El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, criticó el acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Democracia Cristiana para avanzar en un alza de impuesto a la renta para quienes tengan ingresos superiores a los 4,5 millones de pesos.

"No estamos por la subida de impuestos a nadie. Ni a las empresas ni a las personas", afirmó el líder gremial luego de que el Ejecutivo cediera ante la petición de la DC de que se subiera el piso de ingresos para este aumento de los 3,2 millones de su propuesta original, como parte de la propuesta de pacto fiscal.

"Hemos planteado y le reiteramos al ministro (Marcel) que no nos parecía un aumento de impuestos. Partamos de esa base. Estamos considerando la misma cifra de la reforma rechazada. No es bueno subir impuestos porque afecta al ahorro y la inversión incluso de aquellas personas que puedan estar en ese rango", dijo Mewes.

A su juicio, "hoy está cada día más difícil encontrar viviendas y arrendar, entonces hay una serie de elemento que nos permiten decir que no es bueno el subir impuestos. Yo creo que debemos generar espacio de ahorro, crecimiento, que esa gente pueda invertir".

Redacción

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), generó ayer una dura reacción del Gobierno tras exponer su recelo ante el anuncio de que se buscará que las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre próximo se desarrollen en dos días: la virtual candidata presidencial afirmó que no le gusta la idea porque "la posibilidad de fraude es enorme".

El organismo especializado hizo esta propuesta, basado en que será la primera elección con voto obligatorio que tendrá múltiples opciones en cuatro papeletas (alcalde, concejales, gobernador regional y consejeros regionales), a diferencia de las anteriores que fueron plebiscitos con una papeleta y dos opciones. Por ello el Servel estimó que serían necesarias al menos 14 horas de votaciones, sin contar los escrutinios, por lo que es difícil que se haga en una sola jornada.

La idea fue recogida por el Gobierno para presentarla como proyecto de ley, pero la jefa municipal y principal rostro de la oposición afirmó ayer que "no me gusta para nada, por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme".

"Me carga el tema de una elección en dos días. ¿Por qué no ponen más establecimientos? Todos vamos a estar de acuerdo en eso, pero dos días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar", agregó.

"Muy grave"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió que "es muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno. Desde el retorno a la democracia no hay ningún antecedente que le permita dar sustento a las preocupaciones de la alcaldesa Matthei".

"El sistema electoral chileno es un sistema ejemplar, que da confianza, que es transparente, que es rápido, que es oportuno, y que ya tiene experiencia en materia de procesos electorales que se han llevado en dos días y no ha habido cuestión en materia de transparencia", agregó.

En la misma línea, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, indicó que "como Gobierno acogimos la propuesta del Servicio Electoral. La propuesta de tener una elección en dos días fue realizada por el Servicio Electoral sobre la base de antecedentes de carácter técnico. Lamentamos que se genere un manto de duda respecto al sistema electoral chileno, que es ejemplar, más aún cuando ya hubo una experiencia exitosa que se implementó bajo el gobierno pasado de un diferente signo político".

"No corresponde generar dudas respecto a la fortaleza de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema electoral, y la propuesta que se ha acogido por parte del Gobierno es la que elaboró el Servel sobre la base de antecedentes técnicos", sentenció.

El senador del P.C. Daniel Núñez, luego de la elección de la mesa del senado, expresó que era necesario que la ciudadanía se manifestara y ejerciera presión social. Esas declaraciones fueron secundadas por Diego Vela, presidente de RD. El senador Latorre agregó, por su parte que, dado que eran minoría política, debían disputar lo que llamó "la mayoría social".

En suma, lo que esos actores políticos sostienen es que el proceso democrático -la agregación de votos mediante elecciones y el diálogo entre las fuerzas resultantes- no debe tener la última palabra puesto que, en su opinión, si se es minoría desde el punto de vista de los votos, se puede ser mayoría de otra forma, mediante la capacidad de movilizar a la sociedad o a parte de ella.

¿Qué decir de todo eso?

Lo primero que llama la atención es que esas declaraciones llaman a hacer política desde fuera de las instituciones. Ahora bien, como en una democracia liberal la política se define, en términos generales, por los medios institucionales empleados, no cabe duda de que la presión social que aspira a sustituir al resultado de las instituciones (en otras palabras, que aspira a torcer la voluntad de la mayoría política mediante lo que se ha llamado mayoría social) no es genuinamente democrática.

Por supuesto una democracia liberal permite, y alienta, que las personas y los grupos se expresen y manifiesten sus intereses y puntos de vista; pero ello a condición de que no aspiren a sustituir el resultado del proceso democrático, que no pretendan obtener mediante la movilización social de intereses lo que no lograron en las urnas mediante el voto. Una democracia -nunca se insistirá demasiado en ello- admite la prosecución de cualquier fin; pero a condición de que se empleen medios legítimos, el principal de los cuales es el uso de los procesos eleccionarios como el test final a la hora de averiguar la voluntad del soberano.

Y eso es lo que esas declaraciones parecen desconocer de manera explícita.

Ese tipo de iniciativas, de prosperar, dañan los aspectos más notorios de la democracia, en especial, la agregación de voluntades mediante el voto y el diálogo sin presiones coactivas. Dañan la agregación de preferencias porque sustituyen la regla según la cual "cada uno cuenta como uno y nadie más que uno" por la protesta agregada de masas y perjudican, al menos a primera vista, la deliberación porque no se comprometen en un proceso de diálogo racional en el que se apela a valores públicos, sino que prefieren echar mano a diversas formas simbólicas y dramáticas de presión en los que un conjunto de valores finales expuestos de manera simplista (no al lucro, si a la educación pública, no a la educación de mercado) intentan imponerse.

Todo esto se explica porque hay quienes -el PC es un buen ejemplo; pero parece que hay que sumar ahora a RD- emplean, a veces sin advertirlo, dos conceptos distintos de democracia.

Uno, la democracia como una forma de gobierno consistente en que adopta las decisiones quien obtiene la mayoría en un proceso eleccionario formal; el otro, la democracia entendida como la voluntad fáctica o de hecho de grupos movilizados. Como es obvio, esos dos sentidos no coinciden: una cosa es ganar en las urnas, otra tener la capacidad de expresar intereses en la calle. La democracia liberal -sobra decirlo- afirma que quien gana en las urnas debe predominar sobre quien lo hace en la calle.

¿A qué se debe entonces esta transgresión tan obvia del juego institucional?

Es fácil explicarlo.

Cuando se pierde en el juego democrático en el primer sentido, en el de los votos (como ha ocurrido al PC y al FA), se echa mano al segundo, al de la calle, arguyendo que se trata simplemente de profundizar la democracia. Es esta una argucia puramente retórica, una trampa verbal que transforma en democrática cualquier conducta, incluso la que aspira a torcer la voluntad del electorado manifestada en las urnas no mediante razones o mediante los votos, sino mediante la capacidad de agitar y movilizar a grupos insatisfechos a los que, mediante la propaganda, se transforma momentáneamente en masas: no en sujetos que se expresan, sino en grupos a los que se agita y moviliza sin dejarles espacio para ningún discernimiento.

Por eso esas declaraciones deben ser rechazadas porque son ni más ni menos que una desvalorización de las instituciones.