"Tienen tanto afán de hacerle el coro al imperio que se olvidan de la realidad: desde agosto del año pasado la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación (…) todo esto por arrastrados a los gringos".
Canciller de Venezuela Yvan Gil — Por relaciones internacionales
— entre Chile y VenezuelaLa Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) dio a conocer los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando, la que llamó la atención por entregar resultados más o menos esperables, pero también contradictorios.
Según lo informado por el gremio, el objetivo del sondeo es conocer cómo la ciudadanía comprende y percibe el comercio informal, la piratería y el contrabando. Además, el estudio se enfocó en evaluar el grado de conocimiento que tienen las personas sobre el comercio ilegal, el contrabando y las sanciones aplicables.
Los resultados también permiten conocer la opinión general y el nivel de aceptación o rechazo hacia el comercio ambulante informal, el comercio ilícito y el contrabando, identificar las asociaciones del comercio ambulante e informal con otras problemáticas sociales, junto con analizar los hábitos de compra en el comercio ambulante y las categorías de productos adquiridos, además de medir la percepción sobre la necesidad de combatir el comercio ambulante informal y proponer soluciones.
Dentro de los resultados, hay algunos especialmente relevantes. Uno de los puntos que llama la atención en que no solo la mayoría de los encuestados reconoce los conceptos de comercio ilegal, ambulante informal y contrabando al ver sus definiciones, sino que, en el caso de los dos primeros, el reconocimiento aumenta con respecto al año anterior. Esto significa que hay mayor información sobre la temática.
Los resultados de la encuesta muestran que el precio y la conveniencia son atractivos, aunque la conciencia sobre la ilegalidad y la búsqueda de productos confiables juegan un papel fundamental en la decisión de compra. La respuesta a esta conducta podría ser una mayor fiscalización por parte de municipios o policía, que podrían reforzar que se trata de una conducta irregular y evitar que se siga aceptando el comercio ambulante no autorizado.
En la comisión de hacienda y luego en la sala de la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto que moderniza el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal y se fue a ley.
El efecto práctico del proyecto es liberar a los oficiales de tareas no investigativas, potenciando la investigación criminal y la implementación de estrategias innovadoras para reducir la victimización y la percepción de inseguridad.
En específico, el texto reencasilla a los Agentes Policiales o Agentes Policiales Superiores, que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ello, en el o los grados superiores que correspondan, por estricto orden de antigüedad, según el escalafón vigente a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. El proyecto se estructura a través de 3 artículos permanentes y 3 disposiciones transitorias donde se mejora el grado de entrada de los agentes policiales, del grado 18 al grado 17. Igualmente se incrementa la planta de apoyo general de la PDI desde 950 actuales a 4.022 cargos.
Este incremento será implementado conforme a la siguiente gradualidad: en el primer año de vigencia aumentará de 950 a 3.012 cargos (incremento de 2.062 cargos) y, en el noveno año, se incrementará a 4.022 cargos (incremento adicional de 1.010 cargos). Se crea un nuevo escalafón en la planta, correspondiente a Estudiante Agente Policial (en adelante, "AP estudiantes"), con 250 cargos, y se establece que serán designados mediante resolución de la Dirección General de la PDI. También se modifica el mecanismo de remuneración de los AP estudiantes, desde una contratación en modalidad de jornal a un pago del 25% del sueldo del grado 20 (sueldo base, rancho y movilización), posterior al descuento previsional y de desahucio correspondiente.
El proyecto también modifica el mecanismo de financiamiento del Centro de Capacitación Profesional (Cecapro), el centro de formación de asistentes policiales, para pasar de un financiamiento por reasignaciones presupuestarias a un financiamiento por estudiante, similar al de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile.
En este sentido, se establece que el Cecapro percibirá, mensualmente y por cada estudiante, un 75% del sueldo del grado 20 (sueldo base, rancho y movilización), posterior al descuento previsional y de desahucio correspondiente para solventar los gastos propios de cada estudiante. Además, se establece que el Cecapro recibirá una asignación mensual del 50% del sueldo base del grado 20.
Se establece el derecho a una pensión de retiro por invalidez para todos los aspirantes a oficiales policiales que se encuentren en formación tanto en la Escuela de Investigaciones Policiales como en el Cecapro y se incorpora como requisito para el aumento transitorio de plantas de un escalafón, siempre que existan vacantes en grados superiores o inferiores en el mismo escalafón o en otro, la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.
Finalmente el proyecto indica el procedimiento para implementar el reencasillamiento del personal de planta actual en grados superiores y en el nuevo grado 17, y también el encasillamiento en dicho grado al personal a contrata asimilada al grado 18.
Frank Sauerbaum,
Diputado por Ñuble.