Redacción

A través de una declaración pública, y en medio de una fuerte tensión entre el Ministerio Público y La Moneda por un recorte presupuestario de más de 7.000 millones de pesos para 2025, ayer la Corte Suprema se refirió a la rebaja de más de 17 mil millones de pesos que afectará al Poder Judicial en el año en curso, advirtiendo que habrá "un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral".

Lo anterior, indicó el Pleno del máximo tribunal, ocurre por "la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores".

La Suprema añadió que "se ha expuesto al Ministerio de Justicia la necesidad de fortalecer la dotación de tribunales especialmente en materia laboral, de familia y penal". Esta necesidad de nueva dotación es de "731 jueces, 203 consejeros técnicos y 2.893 funcionarios". Esto, además, "implica un déficit de dotación de jueces de primera instancia, equivalente al 47%", llevando al límite de su capacidad de "atención tramitación y resolución" a los tribunales.

Alza de la luz, 40 horas

"Una rebaja del presupuesto del subtítulo 21 pone en serio riesgo la continuidad operacional de la institución", indica el texto, pues "implica restringir el presupuesto de suplencias, que permite financiar una parte de las ausencias de personal de tribunales, no disponible por feriado o licencias médicas (...). En el ámbito de déficit de dotación ya indicado, cualquier rebaja presupuestaria, implica en la práctica reducir aún más la capacidad de tribunales y aumentar las cargas de trabajo existentes. Ello ante un escenario creciente de ingresos en tribunales de todo el país".

La Corte añadió que "a la fecha no existe avance en los proyectos de ley que incrementan dotación de tribunales, por lo que en el corto y mediano plazo se proyecta que el déficit estructural de dotación se mantendrá", y detallaron los mayores costos, como por ejemplo, el de renovación del servicio de guardia, no financiado en la ley del año 2025, que se prevé cercano al 30%, "motivado principalmente por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas".

Y por el alza de las tarifas eléctricas, el déficit en este ítem "bordeará los 8 mil millones de pesos".

La Moneda no había entregado una respuesta formal hasta el cierre de esta edición, pero en la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó bajarle el perfil al tema luego de los fuertes cuestionamientos que realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, al recorte que sufrirá el Ministerio Público. "Hemos tenido problemas graves con Hacienda", admitió Valencia temprano, a lo que Tohá contestó que desde su cartera "no vamos a tener polémica con la Fiscalía. Los recortes están afectando a todo el Estado, se acordaron en el Congreso, se aprobaron transversalmente, y nosotros lejos de tener disputa con la Fiscalía, lo que tenemos es un trabajo conjunto"

Agregó que "nosotros, como todo el mundo, lamentamos cada vez que hay recortes en todas las instituciones, no solo en la Fiscalía. Hay recortes en el Ministerio de Transportes, hay recortes en el Ministerio de Obras Públicas, nosotros mismos como Ministerio del Interior tuvimos recortes. Los únicos que no tuvieron fueron las policías, por una parte, y algunas áreas del sector salud, por su sensibilidad". Finalmente, sinceró que "vamos en el camino a buscar maneras de recuperar eso".

La disminución del presupuesto destinado al Ministerio Público es de las cosas más sorprendentes de estos días. En una sociedad en la que, por múltiples causas, la infracción de la ley penal se hace frecuente y en la que el crimen amenaza convertirse en industria -con la racionalidad propia de una empresa capitalista solo que aplicada a la producción de delitos- la disminución de recursos destinados a las fiscalías es incomprensible.

Era difícil imaginar una mayor inconsistencia entre las urgencias sociales y las decisiones que esta.

Pero ¿tendrá alguna forma de justificarse o explicarse?

Veamos.

Desde luego, puede decirse que mientras los recursos destinados a las fiscalías disminuyen, aquellos destinados a las policía se mantienen. Y, podría continuar el argumento, como las policías son las que previenen el crimen e incluso, en los hechos, lo investigan en todos sus pormenores, el asunto no es tan grave. Después de todo, se podría concluir, lo que importa es la prevención del delito, impedir que ocurra o incluso reprimirlo si es necesario, de manera que, si fue necesario elegir, por decirlo así, entre un policía y un fiscal, la elección a favor del primero está plenamente justificada.

Ese argumento olvida, sin embargo, que quien aplica las penas y determina quién es responsable de qué, no es la policía, sino la justicia, y que para que esta última pueda obrar con legitimidad se requiere que el estado antes de ejercer la fuerza contra quien infringió la ley, sea que se trate de un ratero o de una empresa criminal, debe investigar y como consecuencia de ello proveer pruebas que satisfagan un alto estándar y argumentar esgrimiendo las razones que subyacen en las reglas.

Y todo eso lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público evita que el crimen quede impune, nada menos, y es la forma en que el estado, antes de ejercer la fuerza sobre una persona, justifica ante la ciudadanía que cuenta con legitimidad y con razones compartidas por todos para hacerlo. En otras palabras, el Ministerio Público hace posible que las penas penales se apliquen por parte de los jueces (los jueces son árbitros en la disputa entre los fiscales y la defensa) de manera que la severidad y la prontitud de la respuesta penal frente al delito depende de los fiscales que lo integran y la responsabilidad y prontitud con que ejerciten su quehacer. Pretender que el delito deba castigarse o perseguirse disminuyendo o debilitando el aparato de persecución penal es un grave error.

Una sociedad con policías fuertes y una fiscalía débil, debilita y aminora el castigo penal.

Nada se saca con reprimir o prevenir el delito en las calles si, al mismo tiempo, las organizaciones delictuales, tanto las que cometen delitos de violencia como las de cuello y corbata, incluidos los propios políticos que no pocas veces se apartan de la ley y la traicionan, no son llevadas a juicio. Llevar a juicio a quienes delinquen está ala base del estado de derecho porque es la muestra de que el estado no está dispuesto a tolerar que se infrinja la ley, ni por los ciudadanos, ni por él mismo puesto que se esmera en someterse a las máximas exigencias ante un juez imparcial antes de ejercer la coacción.

Lo propio del estado de derecho no es solo que existan reglas, sino la disposición del estado a someterse a ellas. Y como el rasgo más propio e íntimo del estado es la coacción, disminuir o debilitar el ministerio público, que es quien asegura que la coacción sea justificada y legítima, equivale objetivamente a poner al estado ante un dilema: o se resigna a disminuir la coacción estatal contra el crimen, o se ve puesto en la necesidad de ejercerla al margen de las reglas.

Y eso es lo que se ha olvidado o ha quedado en la penumbra del análisis cuando se ha decidido recortar, como sin mucha elegancia se ha dicho, el presupuesto del Ministerio Público sin advertir que al hacerlo se recorta también la capacidad del estado para sancionar el crimen.