El Convenio N° 169 de la OIT establece en su artículo 6, de manera imperativa, el deber de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Por su parte, el Decreto Supremo N° 66 que regula la materia, precisa que el deber de consulta recae principalmente en los ministerios, gobernaciones, y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, pudiendo los órganos constitucionales sujetarse a sus disposiciones. De igual manera, consigna que no se entenderán exentos del deber de consultar a los pueblos indígenas, cuando ello sea procedente en conformidad a la legislación vigente.

Con motivo del proceso constitucional que se lleva actualmente a cabo, la Subsecretaría de Desarrollo Social recomendó la realización de una consulta mientras que el Consejo Constitucional señaló que su cometido era redactar una nueva propuesta constitucional y no medidas legislativas o administrativas, y que además no era el órgano competente para implementarla.

Más allá de la discusión si procede o no la consulta indígena, lo concreto es que el Consejo Constitucional carece de atribuciones y recursos para realizarla.

Desde un punto de vista internacional, un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales. Por ello, si dos órganos especializados en la materia, como la CONADI y la Subsecretaría de Desarrollo Social, son de la opinión que dicha consulta procede, no se entiende la inacción del gobierno al respecto.

Ningún órgano del Estado puede excusarse o eludir el cumplimiento de una norma legal, como lo es el Convenio N° 169, estando obligados a someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ello. En este caso concreto, además, el cumplimiento de las normas internacionales recae principalmente en el Presidente de la República como jefe de Estado y en los órganos del Ejecutivo.

Por ello, siendo este mismo gobierno el responsable de realizar la consulta, no resulta comprensible dejar pasar el tiempo y apostar a la inacción. Si bien el problema de orden práctico es que tal proceso podría implicar un plazo de al menos cuatro meses, tal inconveniente es posible sortearlo mediante la utilización de plataformas electrónicas, procesos convocados y autoconvocados, entre otros.

Es deber de las autoridades el garantizar un proceso constitucional sin faltas ni dudas. Si el gobierno reitera que procede la consulta indígena, entonces está obligado a organizarla con prontitud, evitando abrir un flanco de cuestionamiento respecto de la legitimidad del nuevo texto constitucional.

Es revelador comprobar que cada vez hay mayor interés en la innovación social. Que las organizaciones que agrupan a los emprendedores crecen y se potencian, y que el espíritu colaborativo en el emprendimiento y la innovación, demuestra que hay tierra fértil para el desarrollo sostenible. Hasta hace un tiempo, hablar de emprendimiento era sinónimo de informalidad y pocos se animaban a dejar la seguridad de sus empleos estables y convencionales para apostar por sus ideas de negocio. Tal vez desde la pandemia, cuando cerraron muchas empresas y se generó un alto desempleo, surgieron más pymes para ocupar nuevos nichos de mercado. Y en este favorable escenario se ha comenzado a instalar el concepto de innovación social, que tiene que ver no sólo con la búsqueda de soluciones disruptivas para los problemas actuales, sino que estas soluciones tengan, además, a las personas como propósito central.

Se puede cambiar el foco de atención, innovar no sólo creando productos nuevos, sino que encontrando soluciones prácticas y distintas a problemas cotidianos pero mejor aún, hacerlo pensando en el futuro. El cambio climático, el desgaste de muchas de las fuentes de sobrevivencia, el daño al medio ambiente y la desigualdad económica y social, obligaron a pensar en generar negocios sostenibles y sustentables.

No obstante, la incertidumbre económica está poniendo en jaque a las pequeñas empresas y sobre todo a los nuevos emprendimientos innovadores. La inflación, las tasas de interés, la estrechez de los créditos, el valor del dólar y las alzas de los valores de los combustibles pueden conducir a una crisis económica que llevaría a la insolvencia financiera de personas naturales detrás de sus emprendimientos.

La pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleos, y por lo mismo, cuando enfrentan problemas esto repercute fuertemente en el mercado laboral. Es menester cuidar y proteger a las pymes y los puestos de trabajo durante el complejo momento económico, por lo cual los programas de ayuda, si bien no dejan satisfechos a todos, representan un paso importante.