El ministro de Vivienda, Carlos Montes, expuso ayer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios, donde pidió unos minutos "en secreto" para entregar información. Otro de los citados fue el exministro de Desarrollo Social y fundador de RD -partido a cuyos militantes que están ligados los millonarios traspasos desde el Ejecutivo a fundaciones-, Giorgio Jackson, quien se excusó. Al cierre de esta edición se desconocían sus motivos, aunque compartió en X un video de los Juegos Panamericanos.

"Estamos ante una situación muy grave, porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones. Por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta, porque tengo información que no puedo entregar públicamente", dijo Montes.

La petición fue concedida, por lo que sólo permanecieron en la sala los legisladores, el ministro y parte de su equipo, mientras que la transmisión online fue suspendida. Tras 40 minutos, se reanudó la conversación pública y el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), dijo que lo tratado "va a quedar en secreto".

El titular de Vivienda luego señaló que "hemos tenido una sesión bastante seria y bastante colaborativa, en el sentido de buscar la raíz de los problemas y tratar de ver alternativas para enfrentar los problemas".

Sobre la necesidad de secreto, el ministro afirmó que "nosotros tenemos un grupo interno de investigación sobre la situación. Acá no somos ni el Ministerio Público ni la policía, por lo tanto la información que nosotros logramos recabar es una información parcial, que no tenemos los mecanismos para chequear".

"Quisimos hacerlo así porque queremos ser serios, y no queremos de ninguna manera aparecer vinculando a personas con hechos sin que ellas tengan la posibilidad de decir cuáles son sus argumentos", destacó Montes.

Esto porque, a juicio del secretario de Estado, "aquí lo que importa no es la noticia, aquí lo que importa es que estamos llegando al origen del problema, a la solución y que se sancione a los que realmente cometieron irregularidades y delitos" en el marco del Caso Convenios.

Además de Jackson, no asistieron a la comisión investigadora los exministros de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres, cartera que también lideró Jackson durante los primeros meses de este Gobierno), Cristián Monckeberg; y de Vivienda, Felipe Ward.

Conflictos de interés

En los minutos públicos de la sesión, Montes señaló que las principales irregularidades detectadas son "el conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; la contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremi y/o Serviu, para realizar labores de línea de dichos servicios".

A lo cual se suma "el posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios, el riesgo de fraccionamiento de los convenios y, finalmente, no dar cumplimiento a modelo de rendiciones establecido en la resolución N°30 de la Contraloría", señaló el ministro.

El titular de Vivienda, asimismo, señaló una serie de faltas administrativas, como rendiciones atrasadas de cuentas, junto a convenios vencidos con actividades pendientes y sin restitución de recursos.

Diputados del Partido Republicano enviaron ayer una propuesta para que la Cámara Baja también pueda presentar acusaciones constitucionales contra los gobernadores regionales (Gore), ya que actualmente es sólo facultad del Senado. La iniciativa se enmarca en el Caso Convenios, donde se investigan millonarias transferencias desde gores a fundaciones.

Los legisladores republicanos acusaron "contradicciones" constitucionales sobre el procesamiento de las autoridades que comenzaron a ser elegidas por la ciudadanía en 2021, acusando que esta facultad también la tienen los integrantes de la Cámara de Diputados y no sólo el Senado, como ocurre actualmente.

"Se hace necesario una ley interpretativa que no de espacio a equívocos respecto de la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales", señalaron los republicanos, y así dar "concordancia y coherencia" a la Carta Magna.

El jefe de bancada, Benjamín Moreno, dijo que "esta facultad es sumamente necesaria, ante la serie de casos de presuntas irregularidades con traspasos de fondos públicos de manera directa a fundaciones del mismo signo político, como ejemplo lo ocurrido en la Región del Biobío con el caso de Camila Polizzi del Frente Amplio. Queremos evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir y que de producirse, podamos recurrir a esta herramienta de fiscalización".

En paralelo, y también desde Biobío, la diputada por la zona, Francesca Muñoz (PSC), presentó ayer un proyecto de ley de reforma constitucional para permitir las acusaciones constitucionales a los gores, "por los conceptos de vulneración de las leyes y la constitución, además de infringir la seguridad y el honor de la nación", explicó a Radio UdeC.

"Esta herramienta tiene que estar disponible por algún eventual delito que ahora mismo se esté investigando", agregó la legisladora.

El ex Mandatario Sebastián Piñera afirmó este fin de semana que "no le corresponde al Presidente (Gabriel Boric) estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir", debido a la frase "a quienes sean responsables los vamos a perseguir (...) con todas las vías de la ley, así que señor Piñera, está avisado", por las protestas del 18 de octubre de 2019.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció ayer en Tele13 Radio que "hay declaraciones que son totalmente inoportunas en ese período, de diversas personas y muchas declaraciones, muy categóricas, que condenaron siempre la violencia. Lo primero que haría es decir que aquí no hubo un sector que tuvo una declaración a favor de la violencia, en lo más mínimo".

"Nuestro sector no participó en ideas de derribar al Presidente Piñera, en ningún momento fuimos partidarios de derribar al Presidente Piñera. Hubo personas, parlamentarios que lo impulsaron, ciertamente, pero nuestro sector no fue parte de esas iniciativas", agregó la secretaria de Estado.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, asimismo dijo hace unos días que los destrozos en el Metro -situación que hoy se repite -durante las protestas de 2019 "es algo que tuvo en su minuto su contexto y hoy día lo importante es aprender la lección como sociedad (...) para poder procesar mejor estas desavenencias", pese a que entonces el extitular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, publicó en X que "las protestas de los primeros cuatro días fueron de desobediencia civil pacífica. (...) El Gobierno llevó a transformar esto en un campo de batalla".

"No se justifica ni antes ni ahora que se rompan las infraestructuras que ocupa toda la población, en ningún caso. La manera de manifestarse en democracia no es rompiendo bienes que son de todos", dijo Tohá.