La Cámara de Diputados aprobó ayer por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, el informe de la comisión investigadora para el Caso Convenios, donde se pesquisaron las millonarias transferencias por convenio directo entre el Ministerio de Vivienda y diversas fundaciones, durante los años 2022 y 2023.
El documento concluyó que "evidentemente hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado", donde es "una práctica transversal de aprovechamiento de este sistema de convenios".
Esto deriva de "la flexibilización de requisitos para transferencias a terceros, permitió que diversas instituciones sin experiencia previa fueran receptoras de fondos públicos", lo cual apunta a la directora de Presupuestos y expareja del exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade (exRD), Javiera Martínez (RD).
Miguel crispi
El informe destacó "la falta de voluntad del Gobierno de colaborar con las instancias fiscalizadoras de la Cámara", lo cual "no resulta 'un hecho aislado'", como señaló el Ejecutivo frente a las reiteradas negativas del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), para no asistir a la comisión, lo que "sólo fue subsanado tras 'la amenaza de un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría'".
Crispi frente al Caso Convenios tiene un doble rol: por una parte, su actual cargo de confianza del Presidente Gabriel Boric -quien también fue citado en el informe de los legisladores al no responder preguntas mediante oficios -, así como su rol de exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere). En ese período el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (exRD), firmó el convenio con Democracia Viva.
El jefe de asesores esta semana saltó nuevamente a la palestra al conocerse en Canal 13 un chat entre Contreras y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), donde esta última el 5 de junio, es decir, once días antes de que el Caso Convenios apareciera en la prensa, pedía información sobre Democracia Viva a causa de dudas en el Ministerio.
Crispi, durante su comparencencia ante la comisión de la Cámara, en noviembre, reconoció la existencia de "un rumor" previo en La Moneda, del que, sin embargo, no habría informado a su jefe directo, Boric, quien en la misma semana se refirió a un oficio al menos siete días antes de la noticia, lo cual luego fue desmentido por el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Montes insiste
La comisión investigadora subrayó "el reproche por la diligencia con la que condujo el Ministerio" su titular, Carlos Montes, quien ha afirmado numerosas veces desconocer lo ocurrido y, ayer, insistió en que "yo supe el día 16 de junio" del caso.
Esto porque en la conversación por WhatsApp antes citada y publicada por Canal 13, Rojas decía estar a la espera del visto bueno "del ministro", frente a lo que ayer Montes replicó que "todo este reportaje yo lo he visto en detalle, lo hemos visto con el equipo, son las cosas que ya se habían dicho, no hay cosas distintas. (...) Yo no di visto bueno ni visto malo".
El Presidente agregó que "no hay nada que esconder", mientras que lo enviado por Contreras a Rojas "que yo sepa, ese informe no está a disposición, no es algo que haya llegado, no hay nueva información".
Perspectiva de género en caletas
El Presidente Gabriel Boric durante sus días en Chiloé promulgó la Ley bentónica, que regula la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos del fondo marino. Allí, el Mandatario afirmó que "el 2023 yo, personalmente, adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género", en medio de la crisis de seguridad y probidad. Ante las críticas, ayer el Mandatario dijo que "yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas".
