Según datos de la Superintendencia de Educación, en el primer trimestre de este año se han interpuesto 1.530 denuncias de convivencia escolar. De ellas, 827 son por maltrato a estudiantes.

No hay duda de que la convivencia escolar ha sufrido un grave deterioro y, la falta de normas asociadas al concepto, se ha debilitado. Los casi dos años de confinamiento, donde 5 millones de estudiantes y 200 mil docentes se encerraron a causa de la pandemia, tuvieron un efecto en las formas en que la comunidad escolar se relaciona, precisamente debido a la falta de convivencia y de normativas comunes en cada familia durante el encierro. Todo esto llevó al Ministerio de Educación a incorporar este ámbito en su plan de Reactivación Educativa, a través del apoyo psicosocial a 100 comunas prioritarias.

Según María Jesús Honorato, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Las Américas, la afectada salud mental de los estudiantes requiere una intervención y apoyo profesional, lo que, a su vez, demanda docentes preparados. El trabajo, por lo tanto, debe ser integral a la comunidad escolar.

Por su parte, la Unicef entrega tres recomendaciones para enfrentar este tema: avanzar en el desarrollo de competencias que permitan proteger derechos en la aplicación de la normativa escolar; facilitar la participación de los distintos estamentos en la construcción del reglamento interno; y, fomentar el desarrollo de normativas y de un enfoque disciplinario en línea con el enfoque formativo.

Todas las iniciativas en este ámbito deben ser bien recibidas. Y es de esperar, que no se queden sólo en buenas intenciones.

En los últimos meses, la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas ha venido mostrando el complejo escenario por el cual atraviesa el mercado laboral, donde todavía faltan más de 400 mil empleos para alcanzar los niveles previos a la pandemia, y los grupos más rezagados son jóvenes y adultos mayores y personas con bajo nivel educacional.

Sumado a esos datos, la información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, permite analizar el empleo en una dimensión adicional: nivel de ingreso. De esta forma, la medición 2022 muestra un deterioro sustancial del mercado del trabajo en las personas de menores ingresos, en relación a la medición de 2017. Los resultados de la última encuesta Casen muestran un deterioro sustancial del mercado del trabajo en las personas de menores ingresos.

En ellos, la participación y ocupación laboral caen y el desempleo aumenta, en comparación a 2017. Además, en este segmento el porcentaje de ocupados por cuenta propia aumentó y el de asalariados disminuyó. Lo contrario ocurre en las personas de mayores ingresos. Estos datos vuelven a demostrar la necesidad de una agenda que promueva dinamizar el mercado del trabajo y que vuelva a crear empleos formales, especialmente en el segmento de menores ingresos, donde 63 de cada 100 pesos provienen de subsidios del Estado. Solo a través de más empleos formales el país podrá derrotar de manera permanente la pobreza. La tasa de participación y ocupación laboral caen en el decil I, mientras que en el decil X aumentan.

El desempleo, por su parte, crece entre el 10% más pobre, llegando al 36%, y se reduce entre el 10% más rico. Además, la calidad del empleo en la población de menores recursos y la clase media se deterioró con un alza de los empleos informales. Es fundamental priorizar proyectos que impulsen la empleabilidad formal en las personas de menores ingresos, única herramienta sostenible para derrotar la pobreza. En ese sentido, la misma encuesta CASEN da algunas luces de cómo avanzar: Reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), que incrementaría la productividad y, por ende, su empleabilidad. Cabe recordar que, según los datos de la encuesta Casen, el 42% de los pobres no completó la educación media y solo un 10% tiene un título de educación superior. Por otro lado, la inactividad laboral debido al cuidado de niños y adultos mayores en las personas en situación de pobreza casi se duplicó entre 2017 y 2022. Por lo tanto, es fundamental avanzar en proyectos de ley que incentiven la empleabilidad en este segmento, tales como el de sala cuna universal, y políticas que otorguen mayor flexibilidad en el trabajo.