es deseable que la nueva Constitución sea un texto que concite acuerdo en diversos sectores para que realmente pueda ser implementada y contribuya a la unidad nacional.

Sin embargo, en una sociedad polarizada como la que estamos, es ilusorio pretender que el proyecto de Constitución será del gusto de todos en su totalidad. Frente a esta realidad cada ciudadano tendrá que evaluar cuán importantes son - para él, pero también para una Constitución - los temas con los que no está de acuerdo. Lo que no podrá hacer es sostener que es un texto impuesto e ilegítimo.

El actual proceso constitucional tiene un diseño diferente al del proceso anterior, precisamente porque buscó corregir problemas de la Convención Constituyente. Entre los cambios más notorios está el mayor peso de los partidos políticos, manifestado tanto en el nombramiento de los expertos, como en las candidaturas al Consejo Constitucional. Una segunda diferencia es que no se comienza de una hoja en blanco, sino de un anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, la que, a su vez, debe respetar bases constitucionales preestablecidas.

La menor participación de independientes no debe verse como un problema de legitimidad, sino como una corrección a los sesgos identitarios que se dieron en la Convención Constituyente, que dificultaron, precisamente, la búsqueda de acuerdos. La relevancia de los partidos políticos y de la Comisión Experta tampoco debe llevar a tildar al proceso de elitista, ya que siguen existiendo múltiples instancias de participación de la ciudadanía. Primero, a través de la democracia representativa, eligiendo a los consejeros constitucionales. Segundo, mediante las distintas instancias de participación ciudadana, como audiencias públicas, iniciativas populares de norma, y la consulta ciudadana. Finalmente, a través del plebiscito ratificatorio de diciembre. La mayoría de las Constituciones del mundo de mayor prestigio contaron con menos instancias de participación que las del presente proceso.

En democracia las reglas procedimentales tienen un rol fundamental. Las leyes gozan de legitimidad en gran parte por ser adoptadas respetando estos procedimientos. Tachar de ilegítima una Constitución que cumplió con dichas reglas solo porque el resultado no es de mí agrado sería una gran irresponsabilidad.

Como país necesitamos cerrar el tema constitucional para poder avanzar. Ello se logrará más fácilmente si no se pretenden constitucionalizar todos los temas que son relevantes para la sociedad. Pero también si la voluntad de respetar el proceso se manifiesta con claridad antes de tener un texto definitivo y comenzar la campaña del plebiscito.

"La mayoría de las Constituciones del mundo de mayor prestigio contaron con menos instancias de participación que las del presente proceso.

*Profesora de Derecho Constitucional e investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

Julio empezó con el alza de 6,7% en el TAG y peajes en las autopistas de todo el país, razón por la que el Ministerio de Obras Públicas tuvo una reunión con el movimiento No+TAG, donde llegaron al acuerdo de crear una mesa de trabajo que busque mejoras.

La titular de la cartera, Jessica López, comentó que "la discusión ha estado enfocada principalmente en las autopistas urbanas".

"Creemos que hay muchas cosas que son posibles de mejorar, en términos de seguridad, en estructura tarifaria, tarifas que están más relacionadas con el uso efectivo de las autopistas", añadió la secretaria de Estado, que detalló que la mesa se concretará en la Seremi Metropolitana.

López también afirmó que las peticiones del movimiento son "un conjunto bien grande de demandas que hemos decidido abordar".

El vocero de No+TAG, Andrés Alarcón, destacó que "estamos contentos de trabajar con el Ministerio de Obras Públicas y mejorar con respecto al sistema de concesiones" y valoró que las autoridades están "abiertas como ministerio a poder ahondar" la problemática de las autopistas urbanas.