Alrededor del mundo las patologías de salud mental se presentan mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres. Durante muchos años se atribuyó esta diferencia únicamente a factores biológicos de diferente índole, sin embargo, los estudios científicos de los últimos diez años dan cuenta de una disminución de las cifras generales de patologías de salud mental en los países que han logrado avanzar hacia una mayor igualdad de género.

Desgraciadamente, según cifras del último estudio de brecha de género realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta brecha persiste en la mayoría de los países.

El mismo informe publica un ranking de países en relación con la desigualdad de género y desgraciadamente Chile se encuentra dentro del peor grupo de Latinoamérica. Una de las principales razones, plantea Claudia Barrera, siquiatra y CEO de Grupo Cetep, tiene relación con el retraso que hay en el país con respecto a las modificaciones y legislación necesarias relacionadas con la igualdad económica, asunto en el que se advierte una significativa brecha que urgentemente ha de mejorarse.

En un último informe de licencias médicas en Chile, basado en 192 mil evaluaciones realizadas entre los años 2013 y 2022, el 61% del total de licencias médicas mentales corresponde a mujeres. Cambiar esta realidad exige el compromiso de toda la sociedad.

Compartir responsabilidades domésticas y permitir el acceso a oportunidades de desarrollo sin sesgo de género es clave para detener el aumento de problemas de salud mental en mujeres. Urge que se avance hacia una sociedad más igualitaria con políticas de género y medidas que potencien la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad; éstas desempeñan un papel esencial para abordar esta problemática, reducir la brecha de género y mejorar la salud mental y bienestar de toda la sociedad.

Si ha de hablarse de equidad de género y mayores oportunidades labores para las mujeres, es imprescindible entonces que se aborde este fenómeno, reflejo de una sociedad que se ha desarrollado de manera inequitativa, con un segmento de la población que ha estado más expuesto a estas patologías.

El próximo fin de semana electoral se cumplirán 3 años continuos de proceso constituyente o aún más si consideramos que esta etapa del país se inicia con los sucesos de octubre de 2019. Este proceso, qué duda cabe, ha tenido de dulce y de agraz. Se inicia con los difíciles momentos del "estallido social" en que sectores de nuestra sociedad y representantes políticos instrumentalizaron los problemas que sigue enfrentando Chile para incentivar la violencia, la confrontación e intentar incluso un recambio del gobierno que ejercía legítimamente sus tareas.

Entremedio tuvimos nada menos que una pandemia de alcance global y hoy vivimos los coletazos de un gobierno totalmente negligente en la más extensa gama de asuntos que gestiona. Sin embargo, como tantas cosas en la vida, nos enfrentamos a dos alternativas: o abrazamos el pesimismo de seguir en un ciclo de incertidumbre y falta de respuestas o tomamos el desafío del futuro del país con un marco constitucional seguro y estable.

Esto último es lo que representa la opción a favor del próximo domingo 17: cerrar de buena manera el ciclo constituyente aprobando una propuesta seria, elaborada sin estridencia y que aborda los problemas estructurales que hoy aquejan al país.

Es de perogrullo que cualquier chileno, interrogado acerca de qué aflige hoy al país, respondería que es la falta de seguridad, la crisis económica y la crítica situación en que se encuentran los bienes públicos que el Estado provee, como la salud o la educación. En seguridad, la propuesta consagra deberes específicos del Estado en orden a proteger a los ciudadanos, defenderlos del delito y ordenar el problema migratorio.

Para recuperar la estabilidad económica, por su parte, será esencial contar a la brevedad con un marco constitucional y legal claro, mientras que en materia de bienes públicos como salud o educación introduce mayores deberes de solidaridad al interior de la ciudadanía, pero respetando los principios que hicieron de Chile uno de los países más desarrollados del continente, entre los que está la participación conjunta de privados y del Estado para satisfacer las demandas sociales o el respeto irrestricto por los ahorros previsionales de los trabajadores. Además de disminuir la cantidad de parlamentarios, aumenta los requisitos para llegar al parlamento y establece una agencia contra la corrupción, entre otras demandas ciudadanas.

No es casual, entonces, que el gobierno esté entonces en contra. Su aspiración es seguramente agudizar la problemática y la confrontación que alimenta a sus adherentes, pero claro es que la mayoría de los chilenos estamos por que el país recupere su senda de orden, crecimiento y mesura, y aspiramos al cierre definitivo de la discusión que nos tiene divididos y entrampados hace casi 4 años. Para todo ello a favor es lo mejor para Chile este próximo domingo 17.