La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que está "pensando seriamente" en plantear que se aplique la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, en medio de la ola de violencia criminal que golpea a su país.

"A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos", aseguró la mandataria durante la inauguración del año escolar en Perú.

Ante un auditorio conformado en su mayoría por niños, Boluarte enfatizó que su Gobierno no va "a permitir un muerto más, de un peruano o una peruana que honestamente trabaja".

La mandataria se expresó de esta manera, aunque sin mencionarlo directamente, al asesinato este domingo de Paul Flores, cantante del popular grupo de cumbia Armonía 10, cuyo autobús fue atacado con disparos de arma de fuego por desconocidos en Lima.

Esta muerte ha causado conmoción en Perú ante el avance de la ola de criminalidad y llevado a partidos políticos de diferentes tendencias a pedir la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al que acusan de incapacidad.

Ante las críticas que se hacen de su gestión, que según los sondeos recibe un mayoritario rechazo ciudadano, Boluarte afirmó que le pueden "inventar todo lo que quieran", pero nunca podrán acusarla "de recibir coimas, como han reconocido algunos corruptos que siguen libres".

"A los que me inventan historietas y mil falsedades le digo: no me van a amilanar jamás", enfatizó antes de pedir "que sigan hablando si desean", porque ella continuará "trabajando con la verdad".

La mandataria añadió que "se equivocan si creen" que la "van a tumbar esas fuerzas oscuras" y dijo que los miembros de su Gobierno están "firmes y dignos".

Estado de emergencia

Tras las declaraciones de la gobernante, el ministro de Educación peruano, Morgan Quero, dijo a los periodistas que la posible iniciativa para aplicar la pena de muerte será explicada próximamente con mayor detalle.

"En los próximos días seguro tendremos más información", remarcó antes de negar que se trate de "una medida populista" y considerar que, más bien, "es una medida muy sentida por la población".

La pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para los casos de traición a la patria, y después de que el país ratificara en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos que restringe ese castigo.

Estas declaraciones se dan un día después de que el Gobierno informara que declarará el estado de emergencia en las próximas horas en Lima Metropolitana y su vecina provincia de Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

El anuncio fue hecho por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en un mensaje publicado en la red social X, en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al país.

"Tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao", sostuvo el primer ministro.

Los rebeldes chiíes hutíes denunciaron un nuevo ataque lanzado ayer por Estados Unidos contra una zona costera del Yemen, después de una serie de acciones militares el pasado sábado en una operación a grande escala ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Una agresión estadounidense destruye la fábrica de hierro Al Habashi en el distrito de Al Salif con una serie de ataques aéreos" en la provincia de Al Hodeida, indicó la televisión Al Masirah, vocero de los insurgentes respaldados por Irán.

Esta nueva acción se produce en un día en el que los rebeldes han salido en un marcha en diferentes territorios que controlan, incluida la capital Saná, para denunciar los ataques de Washington que habían provocado hasta anoche la muerte de al menos 53 personas, dejando a otra 101 heridas de diversa gravedad, en su mayoría mujeres y niños.

Hasta el cierre de esta edición, Estados Unidos no había reaccionado ante esta información.

Desde Al Hodeida, principal puerto del Yemen junto a Salif, los hutíes habían lanzado ataques contra barcos israelíes y los vinculados a ellos en el marco de "apoyo" a los palestinos.

EE.UU. inició en la noche del sábado pasado una serie de ataques aéreos contra distintas ciudades controladas por los hutíes en el norte y el centro del Yemen, así como en Saná.

Esas acciones militares responden a una orden del presidente estadounidense después de que los hutíes aseguraran esta semana que reanudarán sus operaciones militares en los mares Rojo y Arábigo.

"nuevo sheriff"

El movimiento insurgente yemení ha lanzado cientos de ataques contra Israel, así como contra la navegación comercial en los mares Rojo y Arábigo, desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Trump, cuya administración clasifica como grupo terrorista a los hutíes, también advirtió a Irán de que ponga fin a su apoyo a los rebeldes yemeníes, y prometió el "infierno" a los "terroristas hutíes" si no detienen su amenaza a la navegación internacional.

De hecho, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, llamó ayer a Donald Trump "el nuevo sheriff de la ciudad" y dijo que "nuestro mensaje a Irán es que es mejor que se tome en serio a este presidente. Y creo que los hutíes lo han aprendido por las malas este pasado fin de semana". "El mundo está oficialmente sobre aviso. Estados Unidos tiene un comandante en jefe cuyo enfoque de paz a través de la fuerza es inquebrantable y no debe ponerse a prueba", añadió.

Al cierre de esta edición, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ea los hutíes de Yemen que no interrumpan "la libre navegación en el mar Rojo" y también reiteró su "preocupación" por los bombardeos de Estados Unidos contra varios objetivos en zonas bajo control hutí.

Profesores, rectores y personal no docente de las universidades públicas de Argentina iniciaron ayer una huelga de 48 horas en reclamo por un ajuste salarial y anunciaron, además, que se sumarán a las protestas de los jubilados mañana.

La medida de fuerza fue presentada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a varios sindicatos de las casas de altos estudios con recursos estatales.

Los reclamos responden a la falta de actualización de los presupuestos, a una pérdida acumulada en 2024 de los salarios frente a la inflación y a la pretensión del Gobierno de ajuste salarial del 1 % mensual (en el último mes la tasa ha sido del 2,4%).

"No tenemos presupuesto universitario por la decisión política del Gobierno nacional de no debatirlo en el Congreso. Esto significa que se manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior, lo cual no solamente implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial que teníamos sino la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos", dijo el viernes Federico Montero, secretario de Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

Los reclamos no son solo salariales: la comunidad universitaria también denuncia un ajuste en los programas y becas para estudiantes y recortes en las áreas de investigación de ciencia y tecnología.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conformado por rectores y rectoras de todas las universidades nacionales argentinas, aseguró en un comunicado que "los recursos que se destinan al funcionamiento apenas alcanzan un 50% para el 2025".

Los sindicatos también anticiparon que se sumarán mañana a la movilización de apoyo a los jubilados para apoyar sus reclamos ante el Congreso.

La marcha de los jubilados del miércoles pasado fue reprimida por la policía, con casi 50 heridos -uno de gravedad- y más de 100 detenidos.