A favor
Enrique Brahm García
El período más extenso y extremo de anarquía que ha vivido Chile se inició luego de la derogación, a los pocos meses de su entrada en vigor, de la Constitución Política de 1823, obra del gran patriota ilustrado Juan Egaña. Desde Londres donde se encontraba como representante diplomático de Chile con la misión de conseguir que las principales potencias europeas reconocieran la independencia nacional, su hijo Mariano le escribía descorazonado: "El movimiento último se ha mirado como el más escandalosos que ha ocurrido en América, donde hacía ya muchos años que no se veían pobladas, manifestándose ahora que todavía estamos en estado de que se junten cuatro en la plaza a quitar el gobierno y mudar constitución. En fin, yo no sé qué decir a Ud. Chile ha vuelto al año 1811 y se arruinó su crédito". En los años siguientes se gobernaría sin constitución en un ambiente de gran inestabilidad. Las "leyes federales" de 1826, darían paso al texto constitucional de 1828 - de efímera vigencia - y recién a partir de 1833 se alcanzaría el orden bajo una nueva constitución.
En 1925 se promulgó el siguiente texto constitucional, bajo cuya vigencia gobernarían Emiliano Figueroa y luego Carlos Ibáñez - quién obtuvo el 98% de los votos en la presidencial de 1927 -, pero que se vio obligado a renunciar ya en 1931 en medio del descalabro económico que se vivía en Chile, profundamente afectado por la "gran depresión" de 1929. A partir de ese momento se empezaría a vivir un nuevo período de gran inestabilidad política conocido como la "segunda anarquía". El candidato de los partidos y sucesor de Ibáñez, Juan Esteban Montero sólo alcanzó a gobernar un par de meses antes de ser derribado, a comienzos de junio de 1932, por un golpe dado por algunas unidades militares, con lo que se constituyó la "República Socialista", que tuvo un par de semanas como hombre fuerte a Marmaduque Grove, hasta que este perdiera su protagonismo en virtud de una nueva intervención militar que puso a la cabeza del gobierno al periodista y diplomático Carlos Dávila. Con la República Socialista se clausuró el Congreso y se hicieron preparativos para organizar una Asamblea Constituyente de base corporativa que debía elaborar un nuevo texto constitucional. El orden, el fin del predominio militar y la estabilización del régimen de gobierno consagrado en la Constitución de 1925, se consolidaría recién a partir de la elección de Arturo Alessandri como Presidente de la República a fines de 1932.
Chile es un país legalista que requiere de reglas claras. Si bien no se ha llegado al extremo de los momentos anárquicos antes relatados, la incertidumbre constitucional en que vivimos desde hace varios años, que se sustenta en un radical cuestionamiento de la Constitución vigente - sea que se la llame de "Pinochet", por algunos, o de "Lagos", por otros -, impide la consolidación de un orden cierto y estable. El proceso constituyente actual, a punto de llegar a su término, es el más democrático que ha existido en la historia nacional. En efecto, en él han dialogado dos mayorías: en la Comisión Experta, la de la última elección parlamentaria; y en el Consejo Constitucional la resultante de un nuevo proceso eleccionario del que resultaron mayorías nuevas. Además, se ha dado una amplia participación a sectores sociales y políticos sin representación en esos órganos. Se ha dialogado, se ha discutido, se han alcanzado consensos en muchas materias y el resultado está siendo un proyecto de categoría y con muchas virtudes. Naturalmente ningún sector está de acuerdo con todos y cada uno de sus artículos. Eso sería alcanzar la cuadratura del círculo. Pero, sin duda, se trata de un texto mejor que la Constitución vigente, con el que Chile podría recuperar la estabilidad perdida. Para ello sólo cabe votar a favor en el plebiscito de salida.
*Universidad de los Andes.