La Corte Suprema acogió un recurso de no innovar interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para evitar que el juicio que se iniciará el lunes contra 19 miembros del grupo criminal "Los gallegos", de un total de 38 imputados, sea presencial como lo había definido la Corte de Apelaciones de Arica, lo que había sido cuestionado tanto por la Fiscalía como por Gendarmería y el Gobierno por la complejidad que representaba dicho trámite que incluía hasta traslados desde Puerto Montt.

Apenas se conoció que el tribunal de alzada había definido que el proceso se ejecutara de manera presencial, las autoridades políticas y penitenciarias coincidieron con la Fiscalía en que se trataba de una medida peligrosa por la alta organización del grupo delictual y el peligro de fuga que ello conllevaba.

Antes de la resolución del máximo tribunal, el fiscal regional de Arica expuso en radio Cooperativa que "no deberíamos estar ad portas de este juicio discutiendo sobre la presencialidad. Deberíamos tener regulada ya una forma distinta en relación con los juicios a bandas de crimen organizado, no tiene que ser el mismo estándar respecto a un juicio normal y común".

Y la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que "hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones; es propio del proceso penal. Lo que nos corresponde a nosotros es que donde quiera que se haga este proceso, se refuercen las medidas de seguridad".

Finalmente la Corte Suprema aceptó el conjunto de argumentos expuestos por las instituciones y se publicó en la página del Poder Judicial que "acogió orden de no innovar presentada por Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en apelación de recurso de amparo, por lo que no se verificará el traslado de los imputados al inicio del juicio oral, programado para el lunes 22 de abril de 2024 y la audiencia se realizará de manera telemática respecto de todos los imputados".

El dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) en el que se establece que la rebaja de 45 a 44 horas de jornada laboral semanal debe hacerse en un solo día generó una fuerte reacción del sector privado, que acusó al organismo de imponer un criterio y hacer una interpretación restrictiva de la norma.

El documento que determina cómo debe ejecutarse este primer paso en el camino hacia la total implementación de las 40 horas de trabajo semanal, que se completará en 2028, descartó, por ejemplo, que los empleadores dividieran la hora de disminución de labores en cinco tramos de 12 minutos diarios a recortarse al final de cada jornada o en la hora de colación.

"Según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, señalando que cuando estamos hablando de una hora, de una jornada semanal de lunes a viernes, este 26 de abril a lo menos tiene que reducirse en una hora al día", expuso el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

Sin embargo, desde el mundo privado hubo reparos, pues acusan que se trata de una interpretación que no aplica la gradualidad prometida durante la discusión y aprobación de la ley.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, afirmó que "la DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de una hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en un día a la semana, considerando que la propia ley no establece esa distinción".

"Podría incluso considerarse contraria a la gradualidad con que se pretende implementar la ley", agregó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, sostuvo que "a una semana de la entrada en vigencia de varias de las disposiciones de ley de 40 horas, vemos que nuevamente la autoridad administrativa impone un criterio que va más allá de la ley".

"Creemos que atenta contra la autonomía de las partes para alcanzar acuerdos entre ellas definiendo la mejor manera de implementar la rebaja horaria. Esta forma de interpretar la ley por parte de la DT no considera la realidad interna de las empresas ni los complejos ajustes que deben realizar para adecuarse a las nuevas exigencias legales de tal manera de no generar un impacto negativo para estas y sus trabajadores", añadió.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, consideró esto como una "imposición inapropiada y fuera de norma", pues "las empresas ya han tomado sus decisiones internas para hacer este ajuste en virtud de las necesidades y regímenes internos de cada organización, adaptándose a sus propias realidades y a lo que exige la ley (...) Sacar este conejo del sombrero a última hora es del todo inadecuado".

Contradicción

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió la interpretación y remarcó que "la ley habla de una hora al día menos de jornada laboral. Aquellos que están pensando unilateralmente en disminuir esto en minutos van a tener que buscar una solución de acuerdo a la ley y a lo que el dictamen establece".

Sin embargo, el propio Zenteno había abierto esa puerta 10 días antes: en radio Biobío, el 9 de abril afirmó que "la norma imperativamente dice: el empleador en acuerdo con el trabajador o trabajadora, o con la organización sindical, debe determinar de común acuerdo cómo se va a hacer esa reducción de una hora. Y si no hay acuerdo, lo que la ley dice es que efectivamente es el empleador el que tiene que tomar la decisión y establece esta fórmula proporcional. Es decir, que tiene que reducir un porcentaje del día que pueden ser 10 minutos si la jornada dura 6 días o 12 minutos si la jornada es de cinco días".