Sistema político en el anteproyecto: diagnóstico y propuestas
Para nadie son un misterio las serias dificultades que enfrenta el Presidente de la República, en su calidad de colegislador, para llevar adelante su programa de gobierno. Y no nos referimos a un mandatario en específico, sino a una determinada manera de entender el presidencialismo que, durante los últimos veinte años, ha provocado sucesivas decepciones y desconfianza ciudadana. En efecto, por mucho que se hable del hiperpresidencialismo chileno, tal concepto no parece el que mejor describe a un presidente incapaz de ordenar a sus huestes o de lograr acuerdos relevantes con la oposición, como lo hemos visto en Chile. Y, mal que nos pese, nos hemos acostumbrado a tener mandatarios cuyas posibilidades se han visto reducidas al campo de la administración, abdicando tácitamente al verdadero gobierno de la nación.
Desde el diagnóstico, existe consenso en que las vicisitudes que enfrenta el Presidente son, principalmente, producto de la fragmentación de las fuerzas políticas al interior del Congreso. Esta, a su vez, hunde sus raíces en la debilidad del sistema de partidos, el clima de polarización política, y la falta de incentivos e instancias formales de cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso. Todo esto perjudica gravemente la gobernabilidad y favorece el inmovilismo en materias relevantes y de primera importancia para la ciudadanía.
Frente a este panorama, el anteproyecto de constitución elaborado por la Comisión Experta contempla un llamativo elenco de propuestas que, aunque todavía puede perfeccionarse, apunta en la dirección correcta. Así pues, los expertos proponen avanzar hacia un "presidencialismo de coalición", donde el primer mandatario pueda desplegar efectivamente el programa de gobierno por el que votaron sus electores y abordar oportunamente las urgencias sociales más acuciantes.
De esta manera, se pretende robustecer la caja de herramientas del Presidente, a través de propuestas tales como: Elecciones parlamentarias junto con la segunda vuelta presidencial; la posibilidad de que los parlamentarios firmen mensajes junto con el Presidente; la creación de comisiones bicamerales para ciertos proyectos de ley; el patrocinio de mociones e indicaciones sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; las sanciones al incumplimiento de urgencias legislativas; la posibilidad de que el Presidente proponga una agenda legislativa prioritaria cada año; la concentración de las elecciones en el cuarto año de gobierno; la creación de una oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio; y el establecimiento de un umbral electoral, que consiste en que los partidos deberán lograr al menos un 5% de los votos totales en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados, si desean participar de la repartición de escaños.
Por cierto que también hay normas que admiten un margen de mejora importante (como la pérdida del escaño parlamentario por expulsión del partido político que podría generar incentivos perversos en las cúpulas partidistas), sin embargo, todo indica que los expertos tomaron con la mayor seriedad posible la tarea de destrabar los nudos ciegos del sistema político, y ofrecieron al Consejo una novedosa batería de reformas institucionales.
Cabe esperar que por estas semanas en que se discuten y votan las enmiendas, los consejeros sepan valorar los esfuerzos que hemos descrito y -mientras ajustan lo que corresponda-, continúen en la línea trazada por la Comisión Experta. Después de todo, un sistema político que funcione adecuadamente podría ser uno de los mayores legados de la nueva constitución.
*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes.