Hace poco más de un mes el Consejo Constituyente inició el trabajo referido al análisis de la propuesta de norma constitucional redactada por la Comisión Experta. La ruta constitucional actual es compleja, temporalmente hablando. El proceso es relativamente breve, de hecho, el proyecto del Consejo debe estar terminado el 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre deberán efectuarse las adecuaciones finales, para ser sometido a votación el 17 de diciembre de este año.

A diferencia del proceso anterior, en esta segunda ocasión no ha existido estridencia. Antes bien, se advierte un trabajo silencioso que apunta a proponer a la ciudadanía un nuevo texto constitucional.

Según Carlos Salinas, académico de la Escuela de Derecho Universidad de Las Américas, todas las ocasiones que comportan la revisión de un texto constitucional son oportunidades políticas históricas. "Resulta relevante que esta labor pueda ser acometida con seriedad y con altura de miras, en orden a proponer un texto de consenso realista y ajustado a nuestra tradición histórica, que sirva de estructura y base para el desarrollo de nuestro país en los próximos 25 años".

La labor de los órganos constituyentes es una labor delicada y compleja: supone la revisión juiciosa de lo que se espera del Estado, de la estructura del poder, de los derechos y garantías constitucionales, de las obligaciones prestacionales que, con realismo y responsabilidad pueda asumir el Estado. Constituye, en esa perspectiva, una instancia de reordenación y modernización institucional. Y eso comporta ratificar que es labor del gobierno promover el mayor desarrollo material y espiritual posible de los individuos, en el contexto en que se garantice la libertad, la igualdad, la seguridad y los derechos de todos y cada uno de los integrantes de la nación.

Uno de los factores más importantes de la economía chilena es su capacidad exportadora y para ello la infraestructura portuaria es fundamental, algo que en los últimos años ha ido palideciendo.

Es innegable que actualmente existe una falta de capacidad portuaria, pero el tema no es tan simple como construir más puertos, sino que también hay que mejorar la cadena de suministro a dichas instalaciones.

A modo de ejemplo, el mal estado de la red ferroviaria del país y la lentitud de las licitaciones viales impide que los puertos chilenos aumenten su capacidad de operación. El tan anunciado proyecto de US$3500 millones en el Puerto de San Antonio, es imposible de ejecutar sin mejorar la red de ferrocarriles que tiene el país.

Por otro lado, si falta hoy capacidad portuaria, pero se estuviera construyendo o bien existieran diversos procesos de licitación, veríamos luz al final túnel. Pero no es el caso. El pipeline de proyectos versus las necesidades país, aún con crecimientos bajos, resulta insuficiente.

De hecho, si nos comparamos con nuestros vecinos, podemos observar que la capacidad de Brasil, las inversiones realizadas en Perú (que pese a los temas políticos han comenzado hace varios años) y las ventajas geográficas de Colombia, nos hace imposible pasar por alto el escaso pipeline de Chile. Peor aún, si consideramos que el Puerto Exterior de San Antonio lleva años de retraso y el Terminal 2 de Valparaíso parece hoy un sueño lejano.

Lo que en su minuto se pudo haber visto como un costo ahorrar, porque no era "tan urgente", nos está pasando la cuenta. Lo peor es que hoy se sigue viendo como algo menos urgente versus otros temas, en particular en el mundo político.

Todo lo anterior, ocurre sin que se haga una reflexión seria, de cómo esto afectara la productividad y el PIB de Chile en el futuro cercano.

Mario Yáñez,

gerente general de GPS Chile