Autoridades exigen fin de discrecionalidad en entrega de fondos del gobierno regional
CONTINGENCIA. Parlamentarios y Cores apuestan por cambios de la norma a raíz del "Caso Convenios".
De acuerdo a lo establecido por la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre el Gobierno y Administración Regional, "se requerirá la aprobación del consejo regional para asignar recursos a proyectos e iniciativas cuyos montos de ejecución superen las 7.000 Unidades Tributarias Mensuales, así como para el financiamiento de estudios preinversionales o diseños que dan origen a dichos proyectos e iniciativas", por lo anterior, es que hasta los 7.000 UTM ($442.000.000) queda a discrecionalidad del Gobernador Regional para financiar convenios o iniciativas a quien estime conveniente, sin aprobación del CORE.
Por lo anterior, y ante el actual escenario nacional por el "Caso Convenios", es que se ha reabierto el debate en torno a modificar dicha facultad establecida por ley, tanto por voces parlamentarias, así como de los propios consejeros regionales.
"Para evitar que se repitan estos casos de irregularidades en los Gobiernos Regionales, se requieren realizar diversas reformas que fortalezcan los controles, mayor concursabilidad, más exigencias a las instituciones ejecutoras", comentó la Senadora por Ñuble, Loreto Carvajal, agregando que "en la Ley de Presupuesto 2024 propondremos rebajar este límite para que CORES participen y fiscalicen en la asignación de recursos. Debemos limitar al máximo las asignaciones directoras de Gores y transitar hacia un esquema de mayor control vía CORES y más concursabilidad".
Por su parte, el diputado ñublensino Frank Sauerbaum, reflotó una indicación que él propuso en la Ley de Presupuesto el año pasado, "para que en la glosa de los Gobiernos Regionales, impidiera que los Gobernadores unilateralmente pudieran entregar montos de hasta 7 mil UTM sin pasar por el chequeo ni la fiscalización del Consejo Regional, de los CORE, y fue rechazada por los sectores del oficialismo".
El parlamentario manifestó que el presente año, "cuando ya han sucedido todos estos hechos de corrupción que se han revelado y los Gobiernos Regionales también se han visto involucrados, podamos tener una visión mucho más crítica de lo que ha ocurrido y podamos aprobar una norma como la que se presentó el año pasado. Nosotros la vamos a presentar, y además hemos presentado al Gobierno, al Ministro Elizalde el pasado lunes, 9 proyectos de Ley de Renovación Nacional, que entre otras cosas limitan unilateralmente, sin fiscalización previa, de recursos millonarios como los que se han conocido, así como una norma con la revisión de la Contraloría en todas las asignaciones directas, aunque sean montos pequeños".
El Consejero Regional por la Provincia de Itata, Sergio Inostroza, menciona que es necesario tener pleno acceso a la información de los distintos convenios celebrados a nivel país, "por todos los hechos que hemos sabido. Es importante que estos dineros públicos se gasten en directa relación para lo cual fueron asignados y que no se estén mal utilizando".
En la reciente Sesión Ordinaria (N° 118) del Consejo Regional de Ñuble, el CORE por Punilla, Javier Ávila, fue enfático en que "se ha confundido profundizar la regionalización con entregarle atribuciones a una sola persona con el cargo de Gobernador y se ha minimizado y restado el rol que tiene este cuerpo colegiado (Consejo Regional) en las 16 regiones del país, para fiscalizar (…) se le está haciendo un daño a la regionalización con la implementación de funciones, poderes y atribuciones unipersonales, y finalmente están poniendo a la propia autoridad elegida entre la espada y la pared, se le pone en un riesgo altísimo. La democracia significa conversar, tomar decisiones y ejercer contrapesos, y en las regiones los contrapesos se han perdido".
Finalmente, el CORE por Diguillín, Cristian Quilodrán, quien preside la Comisión de Fiscalización, envió una carta dirigida a la diputada Sara Concha, en la que plantea la necesidad de modificar la Ley en dicha materia. "Los aproximadamente $400.000.000 son una suma exageradamente alta a libre disposición del gobernador. Como muestra de eso, con el acuerdo del CORE de Ñuble, el gobernador pudo disponer de $10.000.000.000, lo que equivale aproximadamente al 20% del presupuesto regional, un alto porcentaje que no puede ser debidamente evaluado por el Consejo Regional (…) se propone que todo proyecto sobre 100 UTM debe pasar por aprobación del Consejo Regional, así como la función de CORE debe ser a tiempo completo y no 12 horas semanales como actualmente es".