La irrupción de Internet en todo el mundo se transformó en un punto de inflexión para el ser humano, especialmente en términos de comunicaciones y relaciones con su entorno. Los cambios han sido tan profundos como vertiginosos, ya que el mundo virtual se ha instalado paralelamente a la vida real y física, cotidiana, tal como la conocemos.

Después del impulso en el uso de la tecnología que dejó la pandemia, teléfonos inteligentes, tablets y computadoras se han vuelto esenciales para la vida académica de los niños. De acuerdo con un reciente informe de la empresa de seguridad informática Kaspersky, en Chile el 52% de los padres adquieren estos dispositivos con el objetivo de que puedan ser una herramienta de estudio para los menores. Sin embargo, esos dispositivos no siempre cumplen únicamente con los propósitos por los cuales fueron adquiridos, por lo que hay un crecimiento en la adopción de aplicaciones de control parental, para prevenir que los niños accedan a sitios inconvenientes.

Por ello, algunos hacen uso de estas herramientas para controlar los videos que ven los niños, las páginas que visitan y los videos que consumen. La crisis por la pandemia permitió valorar la importancia de Internet en el teletrabajo y el teleestudio, que habían tenido un lento avance en el mundo.

Es evidente que debe hacerse un buen uso de estas tecnologías, que tiene que ver tanto con lo técnico, como con lo humano, con el fin de que estas herramientas no se transformen en un objeto pernicioso. Los adultos deben entender que la infancia es un período crítico en que los contenidos audiovisuales influyen tanto de manera positiva como negativa en su identidad, en sus conductas presentes y en su vida adulta.

Chile es país unitario, donde el Presidente de la República tiene la responsabilidad sobre la gestión presupuestaria del Estado. Adicionalmente, la Constitución vigente establece el mandato de promover un desarrollo equitativo y solidario entre los territorios. Pese a ello, Chile lleva casi 15 años de crecimiento acelerado de la deuda pública junto con un desarrollo dispar entre regiones y localidades.

La descentralización del Estado podría generar una serie de beneficios para las comunidades al dotarlo de una mayor capacidad para identificar las urgencias de cada localidad junto con los mecanismos apropiados para enfrentarlas, mejorando la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, la descentralización también conlleva desafíos asociados a una pérdida de economías de escala, rezago de ciertos territorios, mayor riesgo de captura y clientelismo, atomización de la política fiscal, menor impacto de la política fiscal como herramienta contracíclica y pérdida del manejo responsable de las finanzas públicas.

Dada esta dualidad, una estrategia adecuada de descentralización debe considerar tanto el cumplimiento de ciertos principios, así como a nuestra realidad política y cultural. Su éxito dependerá de su capacidad de fomentar el desarrollo uniforme entre los territorios, en un contexto de finanzas públicas sostenibles a nivel país.

Por tanto, el solo traspaso de un mayor volumen de recursos o de mayores atribuciones no es un indicador suficiente del éxito de un proceso de descentralización, más aún si se considera que las formas y alcance de la descentralización fiscal varían mucho de un país a otro. Sin duda que el proceso de descentralización que ha implementado Chile no ha logrado reducir satisfactoriamente las brechas económicas y sociales entre los distintos territorios.

Uno de los elementos que se señala que ha dificultado este avance se relaciona con la toma centralizada de las decisiones de inversión regional, alejadas de las necesidades de las distintas comunidades, reduciendo la eficiencia del Estado en la provisión de bienes públicos. En este contexto, el Gobierno ingresó un proyecto de ley de descentralización fiscal, que busca avanzar con el proceso de fortalecimiento de las regiones, tratando de no descuidar la responsabilidad fiscal.

Aun cuando el proyecto se orienta en la dirección correcta, hay elementos que requieren de correcciones de forma de asegurar que la sostenibilidad fiscal no se verá amenazada por este proceso. Permitir el endeudamiento regional, debe evaluarse a la luz de los problemas que el no poder endeudarse implica. No vaya ser que "el remedio sea peor que la enfermedad".