El nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, fue ayer a La Moneda y ofreció "disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, de las autoridades que me acompañan (la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara), por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución", en referencia a las filtraciones de información secreta realizadas por su antecesor, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla.
"Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos", agregó el nuevo alto mando, en tanto que Muñoz permanece cumpliendo prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica PDI de Cerrillos, Región Metropolitana.
La titular de Interior agregó que se debe "asumir que lo ocurrido, a partir de la investigación que se ha abierto, plantea un desafío del punto de vista de tomar medidas en materia de probidad".
"Estas son las cosas que no se pueden dejar pasar. Cada vez que hay crisis de este tipo y se conocen casos que involucran la probidad o hay denuncias y debe esclarecerse si hay casos de corrupción al interior de una institución pública, es el momento de tomar las decisiones del caso para, a partir de esa experiencia, reforzar las medidas de prevención y tener a futuro la seguridad de que no se van a repetir historias de este tipo", señaló Tohá.
Cerna tendrá que "enfrentar seriamente las medidas para reforzar la probidad", indicó la ministra, quien conoce al detective al menos desde 2016, cuando era subprefecto de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Santiago, comuna entonces liderada por Tohá, señaló ayer La Tercera.
Aquel mismo año se conoció que el partido dirigido entonces por la actual ministra del Interior, el PPD, recibió dinero de SQM.
SQM es la empresa que durante este Gobierno se adjudicó la explotación del litio a través de una asociación con Codelco que aún debe firmarse.
El exdirector nacional de la PDI está siendo investigado por el envío de información perteneciente a causas reservadas a Luis Hermosilla, conocido por representar a líderes políticos, figuras públicas o agentes financieros: desde este último rubro se conoció que el abogado habría realizado pagos indebidos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF), mediante una serie de grabaciones conocidas como Caso Audios.
Hermosilla, en paralelo, trabajaba en la defensa del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), citado por el Caso Convenios, que averigua el destino de más de $30.000 millones entregados a diversas fundaciones, entre ellas Democracia Viva y ProCultura.
Crispi cambió de abogado, pero existen dudas sobre los antecedentes manejados por Hermosilla, frente a lo que ayer Tohá declaró que "los clientes no son culpables de los delitos que cometen sus abogados, salvo que alguien tenga algún antecedente que lo vincule. Yo no conozco ninguno".
La ministra dijo que al preguntarse "por qué (Crispi) lo conoce y de dónde, se da cuenta que es totalmente entendible cómo llegó a ese abogado, que efectivamente tenía un gran prestigio".
"Es una conducta incoherente"
El miércoles sesionaron unidas las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley de reglas del uso de la fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas, debate que luego se suspendió y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, fue llamado a salir, ya que el oficialismo se niega a que expertos de las FF.AA. participen otra vez en la instancia. Ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "es una conducta incoherente pedir algo urgente y después no darle urgencia".
