La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) llamó a "movilizarse" en contra de la Ley de usurpaciones aprobada por el Congreso, donde se proponen penas de cárcel para quienes ocupen terrenos de manera ilegal, motivo por el que la agrupación pidió ayer "tomar las armas si resulta necesario".

"Defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche", señaló la CAM a través de un comunicado al que accedió la agencia Efe.

La Ley de usurpaciones "pretende legitimar al Estado colonial y presentar una visión errada de quienes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia, y que es la razón profunda del conflicto histórico en el Wallmapu", agregó el grupo que ha reivincado numerosos hechos de violencia, como incendios de vehículos y predios, además de amenazas.

La disposición legal aprobada a fines de agosto por el Senado establece sanciones más duras para el delito de usurpación de propiedades, llegando incluso a penas de cárcel, extiende el periodo de flagrancia y permite la restitución anticipada de la propiedad ocupada.

Pese a estar lista para su promulgación, el Presidente Gabriel Boric hasta el viernes tiene plazo para ingresar un veto sustitutivo, atribución que reemplaza una frase o artículo del proyecto, lo cual se "está conversando con las distintas bancadas", señaló ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, en ADN Radio.

"Este proyecto como salió tiene profundos problemas, genera mucha preocupación en el ambiente de las personas que son especialistas en esta materia, porque desde el punto de vista de la Ley penal es correr un cerco, en el sentido en que el monopolio del uso de la fuerza lo tenga el Estado y no que cada persona se defienda sola", explicó la secretaria de Estado.

El objetivo, explicó la ministra, es "regular de una forma razonable la legítima defensa, para que no se transforme en ley de la selva, que es de alguna manera lo que este proyecto habilitó".

A ello se suma "que las penas sean escalonadas, que no sea la misma pena para todas las situaciones, porque no puede ser que dé lo mismo saltar una reja, que amenazar con una pistola en la cabeza al propietario".

"tongo mediático"

La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) publicó ayer un comunicado en Werkén Noticias donde afirma que "ninguno de los 11 detenidos durante el mediático operativo del jueves, es integrante de nuestra organización y descartamos, enfáticamente, que tengamos algún vínculo con los pacos (sic) detenidos en dichos allanamientos", por lo que calificó la operación como un "tongo mediático".

Tohá respondió que "hay una investigación detrás de lo qu afirma tanto el fiscal como los funcionarios de la PDI que participaron, que vincula a las personas con esta orgánica, porque las posiciona en lugares donde se realizaron atentados, hay escuchas telefónicas".

La diputada Catalina Pérez negó ayer la posible vinculación que estableció la Policía de Investigaciones entre ella y las transferencias irregulares a la fundación Democracia Viva desde la seremi de Vivienda de Antofagasta.

Dicha versión policial, surgida de un informe respecto de la investigación que lleva adelante, expuso que "existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias" entre los dos principales involucrados, el exseremi Carlos Contreras y el director de la ONG Democracia Viva, Daniel Andrade, "y posiblemente la diputada Catalina Pérez debido a su relación sentimental entre ésta y Andrade".

Ayer la legisladora, cuya militancia en RD está suspendida y quien terminó su relación con Andrade, habló en el Congreso Nacional y se escudó en la declaración que entregó su abogado Gonzalo Medina quien dijo que la legisladora "jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo".

En ese contexto, la parlamentaria agregó que "el informe de la PDI no aporta absolutamente ningún antecedente nuevo sobre mi persona. Estoy tranquila, no interferí de ninguna manera en la firma de los convenios".

Agregó que "el llamado es a no prejuzgar y a dejar que las instituciones funcionen como corresponde".

Sin entregar más detalles, la diputada Pérez dijo que "como he señalado en múltiples ocasiones no interferí de ninguna manera en la firma de los convenios. Estoy tranquila, no hay nada más que agregar y mi abogado ya ha dado nuestra opinión sobre el tema".

Un grupo de encapuchados que generó desordenes en el Liceo de Aplicación ayer en la mañana roció con un líquido combustible a uno de los inspectores del recinto y amenazó con prenderle fuego, luego de que intentara evitar que quemaran algunos basureros del recinto.

Los incidentes se produjeron cuando estos individuos salieron a la calle para cortar el tránsito, lo que generó un enfrentamiento con Carabineros con el lanzamiento de bombas molotov y fuegos artificiales.

El teniente coronel Robinson Villarroel de la Prefectura Santiago Central informó que se trató de unas 20 ó 30 personas que participaron de los desórdenes.

El bloqueo de calles terminó con "la detención de un joven de 18 años, que estaría confirmado como alumno (de cuarto medio) del liceo, que estaba lanzando bombas molotov en contra de Carabineros", añadió el oficial.

Más tarde se informó de otros tres aprehendidos.

Tras la detención, el grupo ingresó al recinto educativo e intentó quemar un basurero, a lo que se opuso un inspector del establecimiento, ante lo cual los vándalos lo rociaron con un líquido combustible. Esto generó que el afectado sufriera una descompensación por lo que fue trasladado al hospital de la Asociación Chilena de Seguridad sin sufrir quemaduras.

"Hechos aislados"

Ante lo ocurrido, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, si bien afirmó que se trata de situaciones "muy aisladas", recalcó que "estos hechos no pueden quedar en impunidad y esto requiere de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimiento educacionales, y también de la investigación de las policías y la Fiscalía para que no queden sin sanción".

"Este año también se han llevado adelante en varios casos la sanción máxima, que es de expulsión, en cerca de 30 casos este año; el año pasado también hubo muchas situaciones de ese tipo, así como también otras sanciones y otras conversaciones", agregó.

El Juzgado de Garantía de Angol descartó ayer aplicar medidas cautelares contra los 17 comuneros acusados de secuestrar a tres funcionarios de Gendarmería, a comienzos de mayo. Entonces, algunos reos fueron trasladados a otros centros penitenciarios, mientras que en la última jornada se desechó la petición de la Fiscalía debido a que los detenidos ya están tras las rejas, cumpliendo condena o en prisión preventiva. A esto se sumaron 60 días de investigación. En mayo, tras lo ocurrido, se conoció que los presos mapuches tenían un diván tántrico, una piscina estructural y las visitas ingresaban sin registro.